Débil, vínculo de Yarrington en ''lavado'' de dinero: abogado

CIUDAD DE MÉXICO (25/MAY/2012).-  La investigación que llevan a cabo dos cortes de Texas contra Tomás Yarrington, sobre la adquisición de inmuebles con dinero procedente del narcotráfico es débil, de acuerdo a Joel M. Androphy, abogado del ex gobernador de Tamaulipas.

En entrevista con Carmen Aristegui, el litigante afirmó que la denuncia sólo se incluye el nombre de Yarrington en una demanda civil que no tiene, hasta el momento, ninguna consecuencia legal.

“Sólo la declaración ante la DEA de un empresario ferretero, de nombre Napoleón Rodríguez, quien habría mencionado a Yarrington como el verdadero dueño de dos inmuebles investigados, sería el vínculo entre el ex gobernador priista y el empresario tamaulipeco Fernando Alejandro Cano Martínez, este último, principal objeto de la investigación y actualmente prófugo de la justicia”.

Sin embargo, un agente relacionado con la investigación dijo el miércoles que la indagatoria no sólo está basada en las declaraciones de testigos protegidos, “tenemos evidencias documentales legales”.

El abogado recordó que Yarrington no tiene orden de aprehensión. También dijo que no sabe dónde está. “No tengo la menor idea, no lo estamos buscando”.

La vocera de la Fiscalía del Distrito Sur, Ángela Toch, que es la que hace directamente la demanda, confirmó que se trata de una orden civil para confiscar dos bienes presuntamente propiedad de Yarrington, que habrían sido adquiridos con dinero del narcotráfico.

Androphy dice que el condominio en Bridgepoint en la isla de South Padre no es propiedad de Yarrington. “Alguien está alegando que esa propiedad fue adquirida con dineros provenientes de actos de corrupción pero no es propiedad de Yarrington. No vive ahí, no tiene conexión con la propiedad”.

Afirmó que el ex gobernador no tiene que defenderse en este caso porque no es su propiedad. “El Gobierno de Estados Unidos lo que hace es confiscar el inmueble sospechoso y quien quiera presentar un reclamo está libre de hacerlo”. El abogado asegura que no van a impugnar esa confiscación porque no es propiedad de Yarrington. “No hay nada que reclamar y los alegatos son falsos y son los que difundieron todos estos rumores”.

El Gobierno también confiscó un terreno de 18 hectáreas ubicado en el condado de Bexar, San Antonio, y que de acuerdo a la investigación, Yarrington compró a través de Fernando Alejandro Cano Martínez.

Cano Martínez ha obtenido contratos y concesiones en la administración pública federal por más de 843 millones de pesos.

En los últimos cinco años, el empresario obtuvo permisos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes Federales, la Administración Portuaria Integral de Altamira y la Comisión Nacional del Agua, a través de las empresas Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C.V., así como Gifer, S.A. de C.V.

Los convenios firmados en los estados de Tamaulipas y Zacatecas incluyen trabajos de pavimentación, obras de drenaje y colocación de señales, así como la construcción de puentes de libramiento.

Entre la suspensión y la expulsión

Tras la investigación en su contra, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se desvinculo de él y analizan suspenderlo. En el artículo 225 de los estatutos del tricolor, el apartado cuatro dice que un militante podrá ser suspendido “por encontrarse sujeto a proceso penal, en el caso de delitos dolosos. La suspensión durará en tanto se dicte la sentencia definitiva al inculpado”.

En caso de que se le dicte sentencia, el PRI podría recurrir al artículo 227, en el apartado 10, donde consigna que será acreedor a la expulsión del partido por “cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones públicas que se tengan encomendadas”.

CLAVES
El entramado jurídico

1  En 1998 comenzó la investigación sobre “lavado” de dinero, entre empresarios presuntamente vinculados con el cártel del Golfo.

2  La indagatoria revela que el cártel del Golfo utilizaba sobornos para la realización de su actividad ilícita. Los sobornos eran pagados directamente a los altos funcionarios de elección popular, a candidatos que buscaban esos cargos y a sus respectivos aliados. En 1998 Tomás Yarrington era secretario de Hacienda del Gobierno de Tamaulipas.

3  La cifra exacta de los sobornos es desconocida, pero se estima que la suma podría acercarse a “millones de dólares”.

4  El personaje central es el empresario tamaulipeco Fernando Alejandro Cano Martínez, quien utilizaba los recursos para comprar bienes inmuebles a través de empresas “fantasma”.

5  En el expediente se registran al menos 25 movimientos financieros, entre compra de bienes inmuebles, terrenos, préstamos bancarios, todo a través de empresas que no existían.

FUENTE: Revisión del expediente D-12435.

EL PASADO LOS CONDENA

Humberto Moreira. Cuando juró como gobernador la deuda de Coahuila era de 323 millones de pesos; cuando dejó el cargo el Estado debía 34 mil millones. Fue líder nacional del PRI, pero dimitió al cargo por la presión en su contra.

Manuel Cavazos Lerma. El ex gobernador de Tamaulipas (1993-1999) es oinvestigado por la PGR por su presunta participación en el asesinato del candidato priista a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú.

Eugenio Hernández Flores. También es investigado la PGR por el crimen de Torre Cantú. Su nombre aparece tras un interrogatorio a Antonio Peña Argüelles, detenido en Texas, quien era el vínculo entre narcotraficantes y políticos.

Mario Villanueva Madrid. El ex gobernador de Quintana Roo fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2010, acusado de narcotráfico. El ex mandatario colaboraba con el cártel de Juárez, entonces liderado por Amado Carrillo Fuentes.

Arturo Montiel Rojas. El ex gobernador del Estado de México es señalado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Una fiscalía especial lo investigó, pero no pudieron acreditar los delitos.

Sócrates Rizzo. El ex gobernador de Coahuila afirmó  en febrero pasado que la violencia en el país se disparó porque desaparecieron los pactos entre los gobiernos federales priistas y los cárteles.

Mario Marín Torres. El ex mandatario poblano, mejor conocido como el “Góber precioso”, llamó la atención al ser conocida su relación con el empresario Kamel Nacif, señalado por pederastia, y por ordenar la detención ilegal de la perdiodista Lydia Cacho.

Javier Villareal. El ex tesorero del gobierno de Humberto Moreira tiene orden de aprehensión en México por enriquecimiento ilícito. Su fortuna se estima en 30 millones de dólares. Tres veces más que la del presidente Barack Obama. Está prófugo.

Ulises Ruiz Ortiz. El ex gobernador de Oaxaca es señalado por haber reprimido violentamente un movimiento social en 2006, y en el que 26 personas murieron. El sacerdote Alejandro Solalinde le acusa además de solapar el tráfico de inmigrantes.