Fernández de Cevallos, amigo de la polémica

El político mexicano ha sido diputado, candidato presidencial y senador por el Partido Acción Nacional (PAN). Es licenciado en Derecho por la UNAM, nació en 1941 en la Ciudad de México y estudió la secundaria y preparatoria en el Instituto de Ciencias de Guadalajara, Jalisco.

Forma parte de las filas del PAN desde 1959. Se ha distinguido por seguir una línea conservadora. Formó parte de la LV Legislatura en la Cámara de Diputados y del Senado de 2000 a 2006. En 1994 fue candidato a la presidencia de México, perdió las elecciones ante Ernesto Zedillo Ponce de León.

Es conocido como “El Jefe Diego”, por fuerte liderazgo que ejerció como coordinador parlamentario. Se le describe con carácter temperamental, destacado orador y debatiente.

Continuó ejerciendo su profesión de abogado en su despacho particular, como litigante y consultor en las áreas de Derecho Penal, Civil, Mercantil, Bursátil y Agrario.

Carlos Navarrete, el coordinador del PRI en el Senado, llegó a afirmar que en el Gobierno federal le tienen miedo a Diego Fernández de Cevallos, no por ser un buen abogado sino por el gran número de contactos en la Suprema Corte, en los tribunales, en el medio político y empresarial. “El Jefe Diego” ha sido acusado de tráfico de influencias por diversos personajes.

En 2007 se propuso una reforma constitucional para prohibir que los legisladores litiguen en contra del Estado, popularmente se le conoció como “La ley Anti Diego”. La reforma al artículo 62 constitucional y a la Ley Orgánica del Congreso, intentaba impedir que personas ligadas a la política y a las esferas gubernamentales, pudiesen litigar en despachos privados para evitar así el tráfico de influencias.

Carlos Ahumada ligó a Cevallos con Carlos Salinas de Gortari en el libro Derecho a Réplica. El “Jefe Diego” rechazó que hubiera tenido relación alguna con Salinas de Gortari para coordinar la estrategia de difusión de los videos que involucraron en actos de corrupción a funcionarios del Gobierno del Distrito Federal y militantes perredistas, como dijo en su obra el empresario nacionalizado mexicano.

En junio de año pasado, el ex senador panista Fernández de Cevallos y el ex procurador Antonio Lozano Gracia obtuvieron un amparo en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que implicaría la paralización de labores del puerto de Altamira, Tamaulipas, o el desembolso de más de mil 500 millones de pesos del erario.

“Siempre se nos acusa de defender a los ricos y ahora se nos acusa cuando defendemos a los pobres. Hay que pegarnos un tiro”, dijo en ese entonces Fernández de Cevallos.

“Los nogales del Jefe Diego” levantaron polémica en noviembre de 2009, cuando una empresa trasplantó al menos una docena de estos árboles, que eran propiedad de una familia de bajos recursos, a la hacienda “La Barranca” que cuenta con más de 50 habitaciones, iglesia propia y 15 caballerizas, y es propiedad del panista.

Los juicios multimillonarios son un distintivo de los casos que litiga Diego Fernández. Uno de los más cuantiosos se trata del juicio en el que un cliente le ganó a Banamex, en dos instancias, mil 462 millones de pesos, que, se estima, por el tiempo que ha durado el juicio y por las actualizaciones e intereses a las que se condenó al banco, ascendió a más de 87 mil millones de pesos.

Otro de los conocidos casos fue la devolución de mil 800 millones de pesos por concepto de IVA y IEPS a la empresa mexicana Jugos del Valle en 2000.

“Carretera del amor”

En 2005, el panista prestó maquinaria pesada para la ampliación de la carretera que une a los municipios de Tepatitlán y Arandas, en los Altos de Jalisco. La “carretera del amor” tuvo un costo de 334 millones de pesos, el préstamo de “El Jefe” Diego representó un ahorro de 32 millones de pesos.

Andrés Manuel López Obrador llegó a señalar: “Durante el sexenio de Salinas y dos días antes de que terminara la administración de Francisco Ruiz Massieu, el Gobierno del Estado de Guerrero le concedió la propiedad de 55 mil 418 metros cuadrados de un terreno en la zona turística conocida como Punta Diamante del puerto de Acapulco” y durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón ha ganado juicios en contra de las Secretarías de Reforma Agraria y de Comunicaciones y Transportes por tres mil millones de pesos.

Se apunta que Diego Fernández fue quien convenció a sus compañeros de quemar las boletas electorales de la elección presidencial de 1988.

Recuento

Secuestros de personajes públicos


* Alfredo Harp Helú, en 1994 fue privado de su libertad por integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) disfrazados de militares.

Después de 106 días de cautiverio y el pago de un rescate estimado en 30 millones de dólares, el banquero, primo hermano de Carlos Slim y uno de los hombres más ricos del mundo, fue liberado.

* Ernestina Sodi y Laura Zapata no se imaginaron la pesadilla que vivirían el 22 de octubre de 2002 poco después de salir del teatro San Rafael. Las hermanas de la actriz y cantante Thalía fueron secuestradas y puestas en libertad por separado.

Laura regresó a su casa 19 días después del plagio, mientras que Ernestina lo hizo un mes después.

* El empresario Hugo Alberto Wallace Miranda desapareció el 11 de julio de 2005. Su caso “saltó a los medios de comunicación” debido a que su madre, Isabel Miranda, se dio a la tarea de investigar el secuestro de éste ante la ineficiencia de las autoridades, y hasta el momento no ha parado.

* “Hoy sabemos que Silvia está con Dios”. Esta frase confirmaba la muerte de Silvia Vargas Escalera, hija del ex titular de Conade, Nelson Vargas.

La joven fue plagiada el 10 de septiembre de 2007 cuando se dirigía de su casa hacia el colegio Alexander Bain en las Águilas y pese a que la familia llegó a un acuerdo con los plagiarios, nunca tuvieron respuesta de su paradero hasta un año más tarde.

* Alejandro Martí fue plagiado el 4 de junio de 2008 cuando iba a la escuela y aunque la familia pagó el rescate exigido por sus captores (cinco millones de pesos), el cuerpo del adolescente de 14 años fue encontrado en la cajuela de un auto en la delegación Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

En 2009, el empresario Alejandro Martí, padre del menor, creó la asociación SOS para denunciar los casos de impunidad y solicitar celeridad en la procuración de justicia y seguridad.