Conmueve el asesinato de tres miembros de la familia Reyes

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA (26/FEB/2011).- Luego de que la Fiscalía General de Chihuahua corroborara que los tres cuerpos hallados a unos kilómetros del poblado de Guadalupe Distritos Bravos corresponden a Elías y Magdalena Reyes Salazar y Luisa Ornelas Soto —familiares de la activista Josefina Reyes Salazar, asesinada en enero del 2010—, Amnistía Internacional (AI), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se mostraron en contra de la violencia que persigue a la familia Reyes Salazar.

Amnistía Internacional exigió una vez más al Gobierno de México que brinde protección inmediata al resto de la familia y se investiguen los asesinatos contra los parientes de la activista, pues hasta el momento no existen resultados sobre los responsables de esta persecución criminal.

Carlos González, vocero de la Fiscalía, confirmó la identidad de las tres personas, luego de distintos operativos en el Valle de Juárez tras su desaparición desde el pasado 7 de febrero.

El reclamo de AI motivó en un primer momento un plantón de familiares y organizaciones civiles frente a la Fiscalía General de Chihuahua, que al no recibir respuesta a sus demandas de justicia, ocasionó su traslado a las inmediaciones del Senado de la República, en la Ciudad de México.

“Resulta evidente que la familia Reyes se encuentra en peligro ya que cinco miembros de la familia y la esposa de uno de los fallecidos han muerto de manera brutal.

 La principal prioridad de las autoridades mexicanas debe ser el garantizar la seguridad del resto de la familia”, sostuvo Susan Lee, directora del Programa de América para Amnistía Internacional.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó también al Estado mexicano medidas de protección para la familia y pidió que se haga una investigación pronta y eficaz.

Así mismo, Javier Hernández Valencia, representante en México de la ONU, dijo que el patrón de violencia ejercida en contra de la familia es indignante y señaló que eso se explica por la impunidad que prevalece en este caso desde enero del 2010 cuando también murió asesinada la activista Josefina Reyes.

De igual manera las bancadas en la Cámara de Diputados pidieron la protección institucional de Sara Salazar.

Sara Salazar —la madre de las víctimas—, Maricela y Claudia Reyes iniciaron una campaña por que se haga  justicia en el asesinato de sus hijos y pidieron la inmediata renuncia del subprocurador Jorge González Nicolás, “quien es el responsable directo” de la muerte de sus familiares, por no haber garantizado la vida y la seguridad de la familia.

TELÓN DE FONDO
Una historia trágica

En 2009 Julio César Reyes murió asesinado. Su madre, Josefina Reyes Salazar, acusó en su momento a militares y a partir de entonces denunció los hechos y comenzó su activismo en favor de los derechos humanos y contra la violencia y la muerte de su hijo.

Posteriormente, el 21 de agosto de 2009 el hermano de Josefina, Miguel Ángel, de 26 años, fue detenido acusado de delincuencia organizada, junto a José Rodolfo Escajeda, “El Rikín”.

Después de tres días de que Josefina mantuvo una huelga de hambre, Miguel Ángel fue liberado, pero posteriormente fue aprehendido de nuevo. Luego de esto, Josefina denunció amenazas en su contra, por lo que dejó temporalmente el municipio de Guadalupe, Distrito Bravos, al sureste de Ciudad Juárez.

Poco después regresó y fundó el Comité de Derechos Humanos del Valle de Juárez.

Finalmente, el 3 de enero de 2010 Josefina fue asesinada dentro de su negocio de venta de barbacoa. En agosto de 2010, su hermano Rubén, panadero de oficio, fue ejecutado.

A partir de ahí, el activismo recayó en Marisela y Claudia Reyes Salazar, hermanas de Josefina. El 9 de febrero, Marisela y Claudia iniciaron una huelga de hambre donde denunciaron el “levantón” de sus hermanos Malena y Elías Reyes Salazar, así como de la esposa de éste, Luisa Ornelas Soto.

El objetivo de la protesta era simple: exigir la aparición con vida de sus hermanos. Posteriormente, trasladaron su protesta al Senado de la República, en la ciudad de México.