Desapariciones en México, nadie sabe nada, el factor común

GUADALAJARA, JALISCO (07/NOV/2014).- La familia de Antonio Reynoso Hernández lo busca desde hace más de un año, es uno de los más de dos mil desaparecidos en Jalisco, pero a él se lo llevaron policías estatales; hay testigos, una denuncia, una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ningún resultado.

Mayra, la madre de Antonio, reconstruye el relato que ha repetido una y otra vez ante autoridades, sicólogos, visitadores, activistas, periodistas o cualquiera que esté dispuesto a escuchar.

El 30 de agosto de 2013, alrededor de las 19 horas, un convoy de policías estatales llegó a la colonia Balcones de Santa María, en Tlaquepaque, para hacer un operativo contra el robo de autos; entraron por la fuerza a una fiesta infantil, acabaron con la reunión, esposaron a varios hombres, se llevaron sólo a cinco, entre ellos a Antonio, que había llevado a su hija al festejo.

Mayra vio cuando se llevaban a Antonio, regresaba a casa cuando observó las patrullas estatales, sin placas y con los números de serie tapados; dice que lo vio golpeado y sangrando de la frente, que se acercó a preguntar por qué lo habían arrestado, adónde se lo llevarían.

Los policías le cerraron el paso, no la dejaron acercarse, sólo dijeron que se lo llevaban porque había estado en una riña; los uniformados le taparon la cara a los detenidos con sus propias camisetas y los subieron a las patrullas.

Mayra corrió a su casa a buscar el teléfono de un abogado, pero al llegar vio que varios policías habían irrumpido en ella y se llevaban algunas de sus pertenencias.

La familia comenzó la búsqueda del joven de 24 años, que estaba desempleado y quería estudiar para ser cocinero; en ninguna dependencia ni hospital lo encontraron, pero no se cansaron de preguntar y así supieron que, al parecer, uno de los detenidos pagó para que los policías lo soltaran y que otros tres fueron a dar al penal de Puente Grande, acusados por robo de vehículos.

''Uno ya salió libre y otros dos siguen presos'', dice Mayra cuando se le pregunta por ellos. A la pregunta ''¿Y ellos qué dicen sobre su hijo?'', responde ''uno de ellos relata que a mi hijo lo golpearon hasta que perdió el conocimiento, que luego los policías le dieron cachetadas para reanimarlo, pero no pudieron''.

La Fiscalía del Estado reconoce la movilización en la colonia Balcones de Santa María, pero asegura que se trató de una persecución ocurrida el 31 de agosto y que sólo fueron arrestados Cándido Daniel López Rodríguez, Mariano López Rodríguez y Víctor Israel Luna Díaz, consignados por robo de autos.

El 1 de septiembre de 2013, los familiares de Antonio interpusieron una denuncia por desaparición, pero en el Ministerio Público no quisieron asentar que unos policías se lo habían llevado.

''Me dijeron que no podían poner que estaban involucrados los policías, nueve días después me dejaron ampliar la denuncia y quedó asentado todo; también fui a Derechos Humanos para interponer la queja y ahí me dijeron que mi hijo no estaba en ninguna dependencia, que lo buscara por otro lado'', señaló Mayra.

En la averiguación previa 269/2013, los seis policías que han declarado sostienen que Antonio no fue detenido y que en la persecución del 31 de agosto varios sujetos lograron escapar, por lo que la autoridad intenta cerrar el caso con la hipótesis de que está prófugo.

El caos de las cifras

El 21 de agosto pasado, la Procuraduría General de la República ( PGR) y la Secretaría de Gobernación informaron que tras depurar las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDPED) creado en 2011, en todo el país hay 22 mil 322 personas cuyo paradero se desconoce.

Según esos datos, dos mil 113 casos se registran en Jalisco, lo que coloca a la entidad en segundo lugar a nivel nacional, tan sólo por debajo de Tamaulipas, que presenta cuatro mil 875 casos.

Sin embargo, en el portal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizado hasta junio pasado, el número de desaparecidos en Jalisco es un poco menor, pues suma dos mil 41 personas.

En tanto, los registros de la Fiscalía del Estado, que sólo se pueden consultar por transparencia, son dispares, pues mientras la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía General del Estado) reportaba que entre 2006 y 2011 habían desaparecido 3 mil 719 personas, la actual administración tiene un registro de 2 mil 200 casos durante el mismo periodo.

La organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) tiene contacto con 200 familias de desaparecidos en la entidad, pero según sus estimaciones, cuatro de cada 10 de estos casos no han sido denunciados, ya que los familiares de las víctimas sienten desconfianza de las autoridades.

Por su parte, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) lleva sus propias cuentas y afirma que hasta la fecha, entre los desaparecidos en la entidad existen al menos 770 estudiantes, de los cuales 60 por ciento son mujeres.

Minimizan el problema

Casi un mes después de la desaparición de Daniela Magaña Castellanos, estudiante de la Preparatoria Regional de la Universidad de Guadalajara en el municipio de Zapotiltic de la que nada se sabe desde el 12 de septiembre pasado, el fiscal del estado, Luis Carlos Nájera, acudió ante el Congreso de Jalisco a comparecer por la situación de la seguridad en la entidad y declaró: ''en el caso de mujeres de las que se desconoce su paradero, la mayoría de ellas se sustrae de sus domicilios por problemas familiares''.

El hecho fue considerado por organizaciones y activistas como muestra de insensibilidad del fiscal ante un problema grave en el estado.

Tanto el Observatorio Nacional del Feminicidio como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) solicitaron una reunión con el fiscal ante esta situación, pues consideraron que lo dicho por Nájera denotaba la falta de cuidado hacia las familias de los desaparecidos y la carencia de protocolos de investigación en las desapariciones, en especial de las mujeres.

En la reunión, las organizaciones solicitaron a la fiscalía información sobre los números de consignados por desapariciones en Jalisco y los de casos resueltos, el tipo de protocolos usados en estas investigaciones, cuántas personas de la Fiscalía se han capacitado para estas investigaciones, cómo y quién proporciona información a familias de las víctimas, qué atención se brinda a los familiares y con qué banco de ADN cuenta la Fiscalía. Las respuestas aún no llegan.

Mientras la autoridad brinda una respuesta, familiares de desaparecidos comienzan a organizarse y con el apoyo de la Universidad de Durham, en Inglaterra, intentan echar a andar el proyecto Gobernanza Forense Ciudadana, con el que buscan crear un banco de ADN que pueda compararse con el de las personas halladas en las distintas fosas clandestinas que aparecen en el país.