Suspenden proceso para elegir a magistrado

GUADALAJARA, JALISCO (13/FEB/2014).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN) remitió al Poder Legislativo el incidente de suspensión de la Controversia Constitucional 17/2014 que promovió el presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes en contra del Poder Legislativo local por no ratificar en su cargo al magistrado Antonio Fierros Ramírez.
 
El pleno del Congreso, en sesión extraordinaria dio cuenta de la decisión de la Corte, al respecto, el presidente de la Mesa Directiva del Legislativo, el priista, Héctor Pizano Ramos afirmó que acatará la resolución de los ministros y el proceso para ocupar el espacio que dejaría Fierros Ramírez se suspenderá hasta que la Corte resuelva de fondo la controversia y determine si la no ratificación está apegada a legalidad.
 
"Dimos instrucciones a los medios y al Periódico Oficial que tenía que publicar la convocatoria de Antonio Fierros que se omitiera para cumplir la resolución, atenderemos lo que a derecho corresponde de parte del Legislativo, promoviendo los recursos correspondientes y esperaremos la resolución", explicó el diputado, Héctor Pizano quien dio a conocer que las otras tres convocatorias, una del Poder Judicial para cubrir el espacio de un magistrado que se retira por la jubilación, Gregorio Rodríguez Gutiérrez y las dos en el Tribunal de lo Administrativo (TAE) para cubrir las vacantes que dejaron los magistrados, Patricia Campos y Víctor Manuel León Figueroa que no fueron ratificados por los diputados locales, mantienen su curso debido a que ninguno de ellos se inconformaron y la controversia del presidente del Poder Judicial no incluye estos casos.
 
El ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena resolvió instruir al Poder Judicial que "es factible conceder la suspensión para interrumpir todos los efectos y consecuencias que puedan derivar de los acuerdos legislativos impugnados hasta en tanto se resuelve en definitiva la controversia constitucional".
 
El titular del Poder Judicial en la entidad argumentó ante los ministros de la Corte que los diputados no llevaron a cabo de manera adecuada el procedimiento, no obstante, el presidente del Congreso estimó que el proceso se hizo como lo marca la norma.
 
"Nosotros no vemos la invasión de esferas que señala en la controversia (Luis Carlos Vega) porque el proceso que seguimos está previsto en la Ley, es un  tema constitucional. Esperaremos que la Corte resuelva porque no atacan el procedimiento, atacan la resolución", señaló.
 
El diputado del PRI, Héctor Pizano consideró que procesos como el de que revisa en la Corte sí enturbia la relación entre los poderes.
 
Ratificación y convocatorias para elegir magistrados confrontan al PRI y MC
 
El presidente del Congreso y también de la Comisión de Justicia, Héctor Pizano Ramos arremetió en contra del coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda quien ha cuestionado el proceso que se siguió en el Poder Legislativo para ratificar a cinco magistrados y no ratificación de tres.
 
"Las declaraciones vertidas por el diputado Castañeda en torno al proceso que hemos vivido en días pasados en el Congreso son falsas y sigue con su agenda de desprestigio hacia el proceso y al mismo trabajo institucional que hemos realizado en el Poder Legislativo en beneficio de los jaliscienses", señaló el diputado local en un comunicado.
 
Al respecto, el diputado local, Clemente Castañeda insistió que el proceso para elegir magistrados fue desaseado.
 
"Los cuestionamientos sobre el desempeño errático de los magistrados son de dominio público, y los han señalado autoridades de todo tipo sobre el TAE pesan graves instituciones", dijo el legislador local quien calificó como grave las versiones que señalan que en este proceso, existió la venta de magistraturas.
 
Para saber
 
Los legisladores locales tienen 30 días hábiles para presentar pruebas ante la Corte para justificar la decisión del pleno de no ratificar al magistrado Antonio Fierros Ramírez.
 
Antonio Fierros Ramírez fue nombrado en el año 2007 por un periodo de siete años que vence este 15 de febrero.
 
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ