Citan a testigos a favor de Jonás Larrazabal

CIUDAD DE MÉXICO (21/OCT/2011).- El Juez Segundo de lo Penal con sede en Monterrey aceptó ocho pruebas de descargo a favor de Manuel Jonás Larrazabal; quien se encuentra recluido en la cárcel municipal de San Nicolás de los Garza ante las amenazas de muerte recibidas de ser internado por las autoridades estatales en cualquiera de los penales estatales de Nuevo León.

De acuerdo con versiones del juzgador; se aceptaron ocho pruebas testimoniales por parte de la defensa del hermano del alcalde de Monterrey, quien enfrenta cargos por chantaje en contra de Sergio Gil García; quien lo acusa de exigirle al menos 400 mil pesos para permitir presuntamente que Casino RED operara de manera irregular.

Entre las testimoniales que la defensa solicitó se encuentra la comparecencia de Miguel Larrazábal Bretón, hermano del inculpado y de su amigo, Miguel Ángel Morales Zárate; quienes deberán viajar desde Oaxaca a Monterrey para presentarse ante el Juez Segundo; de lo contrario podrían hacerse acreedores a una multa.

Del mismo modo se contempla la comparecencia a partir de este lunes, en punto de las 08:00 horas, del contador del casino Red, Fernando Gómez Ramírez; Norma Idalia Contreras Montes de Oca, secretaria de Desarrollo Urbano de Monterrey; Erika Valdez Serrano, esposa del propietario de dicho casino; así como Mayra Alejandra Cavazos Calvillo, quien es socia de Sergio Gil; su apoderado legal, Víctor Aldo García Gómez; y el representante legal de la empresa denominada Móvil Dipsa.

El juez aceptó el desahogo de cinco pruebas documentales, entre las que destaca un oficio al titular del Servicio de Administración Tributaria y Administración Local de Monterrey, para que proporcione datos sobre las declaraciones fiscales del año 2010 que presentó el casino Red y un documental privado del representante legal del banco Santander, para que informe si existe cuenta en alguna sucursal a nombre del casino Red, entre otras.

La defensa de Jonás Larrazábal, insiste en que se desahogue la pericial de documentoscopía a fin de que un perito de su confianza analice las fotografías y videos que se anexaron a la averiguación en las cuales aparece el momento en que supuestamente dieron uno de los mencionados pagos, así como una pericial de contabilidad para que dictamine ingresos, egresos y gastos del casino Red, de acuerdo al programa que se tenía instalado en el negocio en el transcurso del 12 al 15 de abril.

Sin embargo, tras el desahogo de pruebas el juez cuenta con 24 horas, para determinar la situación legal del hermano del Alcalde Regiomontano; ya que el próximo martes 25 de octubre deberá determinar si se dicta auto de formal prisión o auto de libertad.

NL rechaza trato especial a Jonás Larrazabal        

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz,  rechazó dar un trato especial al hermano del alcalde de Monterrey, quien enfrenta un proceso penal por chantaje y que en lugar de ser recluido en el Penal de Cadereyta; fue confinado a la cárcel municipal de San Nicolás de los Garza.

El mandatario neoleonés, aseguró que el gobierno del estado no mantiene relación alguna con el proceso legal que se le sigue en el juzgado segundo de lo penal a Manuel Jonás Larrazábal Bretón; y que su estancia en la cárcel nicolaíta es una prerrogativa que obtuvo gracias a su defensa.

En Nuevo León, al menos 48 internos han muerto en circunstancias extrañas; algunos colgados, a golpes, por heridas de armas punzocortantes, incinerados y uno más, a balazos, cuando un visitante ingresó un arma al Penal del Topo Chico ante el beneplácito de los celadores y vigilantes.

Ante esta situación, la defensa de Larrazabal Bretón solicitó que el proceso penal fuera seguido en prisión, pero en la de Nuevo León, ya que existían amenazas de muerte en contra del hermano del alcalde de Monterrey.

"Eso no es un tema en el que participe el Gobierno del Estado quiero aclarar; es un tema que resolvió el Poder Judicial del Estado y es una petición que se hizo al poder Judicial del Estado de Nuevo León, no a la procuraduría ni al Gobernador, ni a ningún funcionario del Gobierno del Estado", indicó.

De acuerdo con el mandatario, en este proceso en especial, el Gobierno ni la procuraduría fabrican expedientes ni delitos; y cada persona obtiene las prerrogativas que la Ley le confiere al estar inmersas en un proceso legal.

"Son derechos que se plantearon por parte del inculpado, y fue una prerrogativa que autorizó el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, no el Gobierno del Estado de Nuevo León. Nosotros aplicamos la Ley; la Procuraduría no fabrica expedientes ni delitos", formalizó el Mandatario neoleonés.