Abogado de Elba Esther, ex fiscal del caso Colosio

CIUDAD DE MÉXICO (28/FEB/2013).- Arturo Germán Rangel, abogado de Elba Esther “La Maestra” Gordillo, fue investigado por enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión y cohecho en 2010.

Germán Rangel fue fiscal del caso Colosio durante la gestión del panista Antonio Lozano Gracia en la Procuraduría General de la República (PGR).

Pablo Chapa Bezanilla, el fiscal que recurrió a una vidente para resolver el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, fue quien lo llevó a la dependencia. Pero Germán Rangel estuvo destinado no a ése, sino al caso Luis Donaldo Colosio.

Él es el autor de la tesis de que al ex candidato presidencial priista le mató un segundo tirador. Así consignó a Othón Cortés, además de Mario Aburto Martínez, asesino confeso. Cortés fue absuelto y demandó por daños y perjuicios a Rangel.

Arturo Germán Rangel permaneció en la 1996 y regresó en 2009 como subprocurador de Delitos Federales, durante el periodo de Arturo Chávez como Procurador. En 2010 salió otra vez, ahora acusado de presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión y cohecho. La PGR investigó al abogado y a varios jefes de unidades especiales apenas 2011 por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión y cohecho.

Elba Esther Gordillo nombró como abogado a Germán Rangel al comparecer ante un juez federal por la acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero. La líder compareció esta tarde en la rejilla de prácticas del Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales junto con Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, también acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Gordillo apareció tras las rejas con una blusa blanca con cuello de tortuga y el cabello recogido en cola de caballo. Jorge Alberto Bernal Reyes, secretario de acuerdos del Juzgado, le informó a Gordillo que los dos delitos que le imputa la PGR son calificados como graves y que, en caso de ser procesada, no tendrá derecho a la libertad provisional bajo caución.                    

Sinembargo.mx

POR CIERTO

Experto en ''casos incómodos''

Arturo Germán Rangel fue el abogado defensor del empresario quintanarroense, Fernando García Zalvidea, que es presuntamente vinculado al grupo criminal del Cártel de Juárez por lavado de dinero.

HISTORIAS POLÉMICAS

Otros “quinazos”

> El primer servidor público en perder el fuero para enfrentar un proceso judicial, fue Jorge Díaz Serrano, quien fungió como director de Petróleos Mexicanos en el mandato de José López Portillo.

En 1982 fue acusado de cometer un fraude por 35 millones de dólares durante su gestión en Pemex. En 1983, con Miguel de la Madrid en la Presidencia, fue aprehendido y pasó cinco años en prisión.

> En la administración de Carlos Salinas de Gortari, en 1989, arrestan al líder del sindicato de Pemex, Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, por supuesto acopio de armas, pero su detención siempre fue vista como un intento de legitimación de Salinas luego del fraude electoral de 1988. En el mandato de Salinas, también cayó Carlos Jonguitud, antecesor de Gordillo en el SNTE, quien renunció en medio de presiones tras el surgimiento de un movimiento disidente al interior de la organización gremial.

> En febrero de 1995, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, detienen a Raúl Salinas de Gortari, hermano del anterior presidente. Es acusado como autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, ocurrido en septiembre de 1994. También le fincaron cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En 2005 es declarado inocente.

> Otra situación que marcó la historia política del país fue la muerte del candidato a la Presidencia, el priista Luis Donaldo Colosio. Fue asesinado el 23 de marzo de 1994, al finalizar un mitin de campaña en Lomas Taurinas, en Tijuana. Después de su muerte se movieron muchas piezas en el Gobierno a nivel nacional, como fue el caso de Manuel Camacho Solís, a quien pretendían inculpar del homicidio y en octubre de ese año renunció al PRI.

> El caso más reciente que movió los hilos políticos y sociales de México fue la liberación de la francesa Florence Cassez, detenida en diciembre de 2005 por el delito de secuestro. El 23 de enero, la Suprema Corte de Justicia de México ordenó la liberación inmediata de Cassez, tras comprobar el uso de pruebas fabricadas. Esto causó disgusto social.