Son ''delincuentes ambientales'' quienes avalan construir en Lago de Chapala

GUADALAJARA, JALISCO (19/MAR/2013).- Rellenar los humedales, ríos y lagos de la nación es un delito ambiental que se sanciona severamente. Por ello, las autoridades municipales que, en exceso de sus facultades, avalan la construcción de infraestructura (turística o no) al interior de la zona protegida de cualquier cuerpo de agua, los convierte en "delincuentes".
 
La doctora en derecho ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera, es contundente al hablar sobre las acciones en defensa del Lago de Chapala que instancias como la Conagua (Comisión Nacional del Agua), la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) o la propia Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) deberían emprender: estas no existen.
 
Desde su óptica, tan "pasiva" es la ejecución de clausuras, apercibimientos, sanciones y denuncias por parte de esas tres instancias, que al vaso lacustre natural más grande del país --que además cuenta con la declaratoria Ramsar como un humedal  de importancia internacional, que en teoría compromete al Gobierno de México a velar por su conservación-- no sólo ha sido invadido por particulares, sino que en esta ocasión también por el Ayuntamiento de Chapala, en la comunidad de San Antonio Tlayacapan.
 
La experta en temas ambientales recuerda el caso de los malecones de Mezcala y San Juan Cosalá (ambos también requirieron "rellenar" con tierra y escombro el espejo de agua), que se construyeron sin siquiera presentar una evaluación de impacto ambiental, lo que las convierte en obras "totalmente ilícitas".
 
Considera "preocupante" que las instancias responsables omitan ejercer sus funciones en este tenor, pues ello comprueba que "el sistema de verificación de la Ley (de Aguas Nacionales) no está funcionando". La Profepa, añade, da una "mala señal" a la comunidad al no investigar y emitir las respectivas denuncias a la Procuraduría General de la República (PGR), para que ésta sancione el hecho.
 
"Los ayuntamientos, en exceso de sus facultades, autorizan obras en humedales y eso no es de su competencia, sólo pueden decidir los usos de suelo en centros de población. La obra (en San Antonio Tlayacapan) no entra en la competencia del Ayuntamiento. Estos siguen actuando como si (esas decisiones) fueran de su competencia y la autoridad federal no ha tenido el suficiente empuje y fuerza para detener estas obras".
 
Y el que los municipios ribereños avalen la edificación de construcciones "anima" a los propietarios particulares a hacer lo propio, y también rellenar el lago para incrementar las dimensiones de sus terrenos próximos a este cuerpo de agua. 
 
El proyecto del malecón en San Antonio Tlayacapan se sometió en 2011 a un proceso de consulta pública, en el cual Gutiérrez Nájera tuvo participación activa. Las conclusiones sobre la obra que hoy es una realidad fueron negativas entonces.
 
"Pedimos que saliera de la zona federal, porque ni el Ayuntamiento ni nadie tienen esa zona como propia; es un bien de la nación y solo puede ser sujeta de concesiones. Los sitios Ramsar son de carácter ornamental y no se permite construir dentro de ellos".
 
El problema radica en que los límites del vaso lacustre no están definidos. Desde 2010, la Conagua informó que estaría concluyendo un mapa de georreferenciación que permitiría, por vez primera, conocer la dimensión natural del Lago de Chapala, lo que en consecuencia detectaría las invasiones, pero la delegación local de esa dependencia ha decidido tampoco hablar de los avances en este tema.
 
"La autoridad principal para verificar el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales es la Conagua y no está haciendo su trabajo. La gente denuncia y Conagua como si nada, en el limbo", concluye.
 
FRASE:
 
"El rellenar humedales, ríos y lagos es un delito ambiental. Aquí estamos ante delincuentes ambientales que deberían estar rindiendo cuentas a la autoridad", Raquel Gutiérrez Nájera, especialista medioambiental.
 
EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA