Asesinan en Culiacán a una activista que buscaba a su hijo

CIUDAD DE MÉXICO (13/MAY/2014).- Sandra Luz Hernández, del grupo de Madres con Hijos Desaparecidos, fue asesinada de al menos 15 disparos en la colonia Benito Juárez, en Culiacán.

La mujer se había reunido con autoridades estatales momentos antes, pues su hijo, quien trabajaba en la Procuraduría estatal y desapareció el 12 de febrero de 2011, mientras que sus presuntos plagiarios habían sido liberados.

El reporte de las autoridades indica que la activista, de 50 años, caminaba por la calle Constitución y 30 de Septiembre alrededor de las 16:00 horas cuando fue atacada por un sujeto que le disparó en 15 ocasiones con una nueve milímetros.

En febrero pasado, el diario Noroeste entrevistó a Sandra Luz. Dijo que había identificado a los delincuentes que se llevaron a su hijo y que ellos declararon en la Procuraduría del Estado ocho meses atrás, y quedaron libres.

“Yo no dejo de buscar ni un solo día, ni un solo día, todos los días. Ésa es mi meta: encontrarlo”, le contó a Noroeste.

También le dijo al diario que buscaba a su hijo vivo, pero sabía que la búsqueda era para encontrar un cadáver. “Lo busco de las dos maneras”.

El caso de Marisela Escobedo

El hecho en contra de Sandra Luz hace recordar el crimen de Marisela Escobedo, quien fue asesinada enfrente del Palacio de Gobierno mientras protestaba por el crimen de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo.

Aquel 16 de diciembre de 2010 las cámara de seguridad del Palacio Municipal captó el crimen de Escobedo a manos de un hombre que sin mediar palabra, llegó y le disparó, para después huir.

José Enrique Jiménez, asesino de la activista, fue detenido dos años después, en octubre de 2012.

SABER MÁS

Impunidad los hace vulnerables

De acuerdo con organizaciones nacionales e internacionales, en México los periodistas y los activistas están a merced de los criminales debido al alto grado de impunidad con el que se les mata.

Amnistía Internacional, Artículo 19, Human Rights Watch y otras organizaciones han exigido al Gobierno de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, garantizar el castigo para asesinos y proteger a los vulnerables.