Dos años, el plazo máximo para implementar el Mando Único

GUADALAJARA, JALISCO (16/DIC/2014).- Los gobernadores de los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, al tratarse de entidades que tienen la “mayor urgencia”, deberán asumir el mando de las policías municipales; por ello, la iniciativa de reforma constitucional plantea que se establezca un régimen de transición expedito para las entidades a partir del día siguiente a su entrada en vigor.

En esos estados, “la transición deberá concluir en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor”, dice el documento oficial de la iniciativa. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que una vez aprobada la reforma, llevará entre un año y medio o dos implementar la primera fase del Mando Único en las cuatro entidades con mayores problemas.

“Las policías municipales no han sido una opción institucional viable para atender las necesidades de seguridad en el país. En su mayoría carecen de recursos humanos y materiales suficientes para desarrollar correctamente sus funciones”, justifica así la reducción de la participación municipal que se encargarán sólo del diseño y ejecución de políticas públicas de prevención de los delitos.

Prohíbe, a su vez, que los estados celebren convenios de adjudicación de funciones o servicios con los municipios, en materia de seguridad pública. Ante esto, especialistas consultados piden reconsiderar la implantación de un mismo esquema para todos los municipios. Llaman también a resolver sus debilidades.

“La iniciativa tiene un pobrísimo diagnóstico de la situación de las policías en el país. De nada servirá para disminuir los delitos de alto impacto y la infiltración del crimen si no se atienden a las policías estatales y ministeriales”, valora Guillermo Valdés Castellanos, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Antes de que el Estado asuma el mando policial, Valdés Castellanos hace un llamado a depurar no sólo a las policías locales sino también a la estatal, de lo contrario, “el problema de ineficacia y corrupción será mayor. Todos los defectos de una policía corrupta municipal los vas a convertir en los defectos de la estatal”.

Para el investigador Leonardo Curzio, el modelo debe privilegiar mucho más la concertación y cooperación, en lugar de concentrar y absorber burocráticamente: “Se acabarán los tiempos de los pretextos. Los gobernadores tendrán una presión directa para dar resultados en muy poco tiempo”.

“Pareciera una solución muy práctica a los problemas de gobernabilidad y confianza en los cuerpos policiacos, sin embargo, no atiende los problemas que afectan a la ciudadanía, los que no están relacionados con la delincuencia organizada”, aporta José José Antonio Caballero Juárez, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El académico duda que el mando único sea la solución más viable para disminuir los delitos de alto impacto.

“Puede haber muchas fórmulas, no tiene que ser la única”, agrega el comisionado de seguridad pública en el Estado, Alejandro Solorio Aréchiga.

En tanto, la diputada federal Margarita Licea González ve difícil que la iniciativa pueda aprobarse en un periodo extraordinario.

FRASES

"Plantear la posibilidad de desaparecer los poderes municipales como una política de Estado resulta riesgoso "

Zoé Robledo, Senador

"Con los mismos argumentos con los que problematizan a la policía municipal podrían cancelar todas las estatales "

Guillermo Valdés, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)

"En este momento, tal y cómo está (la iniciativa), es posible que los municipios recurran a la Suprema Corte para controvertir el Mando Único "

Margarita Licea, legisladora federal

ALCALDES EN DESACUERDO
Promueven se aplique sólo para algunos

Muchas son las voces que se han manifestado en contra de que el Mando Único se extienda a todos los municipios del país. La Asociación Nacional de Alcaldes es una de ellas. Defiende que el Mando Único se instaure en casos excepcionales y no de manera generalizada en todas las entidades.

El extitular del Cisen, Guillermo Valdés, coincide en que la iniciativa debe tomar en cuenta las realidades tan diversas y opuestas de los municipios. “Tienes municipios donde no existen policías, otros donde hay muy buenas, pero también muy malas corporaciones. Hay que dejar las buenas, y eliminar y depurar las malas”.

“No existe un modelo universal para todo el país. No creo que la concentración en un Mando Único sea la mejor idea, habría que repensar si en determinadas circunstancias sea efectivamente el mejor esquema a aplicar”, estima el analista Leonardo Curzio.

Afirma que al no tener el mismo desafío, no sería útil homologarlas. “No es lo mismo una policía de un municipio tranquilo de Yucatán que una de Tamaulipas”.

José Antonio Caballero Juárez, investigador del CIDE y de la UNAM, remata: “No debería de aplicar el mando único para todos. El esquema debe distinguir las capacidades municipales de unos y de otros, lo que no se contempla en este momento”.

“Tenemos muchísimos tipos de municipios, la capacidad operativa de Guadalajara no tiene punto de comparación con uno pequeño de Oaxaca”, ejemplifica.

Según la exposición de motivos para la reforma policial, existen en el país 600 municipios que, por razones de carácter político o presupuestal, no cuentan con una corporación policial propia. Alrededor de mil 800 fuerzas policíacas municipales representan solamente 32% del total de la fuerza policial en el país.

Advierte que 86% de las corporaciones locales cuentan con menos de 100 elementos. Mientras que sólo 14 de los 31 estados tienen cuerpos de seguridad en todos sus municipios, “lo que pone de manifiesto la falta de cobertura de estas fuerzas y su carencia estructural para hacerse cargo de las tareas de seguridad pública en todo el territorio”.

A esto se suma el bajo nivel educativo del personal policial: 3% carece de la educación básica, 11.9% tiene educación básica y 52.0% cuenta únicamente con educación media. En lo que refiere a la percepción salarial, cuatro de cada 10 policías municipales percibe un sueldo base mensual menor a cuatro mil 600 pesos y menos del 4% percibe un sueldo superior a los 12 mil pesos.

FRASES

"No existe un modelo universal para todo el país. No creo que en todos los casos la concentración en un Mando Único sea la mejor idea "

Leonardo Curzio, analista político

"Nosotros ya llevamos trabajo caminando en el sentido de la formación de la Fuerza Única. Esto ha funcionado en Jalisco, ha dado excelentes resultados "

Alejandro Solorio, Comisionado de Seguridad Pública de Jalisco

NUMERALIA
Radiografía de la seguridad municipal

137,416 elementos de policía municipal destinados a la seguridad pública.

86% de las policías municipales del país tiene menos de 100 elementos.

600 municipios no cuentan con corporación de seguridad propia.

14 de los 31 estados tienen cuerpos policiales en todos sus municipios.

20 corporaciones municipales concentran el 25% del total de policías municipales.

80% (110,222) de los policías percibe un salario mensual inferior a 10 mil pesos.

16,694 elementos de la policía municipal no tienen estudios o alcanzan el nivel primaria; 72 mil 690 cuentan con secundaria; 40 mil 503 cursaron la preparatoria; cuatro mil 226 alcanzó a estudiar una licenciatura.

Fuente: Asociación Nacional de Alcades.

MUNICIPIOS PAGARÁN
Desconocen cuánto costará la transición policial

A pesar de que la reforma propone que la seguridad pública pase a ser un servicio a cargo del gobernador del Estado, su costo será sostenido por las arcas municipales.

“Los recursos de los ayuntamientos derivados (...) Deberán ser integrados al presupuesto estatal; de igual forma, los recursos materiales y financieros que los municipios destinen a la seguridad pública deberán ser transferidos al gobierno estatal”, asume la iniciativa presidencial.

Argumenta que la arquitectura institucional propuesta permitirá emplear de mejor manera los recursos públicos destinados hoy para las policías.

Sin embargo, ni la comisión de Hacienda del Congreso de la Unión, a nivel federal; ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), conocen el costo que implicará la transición al mando único.

“No tenemos claro cómo va a ser el manejo presupuestal. Estamos esperando información pero esperamos que todo este proceso sea con cargo al Gobierno Federal y no al estatal”, admitió el titular de la Sepaf, Héctor Pérez Partida.

La integrante de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, Margarita Licea, reconoció que no hay un cálculo del costo de la absorción de 12 mil elementos municipales. “Supongo que tendría que duplicarse el recurso que maneja para seguridad el Gobierno del Estado”.

Sugiere acompañar la reforma de una política financiera: “Quizás se tendrán que hacer transferencias de otras partidas federales porque lo que ya no quisiéramos es que el gobierno se endeude”.

Especialistas coinciden en que los municipios no tendrían que pagar por un servicio que dejarán de ofrecer, lo que incluso, podría prestarse para que presenten una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN).

Esta medida, a decir del especialista en derecho constitucional de la UNAM, César Astudillo Reyes, “si ya no tendrán la atribución sobre la seguridad, será difícil que paguen por algo de lo que no son responsables”.

“Es una injusticia que además de entregar todas sus fuerzas policiacas, tengan además que pagarle al Gobierno del Estado por la seguridad”, estima el ex director del Cisen, Guillermo Valdés.

Coincide el analista Leonardo Curzio: “Si les van a quitar a los alcaldes el mando de la fuerza, no veo por qué el costo deba quedar en los presupuestos municipales. Los presupuestos estatales tendrían que asumirlo”.

EL DATO
Gasto

Para 2015, el presupuesto federal para equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial asciende a dos mil 759 millones de pesos.

GUÍA
Paso a paso de la iniciativa de Peña Nieto

— ¿Qué se pretende con las modificaciones?

— Establecer un Mando Único policial a nivel estatal; la posibilidad de que la Federación asuma las funciones municipales, cuando éstas se encuentren infiltradas por el crimen organizado.

— ¿Cómo se dará la coordinación?

— La iniciativa faculta al Congreso para expedir leyes que determinen la concurrencia de la Federación y entidades federativas en materia de seguridad pública; y establece un modelo de cooperación en el que las autoridades locales pueden conocer de delitos federales y viceversa.

— ¿Cómo se reduce el papel de los ayuntamientos?

— Participarán únicamente en el diseño y ejecución de políticas públicas de prevención no policial de los delitos. Las funciones de tránsito que corresponden actualmente a los municipios pasan a ser una competencia de los estados.

— ¿Quién asumirá el costo de la operación del Mando Único?

— Los recursos municipales derivados de las participaciones, aportaciones y subsidios federales en materia de seguridad pública deberán ser integrados al presupuesto estatal; de igual forma, los recursos materiales y financieros que destinen a la seguridad pública deberán ser transferidos al Estado.

— ¿Cómo se dará la transición?

— Los estados estarán obligados a presentar un plan estratégico de transición que contenga una evaluación detallada de la situación que guarda cada corporación policial. Durante el periodo de transición, los gobernadores podrán asumir el mando de las policías en casos de alteración del orden o fuerza mayor, o en aquellos en los que el Gobernador considere que la situación lo amerita.

— ¿Cómo se dará la transición en Jalisco, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas?

— Para estos estados se establece un régimen de transición expedito, y a partir de la entrada en vigor del decreto, los gobernadores podrán asumir el mando de las policías locales.

— ¿Cómo estarán homologadas las 32 policías estatales?

— Se emitirán lineamientos para la homologación en sus niveles de selección, ingreso, permanencia, formación, remuneración mínima, régimen disciplinario, protocolos de actuación, operación y equipamiento.

Infiltración del crimen evita controversias

El proyecto de iniciativa de reforma establece la posibilidad de que la Federación asuma total o parcialmente las funciones municipales, cuando éstas se encuentren infiltradas por el crimen organizado. Ante tal escenario los ayuntamientos estarían indefensos, pues la reforma prevé que en estos casos “no procederá la controversia constitucional a efecto de no judicializar las razones que llevan a la intervención de los ayuntamientos”.

Sin embargo, el proyecto no establece mecanismos para definir los alcances de esta intervención, y evitar así discrecionalidad.

Tampoco aborda la forma en que se estarían fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales posteriormente, lo que ha levantado reacciones en contra.

La propia Asociación Nacional de Alcaldes ha expresado los peligros de una potencial invasión a la autonomía municipal pretextando casos de infiltración del crimen organizado.

“En principio se puede prestar a abusos pero tendría que ser muy clara la legislación reglamentaria”, calcula Guillermo Valdés, del Cisen.

Leonardo Curzio se manifiesta en contra de la improcedencia de controversias constitucionales en este caso. “Sería contrario al espíritu de un federalismo, los municipios deben tener todo el derecho a impugnar ciertas decisiones”.

Coincide el investigador de la UNAM, César Astudillo: “Cualquier sistema democrático te permite ir a los tribunales a controvertir una decisión que te puede afectar. Frente a un acto de esta naturaleza, los municipios no tendrían ningún mecanismo de defensa”.

¿Las consecuencias? “La figura podría utilizarse políticamente, que la federación decida intervenir en algunos municipios importantes desde el punto de vista poblacional, económico y partidista, sin que haya indicios suficientes”, responde el experto.

Combate a mafias italianas, ejemplo para México

La iniciativa presidencial pone como ejemplo el caso de Italia, país que desde julio de 1991 aprobó una ley que otorga al gobierno central la facultad de suspender o incluso disolver las municipalidades en caso de que se presuma que existen relaciones directas o indirectas de la administración municipal, ya sea a nivel político o administrativo, con los grupos del crimen organizado.

El documento cita que, entre 1991 y 2011, se verificaron 217 disoluciones en gobiernos municipales de Calabria, Sicilia, Apulia, Campania, Lazio, Piemonte, Liguria y Basilicata. En ese lapso, 97% de los procedimientos fueron validados.

Pero lo que no menciona es que las juntas municipales intervenidas tienen el derecho a ampararse al decreto presidencial ante el tribunal administrativo.

Pero, ¿Cómo procedería la desaparición de poderes locales en México? El Fiscal General de la República deberá comunicar al Secretario de Gobernación la existencia de “indicios suficientes” para considerar que hay una infiltración en la administración o ejecución de servicios públicos municipales.

De considerarlo procedente, solicitarán conjuntamente la aprobación de la Cámara de Senadores, para que la Federación asuma temporalmente las funciones.

Se prevé que en caso de ser necesaria la adjudicación total de las funciones, las legislaturas estatales convoquen a elecciones en los términos que disponga la legislación local.

En el país europeo, por el contrario, la disolución del gobierno local es emprendida por el representante local del Ministerio del Interior, con la conformación de una comisión investigadora independiente.

LA CIFRA

137,000 Policías municipales laboran en las corporaciones del país.

13% de los policías municipales sometidos a exámenes no cumple con el perfil para el servicio.

52% de los policías municipales en el país cuenta con educación de nivel medio.



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