Consideran sano debatir sobre la pena de muerte

CIUDAD DE MÉXICO.- El derecho internacional prohíbe que en México se pueda aplicar la pena de muerte para secuestradores, sostuvo Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien señaló que esta sanción jamás ha demostrado su eficacia para reducir los índices delictivos en los países en los que se utiliza.

En entrevista, el diplomático consideró que en un país democrático como México es sano el debate sobre este tema —en etapa de análisis en la Cámara de Diputados—; sin embargo, recordó que el Gobierno federal ha suscrito su adhesión a tratados internacionales que prohibirían, otra vez, la inclusión de esta figura jurídica en la legislación.

Gómez Robledo ha sido pieza clave en la defensa de mexicanos condenados a pena de muerte en Estados Unidos, al ser uno de los principales promotores del llamado Caso Avena, el procedimiento que México inició en enero de 2003 contra el Gobierno estadounidense, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para hacer valer violaciones del derecho de información sobre asistencia consular de 52 mexicanos bajo pena de muerte en ese país.

El 31 de marzo de 2004, la Corte confirmó “la vigencia y la plena obligatoriedad del derecho de toda persona detenida a ser informada, sin dilación, sobre su derecho a la asistencia consular”, y determinó que hubo una violación por parte de Estados Unidos a sus obligaciones internacionales respecto de dichos derechos, en los casos de los mexicanos condenados a muerte.
(El Universal)

FICHA TÉCNICA

Mexicanos que se salvaron del castigo capital

De los 51 connacionales incluidos en el Caso Avena, las sentencias capitales de ocho de ellos han sido conmutadas por distintas razones:

-- Osvaldo Torres Aguilera.
-- Rafael Camargo Ojeda.
-- Martín Raúl Soto Fong en Arizona, por decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos que declaró inconstitucional la aplicación de la pena de muerte a menores de edad.
-- Osvaldo Regalado Soriano.
-- Juan Caballero Hernández en Illinois.
-- Mario Flores Urbán.
-- Gabriel Solache Romero.
-- Daniel Ángel Plata Estrada en Texas. La Suprema Corte estadounidense declaró inconstitucional la aplicación de la pena de muerte a personas con retraso mental

FUENTE: Secretaría de Relaciones Exteriores