Martes, 21 de Enero 2020
México | La Corte está por resolver amparo

Hacienda y el SAT no quieren pagar agua

Los dos órganos impugnaron las medidas que se establecieron en Nuevo León y en Sinaloa para cobrarles el agua que usan en sus instalaciones

Por: SUN

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que son los órganos encargados de cobrar y vigilar el pago de impuestos, promovieron dos juicios de amparo, que están por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para no pagar el servicio de agua potable y alcantarillado.

Los dos órganos impugnaron las medidas que se establecieron en Nuevo León y en Sinaloa para cobrarles el agua que usan en sus instalaciones, así como la cuota correspondiente al mantenimiento del drenaje, porque consideran que al ser instancias que operan con bienes inmuebles del dominio público están exentas del pago de este tipo de servicios.

De ganar estos juicios, Hacienda y el SAT establecerán un precedente que serviría para que todos los inmuebles que usan las dependencias del Gobierno federal, de los tres poderes, dejen de pagar el agua potable que consumen y el mantenimiento del alcantarillado, que son servicios que cobran los municipios y las entidades.

Y las posibilidades de ganar de Hacienda y el SAT son amplias, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es decir el máximo representante de los dos órganos cúpula del Poder Judicial, ha promovido juicios similares para no pagar el agua potable y el servicio de alcantarillado, que se emplean en las instalaciones de la propia Corte y en los juzgados y tribunales federales.

En otras palabras, los mismos servicios que buscan dejar de pagar Hacienda y el SAT también han sido impugnados por el titular de máximo tribunal del país.
De ahí que el mismo criterio que aplique el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los juicios de la Secretaría de Hacienda y del SAT será el que aplicará para resolver los juicios que involucran a la propia Corte y al Consejo de la Judicatura.

Y si Hacienda y el SAT son declaradas exentas de pagar el agua tampoco la pagarán la Corte y Consejo, y después todos los inmuebles que usen los tres poderes de la Federación.

Ganan primera instancia

Los juicios de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria fueron colocados en la lista de asuntos prioritarios a resolver por la Corte antes de que termine el actual periodo de sesiones, en julio próximo.

La historia de estos juicios es larga. Son de los más rezagados en el alto tribunal. Pero en esencia su trayecto se reduce a lo siguiente:
En 2003, el Gobierno de Nuevo León publicó las tarifas a cobrar por el uso de agua y por el servicio de drenaje en la ciudad de Monterrey y su zona conurbada, en la que señalaba que las dependencias del Gobierno federal no estaban exentas de dicho pago.

Inconformes con dichas medidas, Hacienda y el SAT las impugnaron porque, en su opinión, resultaban inconstitucionales, “pues al señalar que una dependencia federal --que opera con bienes inmuebles del dominio público de la Federación-- tiene que pagar los derechos por el servicio de agua potable y drenaje, se desconoce lo señalado en el artículo 115, fracción IV, inciso c) de la Constitución, en el sentido de que este tipo de bienes tienen un régimen fiscal especial, que es de no causación de estas contribuciones”.

En un primer momento, el caso lo vio el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Nuevo León y de ahí el asunto pasó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ubicado en Nuevo León, en donde dicho órgano judicial determinó amparar a Hacienda y al SAT para que no pagaran el agua y el mantenimiento del drenaje.

En contra de esa medida, el área de Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey, promovió un recurso de revisión, bajo el argumento de que en el artículo 115 se exime a las dependencias federales del pago de algunos impuestos, como el predial, pero no del uso de servicios como el del agua y alcantarillado, por lo que el asunto llegó a la Corte. (El Universal)


En Sinaloa, un caso similar
Exenciones


Algo similar ocurrió con el segundo caso, en donde el SAT impugnó el artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, en el que se estableció: “Queda prohibido el otorgamiento de exenciones por cuanto al pago de las tarifas y cuotas por los servicios que prestan las juntas, ya se trate de particulares, dependencias federales, estatales o municipales, paraestatales o paramunicipales, instituciones educativas o de asistencia pública o privadas”.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Sinaloa analizó primero la impugnación y después el caso fue revisado por un tribunal colegiado con sede en Culiacán, Sinaloa, el cual, el 14 de febrero de 2008, también amparó al SAT para que no pagara el uso del agua y el mantenimiento del alcantarillado.
Y al igual que ocurrió en el caso de Monterrey, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán pidió que el asunto lo revisara la Corte. (ElUniversal)

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