Extreman pruebas de confianza en el INM

CIUDAD DE MÉXICO (16/MAY/2011).- El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que los funcionarios tendrán que someterse a pruebas sicológicas, controles de consumo de drogas y al detector de mentiras para combatir la corrupción que ha afectado a la institución.

El titular del Instituto, Salvador Beltrán del Río, informó en conferencia de prensa que 40 agentes son investigados por casos relacionados con derechos humanos y otros abusos.

Añadió que la agencia comenzará a rotar a los funcionarios en las regiones clave.

Las medidas fueron adoptadas después del despido de siete altos funcionarios de inmigración ocurrida el jueves pasado, acusados de etregar a inmigrantes centroamericanos a los grupos del crimen organizado en Tamaulipas.

Beltrán del Río afirmó que no cuenta con precisión de porqué son investigados cada uno de los siete delegados removidos, pero adelantó que está por determinarse un límite de estancia en el cargo para delegados regionales, subdelegados regionales y locales, entre otros puestos para evitar que pierdan el entusiasmo y la dedicación.

“No tenemos esa información, con esa precisión (cuántos relacionados con el crimen organizado o tráfico de personas). El INM está en un proceso de rotación de personal, desde que llegué al cargo, en una de las primeras reuniones, el secretario (Francisco) Blake me insistía mucho con la rotación.

El funcionario afirmó que la renovación es sana, “si alguien lleva mucho tiempo al frente de una delegación se pierde el entusiasmo y la dedicación que se requiere es parte de este proceso de renovación”.

Agregó que fijarán un límite de estancia para delegados y subdelegados regionales y locales, en los más 180 puntos del país y los aeropuertos “para que conozcan otro tipo de actividades”.

También aclaró que los operativos realizados por el INM se mantendrán con el acompañamiento de autoridades militares para evitar el ataque de delincuentes contra el personal del organismo o de los propios migrantes. 

Por otro lado, el diputado Juan Carlos López Fernández, aseguró que la recién aprobada Ley de Migración es perfectible y deberá reformarse para sancionar actos de corrupción.

El también presidente de la Comisión Especial de Atención de los Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados, defendió el marco legal que incluye sanciones a los miembros del INM que incurran en delitos. Recordó que la legislación obliga a garantizar y proporcionar a los migrantes, atención adecuada en cuanto a salud y educación, “lo que significa que a ningún extranjero que transite por México se le puede negar este tipo de servicios”.

Lo que sigue

En los próximos 20 meses, el Instituto Nacional de Migración evaluará a aproximadamente mil  500 funcionarios.

Se realizarán exámenes de sangre y toxicológico y evaluación de capacidades.

Los resultados se cruzarán con la información de los niveles de vida, sueldo y su estudio socioeconómico de los agentes.

Los exámenes iniciarán la próxima semana en Tamaulipas, Veracruz y Chiapas.

Las evaluaciones incluyen pruebas médico-toxicológicas, sicológicas, de polígrafo e investigación de antecedentes y situación socioeconómica.

Estas pruebas proporcionarán elementos para sancionar a los funcionarios que incurran en prácticas irregulares, que violen los derechos humanos o contra quienes mantienen vínculos con la delincuencia organizada.

Dos agentes de la estación migratoria de Tapachula y un subdelegado en Ciudad Cuauhtémoc son investigados por la PGR acusados de prostituir a adolescentes centroamericanas.

Lamentan papel de delegados
Lo que ocurre en Tamaulipas es una vergüenza para el país: Iglesia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Iglesia Católica externó su preocupación y vergüenza por los indocumentados centroamericanos que cruzan por México y de algunos otros países que son víctimas de redes de criminales y de propias autoridades migratorias que los extorsionan a cambio de permitirles llegar a la frontera.

La editorial del semanario católico “Desde la Fe” advierte que se ha llegado a situaciones verdaderamente carentes de todo sentido de humanidad con aquellos delincuentes que secuestran grupos enteros de indocumentados para extorsionar a sus familiares o quitarles la vida con crueldad y sangre fría.

“Los ejemplos de Tamaulipas son ya una vergüenza nacional de la que nunca hablaremos lo suficiente”.

“Hemos llegado al colmo: las propias autoridades mexicanas encargadas de poner orden al tránsito de indocumentados, se han convertido en el primer eslabón del crimen organizado: los detienen, los secuestran y ellos mismos los venden a los grupos criminales”.

Asimismo, la editorial del semanario de la Arquidiócesis Primada de México se pregunta ¿cuándo se pondrán en la cárcel a los malos servidores públicos para mostrar el cumplimiento de la ley?