Condenan a México por ‘‘guerra sucia’’

SAN JOSÉ, GUERRERO.- El organismo internacional ordenó al Estado mexicano realizar una investigación sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en 1974, así como el pago de 238 mil 300 dólares de indemnización.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a México por violar los derechos de un líder comunitario desaparecido forzosamente en la década de 1970, en la conclusión del primer juicio contra el país por un caso ocurrido durante la llamada “guerra sucia’’.

En un fallo divulgado ayer, el tribunal ordenó al Estado mexicano a conducir con diligencia una investigación y a continuar con la búsqueda efectiva y localización de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en un retén militar del Estado de Guerrero el 25 de agosto de 1974 y cuyo caso ha sido considerado por organizaciones civiles como paradigmático de la represión oficial contra miembros de grupos insurgentes y sus simpatizantes.

La CIDH también condenó a México a pagar un total de 238 mil 300 dólares por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costos y gastos del juicio.

Además, el Estado mexicano deberá realizar un acto público en el que reconozca su responsabilidad y para desagraviar la memoria de Radilla, además de que tendrá que llevar a cabo reformas legislativas para hacer compatibles sus leyes con los estándares internacionales en materia de desaparición forzada de personas.

La Corte concluyó que el Estado mexicano violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida de Radilla, además de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus hijos Tita, Andrea y Rosendo.

‘‘El Estado deberá continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales’’.

La Secretaría de Gobernación (Segob), que durante la audiencia pública del caso consideró que el tribunal no debía juzgar al país por un caso ocurrido hace 35 años, informó que acatará la sentencia.

‘‘El Gobierno de México llevará a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia de ese órgano jurisdiccional’’, señaló en un comunicado.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México documentó en el 2001 la desaparición forzada de 275 personas, aunque organizaciones civiles han dicho que la cifra supera las mil 200, de las cuales más de 400 ocurrieron sólo en Atoyac, el lugar de origen de Radilla.

El ex presidente Vicente Fox (2000-2006) creó una fiscalía especial para investigar crímenes del pasado como el asesinato de guerrilleros, aunque un día antes de dejar el poder la clausuró.

Gobierno mexicano acatará la sentencia

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco es “definitivo e inapelable”, expresó mediante un comunicado la Secretaría de Gobernación.

La dependencia agregó que analiza la reparación del daño “para promover las reformas necesarias para su armonización con tratados y convenciones internacionales en la materia”.

Gobernación se comprometió a acatar los ordenamientos de la CIDH de pagar una indemnización de 238 mil 300 dólares a la familia del activista comunitario desaparecido en los años 70 y realizar un acto público en el que reconozca su responsabilidad y para desagraviar la memoria de Radilla.

“Se está analizando el marco jurídico en materia de reparación del daño”, según se lee en el comunicado.

En derechos humanos ‘‘nos hemos reformado’’

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Fernando Gómez-Mont afirmó que la promoción y protección de los derechos humanos es una directriz central del actual Estado mexicano, por lo que “hoy no venimos a justificar acciones ilegales, sino a demostrar que nos hemos reformado”.

Tras emitirse la sentencia del caso por la desaparición forzosa de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue privado de su libertad el 25 de agosto de 1974, Gómez Mont subrayó que no se puede juzgar a México con los parámetros de hace 35 años, porque “actualmente, contamos con un marco jurídico e institucional que permite procesar casos trágicos, como el que es materia de este procedimiento”.

En un comunicado emitido por la Segob se establece que como parte del procedimiento, la audiencia pública del caso de Radilla Pacheco, se llevó a cabo el 7 de julio de 2009 en San José de Costa Rica, donde Gómez Mont encabezó la delegación mexicana.

En dicha audiencia, el titular de Gobernación aseveró que es obligación del Estado mexicano garantizar legal e institucionalmente la no repetición de esos hechos, retribuir en la medida de lo posible el daño ocasionado a los agraviados, “porque nuestra responsabilidad histórica así lo exige”.

Subraya que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 (PNDH) incluye estrategias para impulsar reformas a la legislación secundaria federal, especialmente una Ley sobre Desaparición Forzada de Personas consistente con los estándares internacionales.

“Gobernación está analizando el marco jurídico en materia de reparación del daño para promover las reformas necesarias para su armonización con tratados y convenciones internacionales en la materia”.

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es definitivo e inapelable en cumplimiento con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte desde 1981.

Justicia, a 35 años

La nueva sentencia se registra a sólo cinco días de que la CIDH anunciara que México recibió la primera condena por asesinatos y desapariciones de mujeres ocurridos desde 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y declarara que el Estado es culpable de un triple crimen de mexicanas en 2001 en esa región, por lo que le impuso sanciones legales, morales y económicas.

Rosendo Radilla Pacheco fue dirigente campesino en Atoyac, donde Lucio Cabañas y Genaro Vázquez laboraron como maestros en la década de 1970 y luego se convirtieron en jefes de la guerrilla en Guerrero. Rosendo Radilla Martínez, hijo de la víctima, negó que su padre fuera guerrillero y adujo, en una de las comparecencias públicas, que la “dictadura” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo consideraba un enemigo.