Denuncia y riesgo

El Gobierno federal ha insistido siempre en que los ciudadanos denunciemos los delitos de los que seamos víctimas, así como movimientos sospechosos que pasen a nuestro alrededor y que podrían ser propios del crimen organizado. Recientemente, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, recomendó que perdamos el miedo para hacer denuncias anónimas como ingrediente esencial de la estrategia contra el crimen y la inseguridad. Se puede coincidir con dicha afirmación; con denuncias públicas se podría avanzar significativamente contra la delincuencia organizada, o no. Pero, a su vez, eso requiere de algo que no prevalece en nuestra sociedad: confianza en las instituciones públicas, policías, procuración de justicia, jueces y tribunales. No hay dicha confianza porque tales instituciones están profundamente corrompidas; son ineficaces, torpes, negligentes y altamente penetradas o cooptadas por el crimen organizado.

La disfuncionalidad mexicana se refleja como fiel espejo en los casos de las activistas Isabel Miranda de Wallace y Marisela Escobedo, que corrieron con suerte diversa. Ante la ineficacia o desdén de policías y ministerios públicos, decidieron hacer una investigación particular para encontrar a los asesinos de sus respectivos hijos (Hugo y Rubí). En el caso de Hugo Wallace, había sido víctima de secuestro, cercenado después con una sierra eléctrica. No puede aún saberse con certeza si se trató de negligencia policial o colusión con los secuestradores; la banda de secuestradores era dirigida por un ex policía, César Freire.

El caso de Marisela Escobedo es parecido, pero con desenlace más trágico; hubo de descubrir al asesino de su hija ante la ineficacia policial, que resultó ser el marido de la víctima, Sergio Barraza. Una vez aprehendido, Barraza se confesó culpable del horrendo crimen. Sin embargo, los jueces que lo juzgaron no lo consideraron así, provocando la reacción de la señora Escobedo, quien exigió la justicia que la “justicia” mexicana le denegó. Detectó el paradero del asesino en Fresnillo, Zacatecas, pero el gobierno de Chihuahua no actuó, alegando “vaguedad” en la información (buen pretexto para no hacer nada).

La señora Escobedo protestaba frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua cuando fue asesinada justo ahí. Había recibido amenazas de muerte por los familiares de Barraza, lo que provocó que exclamara: “Si me van a asesinar, que sea frente al Palacio de Gobierno, para que les dé vergüenza”. Pero vergüenza es lo que menos les da. El Gobierno había proporcionado una “protección discreta”, tan discreta que no sirvió de nada; murió la activista y escaparon los asesinos.

Ahora el Gobierno dice que procesará a los jueces que dejaron ir a Sergio Barraza. ¿Hubo de morir la señora Escobedo para ello? Sí. La pregunta inevitable es: ¿Cómo ganar una guerra contra el crimen —organizado y no— con un sistema policial, ministerial y de justicia tan ineficaz y corrupto como el mexicano? La respuesta es obvia: no puede ganarse… aunque, en su obcecación, no quiera verlo Felipe Calderón.