Exigen proteger a defensores de derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO.- Human Rights Watch y diversas organizaciones internacionales enviaron una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para exigir al Gobierno mexicano que garantice la seguridad de 107 defensores de derechos humanos y sus familias en Guerrero, que siguen siendo objeto de amenazas y ataques a pesar de que existe una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se tomen medidas precautorias y se les asigne vigilancia.

De acuerdo con la misiva, entre las acciones a las que estaría obligado el Gobierno están la prestación de teléfonos celulares y satelitales a algunos de los beneficiarios, así como protección policiaca dos veces al día a través de visitas; sin embargo, denuncian que “hasta la fecha la única medida que el Gobierno ha aplicado plenamente es la distribución de seis teléfonos celulares y dos teléfonos por satélite para los 107 beneficiarios”, y algunos de ellos ni siquiera funcionan.

El documento dirigido a Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, señala así la preocupación de Human Rights Watch, Latin America Working Group Education Fund y la Washington Office on Latin America, ante lo que consideran el incumplimiento del Gobierno mexicano para poner un alto a las amenazas contra los activistas en Guerrero y la falta de investigaciones para ubicar y castigar a los responsables.

Por ello, señalan que “las organizaciones internacionales que firman esta carta respetuosamente instamos a que apliquen de inmediato las medidas de seguridad necesarias para garantizar que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades libremente y con seguridad”.

Recordaron al embajador Gómez Robledo que la CIDH “establece claramente la obligación de México para proteger a los defensores de los derechos humanos en Guerrero, cuando se otorgó la condición de las medidas provisionales a favor de 107 defensores y sus familias que viven en la Entidad”.

En abril de este año la Corte estableció que estas personas parecían estar "en un contexto extremadamente grave y en una situación urgente, dado que sus vidas y su integridad física se vería amenazada y en grave riesgo."

La resolución de la CIDH también tomó en cuenta que los cuerpos de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, dos defensores de los derechos humanos que habían sido presuntamente secuestrados por la Policía Ministerial de Guerrero, en febrero de 2009, aparecieron varios días después con signos visibles de tortura.

“Sin embargo, el Gobierno no ha podido aplicar adecuadamente las medidas de seguridad básicas de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, una organización no gubernamental con sede en Guerrero”, indica la carta que denuncia además que el Estado no ha logrado ni siquiera proporcionar la protección policiaca que prometió, como en el caso de Margarita Martín de las Nieves --viuda de Ponce Rosas-- quien fue víctima de un nuevo ataque armado el 24 de junio pasado.


Reclaman sustituir a militares
Abusos en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigieron la sustitución del Ejército en labores de combate al crimen organizado, ante las crecientes presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.

Los senadores Lázaro Mazón, Rubén Velázquez y José Luis Máximo García Zalvidea pidieron que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Gobierno de Guerrero, encabezado por el perredista Zeferino Torreblanca Galindo, para que gestione la sustitución de los miembros de las Fuerzas Armadas por una acción conjunta entre la Policía Federal y la Estatal, en los operativos para la prevención y persecución de delitos cometidos por el crimen organizado.

El objetivo es que "se restablezca la tranquilidad ciudadana estatal lo más pronto posible".
Los legisladores relataron una serie de hechos en los que presumen violaciones a los derechos humanos de ciudadanos.

"El pasado sábado 20 de junio, aproximadamente a las 10:30 de la noche (22:30 horas), nuevamente se llevó a cabo un terrible atentado en contra de civiles inocentes en un retén militar con más de 30 soldados. Estos hechos indignantes sucedieron en la carretera federal que comunica a Tlapa con Puebla, a menos de dos kilómetros de Huamuxtitlán. Los reportes indican que un chofer de autobús de la línea Sur fue detenido por los militares por más de 15 minutos".

Los senadores sostuvieron que la inspección "es detenida abruptamente cuando uno de los soldados nota que un indígena está usando botas tipo militar. El jefe del retén permite que el autobús siga, pero siempre que el pasajero de las botas se quede, ya que su calzado no es de uso civil y constituye un delito".

El conductor del autobús, Francisco Pizano, y otros pasajeros, pidieron al militar firmar un documento para dejar constancia que el Ejército "tiene al indígena, para justificar su ausencia ante la empresa".

Los legisladores señalaron que "alrededor de las 10:50 de la noche (22:50 horas), después de una larga discusión en la que al conductor del autobús se le ordena retirarse, con un silbido, un militar le ordena detenerse siendo obviamente ignorado, sin embargo a más de 100 metros el grupo armado dispara metralletas, los disparos dieron en la carrocería del autobús y en el cuello de Porfirio Rubio Villegas, un indígena de Tlapa, quien murió al instante".
Los militares, añadieron los senadores, ordenaron detener a Francisco Pizano y a otra persona identificada como Porfirio Rubio, sin explicar el motivo de su detención y las pocas versiones oficiales se contradicen.

"Lo más sorprendente es que días después, al volver a revisar el camión, estando en la terminal de Huamuxtitlán, un soldado, un agente del Ministerio Público y uno de la Policía Federal Preventiva encuentran unos paquetes envueltos en cinta canela a simple vista, como se describe en la averiguación ZAR/02038/2009".

Según los senadores perredistas ya hay una larga serie de acciones militares emprendidas últimamente en Guerrero que "perjudican el Estado de derecho y la libertad de la población civil”.