Calderón garantiza protección a activistas

CIUDAD DE MÉXICO (07/JUL/2011).- El Presidente Felipe Calderón firmó un acuerdo para la protección de los defensores de los derechos humanos en México, aunque el decreto no especifica las medidas cautelares y administrativas cuando los promotores civiles de garantías se encuentren en situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad y les impida desplegar de manera ordinaria su labor.

Como testigo del acuerdo, Navy Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exhortó a Calderón en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos a que “este mecanismo se establezca sin mayor demora con el involucramiento dinámico de la sociedad civil”.  

El Estado tiene el deber de establecer las “medidas necesarias para proteger las actividades que despliegan los defensores y las defensoras de los derechos humanos ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad”, dice el documento.

En México, de enero de 2005 a mayo de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha registrado 523 expedientes relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos de defensores de las garantías fundamentales. Además, en el mismo periodo se han documentado 27 denuncias de asesinatos de este tipo de luchadores sociales.

De acuerdo con el Informe especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, las comisiones estatales que reportaron un mayor número de quejas fueron la de Jalisco con 97, la del Distrito Federal con 46, la de Chiapas con 44, la de Oaxaca con 36 y la de Chihuahua con 28.

Calderón y Pillay se reunieron en privado antes de la ceremonia pública que incluso atrasó media hora el acto oficial, donde por vez primera Los Pinos utilizó los servicios de traducción a señas para personas con discapacidad auditiva.

El acuerdo prevé “mecanismos de protección” de defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas bajo el mando de la Secretaría de Gobernación (Segob), apoyada en las dependencias y entidades de la administración pública federal y la Procuraduría General de la República (PGR).