Actos anticipados de precampaña político electoral

El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución de la República, la legislación electoral y demás normas aplicables, que regulan la forma en que debe transmitirse el poder en México; en este caso, la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo locales y federales y los ayuntamientos del país.

Como es sabido, este año tenemos 15 elecciones en el país, una federal y 14 locales; todas ellas cuentan con un marco constitucional y legal de referencia, el cual debe ser cumplido por todos los actores, agentes, autoridades, partidos políticos, medios que influyen en la formación de la opinión pública, coaliciones y ciudadanía en general.

Así, el proceso electoral es la suma de procedimientos legales que se deben realizar para dichos cambios de los poderes por la vía del sufragio, como son los actos preparatorios de la elección, la jornada electoral y la entrega de los dictámenes de mayoría y de validez de las elecciones.

Por lo anterior, todas las acciones y omisiones que se realicen en contravención a estas normas, deben ser sancionadas; así, un acto anticipado de campaña es toda forma de promover la candidatura de un ciudadano a algún cargo de elección popular, fuera de los tiempos señalados dentro del proceso electoral o también con dinero no establecido dentro de los límites señalados por las autoridades administrativo electorales.

Así, un acto anticipado de campaña implica el hacer proselitismo, o pedir a las personas que voten por determinado ciudadano, fuera de los plazos del proceso electoral o antes del inicio de las precampañas o campañas electorales; inducir de cualquier manera a identificar a una persona como candidato a algún cargo de elección popular, eso es un acto anticipado de campaña.

Del mismo modo, si algún ciudadano, precandidato o candidato, se excede en el uso de los recursos financieros para promover su persona, precandidatura o candidatura, también puede ser sancionado por dichas conductas.
Así, todos los ciudadanos y autoridades deberemos respetar las normas constitucionales y las legales del proceso electoral, porque se pudiesen vulnerar los valores y principios republicanos y democráticos consagrados en nuestras normas.