Diputados celebran nuevas reglas para decomisos

CIUDAD DE MÉXICO (04/JUN/2010).- Diputados federales de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional celebraron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN), de avalar que los Ministerios Públicos puedan adjudicar directamente al fisco los bienes-inmuebles decomisados a la delincuencia organizada, pues es una manera eficaz de atacar su estructura financiera.

El presidente de la comisión de Defensa Nacional de la Cámara baja, el priísta Ardelio Vargas dijo que la resolución de la Corte es una especie de extinción de dominio que agilizará el embargo de bienes.

"La violencia derivada de la actividad criminal no sólo es de policías, soldados y ministerios públicos, sino que implica un trabajo coordinado de las instancias del Estado para que cumplan con la responsabilidad que les corresponde", dijo.

Aseguró que en el corto plazo, el gobierno federal y la secretaría de Hacienda deberán regular y reglamentar la transferencia de bienes asegurados, ya que en caso de recursos económicos, éstos se reparten conforme a la ley, en partes iguales para salud, poder Judicial y procuración de justicia.

Por el PAN, el secretario de la comisión de Justicia en San Lázaro, Oscar Martín Arce dijo que era prioritario que los bienes asegurados a la delincuencia organizada pasen a manos del gobierno federal, ya que servirá para resarcir una parte del daño que han hecho a la sociedad civil.

"Es una tendencia que ya se venía realizando con la Ley de Extinción de Dominio, ahora con el proyecto de la minuta de ley antisecuestro; yo siento que esto debe ser una constante en todas las ramas de la lucha contra el crimen organizado. Lo que podamos decomisar y a su vez rematar o utilizar bienes del narco, serviría para paliar o resarcir, en una parte, el daño que le han hecho a la sociedad civil. Yo creo que es acertada la decisión de la Corte", dijo.

Explicó que los gobiernos estatales también deben avanzar en sus leyes en materia de extinción de dominio, por lo que la resolución de la Suprema Corte debe ser extensiva a las autoridades estatales y municipales.