Sin acuerdos, Congreso debatirá reforma electoral

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUN/2014).- No es casualidad que la participación electoral en Jalisco cayera 17 puntos en 18 años. En 1994, en la elección presidencial 82.97% de los habilitados para votar ejercieron su derecho. En 2012, menos de dos décadas después, ese porcentaje había ya caído a 65.13%. Y si se toman las elecciones intermedias, la participación ha caído por debajo de los 50 puntos porcentuales. La democracia electoral se encuentra en crisis, sin embargo los promotores de la reforma electoral a nivel estatal parecen no enterarse.

Como lo muestra el “Informe País”, una encuesta detallada sobre participación ciudadana, Jalisco es uno de los estados donde la caída de la participación en elecciones es más drástica. Así, el estudio señala como una de las causas fundamentales la inseguridad. “Otro dato preocupante de la Envipe (Encuesta Nacional de Victimización) es el incremento de la inseguridad en lugares que antes se consideraban tranquilos, pero que hoy reportan un incremento de inseguridad importante. A estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa o Chihuahua se han sumado otros. De 2012 a 2013 el índice de victimización subió  23.4% en Jalisco, 23.8% en Sonora y 29.7% en Tlaxcala”.

Siete de cada 10 habitantes que viven en una ciudad perciben que su entorno es inseguro. “Ante estas condiciones, han cambiado sus rutinas por el temor a sufrir algún delito: 64.5% ha optado por no llevar cosas de valor; 50% decidió no caminar alrededor de su vivienda después de la 8:00 de la noche; 48.5% ya no permite que sus hijos menores salgan, y otros decidieron diversificar sus rutinas”, según el informe.

De esta manera la inseguridad ha afectado el pleno ejercicio de los derechos políticos del mexicano. Tampoco es de extrañar que los preocupantes índices de inseguridad que vive el país sigan minando la idea que tienen los jaliscienses de la política y la democracia. “La democracia no da de comer” dice Joel Torres, un joven de “izquierdas” que no confía en la democracia que se ha construido en Jalisco.

Roberta Hinojosa es otro ejemplo vivo de la frustración con respecto a los políticos y a una democracia que se percibe lejana a los intereses de los ciudadanos. Ella trabaja en una tienda de artículos de belleza que se encuentra por Avenida Juárez muy cerca de Federalismo. No disimula su enfado con los partidos políticos y no le encuentra mucho sentido a la democracia en su vida cotidiana.

“No creo en los partidos, sólo se sirven ellos mismos. Votar por uno o por otro es lo mismo, eso es lo que creo”. Prácticamente cuatro de cada 10 habitantes de la región Centro-Occidente, donde se encuentra Jalisco, creen que la democracia es un sistema donde “muchos participan, pero poco ganan”, acorde con los datos del estudio.

La democracia ya no es para los mexicanos, y tampoco para los jaliscienses, un sistema político indebatible. Los datos del “Informe País” son muy reveladores: 23% de los mexicanos cree que a veces un sistema autoritario es preferible. Siendo Nuevo León y Oaxaca, dos de los estados que más respaldan esta posición, mientras que la democracia como sistema preferible a cualquier otro ha perdido más de 20 puntos de adeptos en los últimos 10 años. Lo interesante es que dos estados tan distintos, por diferentes razones, expresen un desencanto tan agudo de la democracia.

En la región Centro-Occidente, de la que forma parte Jalisco, existe un elemento que es sorprendente: la opción “algunas veces se prefiere un sistema autoritario” supera en adeptos a “la democracia es preferible”. Sin embargo prácticamente 50% de la población es indiferente al sistema político: “no le importa si es una democracia o un sistema autoritario”. Para Blanca Amador, la respuesta es una sola: la democracia ha decepcionado. “Se nos prometió que la democracia nos iba a dar mejores trabajos, más recursos económicos y que íbamos a dar el paso al primer mundo, eso no ocurrió”, menciona con un claro gesto de indiferencia.

SE ANALIZAN CUATRO PROPUESTAS DE REFORMAS ELECTORALES
Diputados se alistan a discutir legislación

En este contexto, el Congreso del Estado discutirá mañana, según el legislador Joaquín Portilla, la reforma electoral que regulará los comicios en Jalisco de 2015. Existen sobre la mesa, cuatro propuestas de reformas electorales a debate: la del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), la de Movimiento Ciudadano (MC) y la del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El debate se concentra en dos ejes: la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Sin embargo, las adecuaciones no son menores ya que se tendrán que hacer cambios a por lo menos nueve marcos jurídicos: la Constitución Política del Estado de Jalisco; abrogar el Código Electoral y de Participación Ciudadana; expedir una nueva Ley Electoral; expedir una Ley de Participación Ciudadana; expedir una Ley Estatal de Medios de Impugnación; derogar el título de la Ley Orgánica del Poder Judicial correspondiente al Tribunal Electoral; derogar de la Ley Orgánica del Poder Legislativo todo lo relativo al nombramiento de Magistrados Electorales y Consejeros; derogar el Título correspondiente de Delitos Electorales del Código Penal del Estado y crear una ley que contemple lo correspondiente a frentes, coaliciones, fusiones de partidos políticos, dejando claro que la constitución, acreditación, financiamiento y liquidación se sujetará a lo dispuesto por la LGPP.

Las aristas a discusión de los partidos son muchas. En primer lugar, se tienen que hacer todas las adecuaciones necesarias para que las elecciones en Jalisco se celebren el siguiente año en el mes de junio. Por lo que el proceso electoral debe comenzar en octubre (lo que obliga a los diputados a aprobar las leyes antes del 30 de junio).

En segundo lugar, asegurar la equidad de género. En este punto en particular, no se prevé discusión ni disenso y a partir de ahora los partidos políticos tendrán que proponer mitad de candidatos hombre y mitad de candidatos mujeres a puestos de elección popular.

En tercer lugar, y como elemento clave de la reforma electoral recientemente aprobada a nivel federal, se discuten los alcances, límites y marco regulatorio de las llamadas candidaturas independientes. Ya en la propuesta de reforma aprobada a nivel federal se delinean algunas normas relativas a fiscalización, acceso a medios de comunicación y a candidaturas. Sin embargo, a nivel estatal ya se debate para encontrar su espacio de representación: cómo asignar los puestos con relación a las elecciones municipales o si participará como una fuerza política aun perdiendo la elección municipal. La legislación aprobada a nivel federal trata a los independientes como “partidos de reciente creación”, por lo que tendrían que tener acceso a representación. Aunque eso es competencia exclusiva de los estados.

La reelección es un asunto que sigue causando polémica en México. Ahí tenemos el caso de Jesús Valdez, quien no ha dejado de votar desde la elección intermedia de 1979. “La reelección sólo sirve para que los políticos se aferren más al poder”, señala con claro convencimiento de que la relección no es la salida al problema de rendición de cuentas de la clase política. Sobre la relección, ya aprobada a nivel constitucional, el debate en Jalisco tendrá que ver con los candados y los periodos de tiempo.

A nivel federal, el candado que se puso a la relección fue que sólo podrán volver a participar aquellos que sean palomeados por los partidos políticos o que renuncien a su actividad partidista cuando menos a mitad de su periodo. En el caso de la duración, en la nueva reforma se admiten dos periodos: los alcaldes podrán ser reelectos un periodo más (seis años) y los diputados hasta dos más (nueve años).

Las diferentes propuestas en discusión

Se acorta el tiempo, los diputados locales tienen una semana para aprobar la Reforma Electoral que incluye cambios a la Constitución y al Código Electoral en Jalisco y entre las fracciones parlamentarias no hay acuerdos.

Los legisladores mantienen posturas encontradas acerca de cómo legislar varios temas, entre ellos, las candidaturas independientes. Una de las propuestas señala que si un ciudadano buscara ser presidente municipal por esa vía sólo podría aspirar a serlo si gana la elección, ya que en caso de perder no tendría un espacio en el Ayuntamiento como regidor pues al margen de cual fuera su votación, con los candidatos independientes no aplicaría la figura de representación proporcional.

 Otro punto en discordia es que el PRI propone eliminar la llamada “lista de repechaje” para asignar los espacios de representación proporcional en el Congreso local, lo que significa que, como en el pasado, solo entrarían los candidatos de la lista que propondrían los partidos políticos y ya no tendrían lugar los candidatos “perdedores más votados” de cada distrito electoral.

 En tanto, el PRD propone que se baje el porcentaje de votación para que tengan derecho a un espacio en el Congreso, ahora el porcentaje es de 3.5%, la propuesta es de 3 por ciento.

El tema de financiamiento también está sobre la mesa de debate. Existen varias propuestas, una de ellas de los legisladores Alberto Esquer Gutiérrez, Víctor Manuel Sánchez Orozco, y Guillermo Martínez Mora, quienes presentaron una iniciativa para que a los partidos políticos se les reduzca el 50% de su presupuesto.

“Es necesario realizar una Ley Electoral de la que los jaliscienses se sientan satisfechos, que no quede en los efímeros discursos de cada grupo parlamentario para que al final de cuentas únicamente se opte por los acuerdos, que percibo, ya se tienen arreglados en lugar de haberlo consensuado con la sociedad”, dijo el legislador Guillermo Martínez.

TELÓN DE FONDO
Reducir dinero a los partidos, descartado

La reducción del dinero a los partidos políticos se encuentra fuera de los consensos partidistas rumbo a la aprobación de las leyes secundarias en materia de reforma electoral. Como publicó este diario, la nueva base de cálculo aprobada por el Congreso Federal en la Ley General de Partidos Políticos inyecta más recursos públicos a los institutos políticos. Según cálculos sustentados en la nueva fórmula, hasta 16% más de financiamiento público recibirán los partidos políticos. Y, si se toma en cuenta que 2015 es año electoral, los partidos políticos recibirían, en caso de que no cambie la norma vigente con la reforma local, hasta 79 millones de pesos extras.

Un punto que se encuentra en el aire es el relativo a los costos del árbitro electoral. La nueva reforma convierte a los anteriormente llamados Institutos Electorales y de Participación Ciudadana en Organismos Públicos Locales, les resta funciones y el Instituto Nacional Electoral (INE) centraliza funciones que antes quedaban para los estados.

Sin embargo, no queda claro si esta reducción de competencias tendrá un impacto en los presupuestos públicos. Por lo pronto, en comparación con otros estados, Jalisco no es de las entidades más onerosas en el gasto electoral. De acuerdo a los datos publicados por la consultora Integralia, presidida por el ex presidente del IFE Luis Carlos Ugalde, el voto en Jalisco cuesta en torno a los 62 pesos, mientras que Nuevo León, el Estado de México y el Distrito Federal supera por mucho los 100 pesos por elector.

Otro debate es el del dinero privado. A nivel estatal no se ha cambiado la fórmula, pero en la reforma constitucional se abre el paso a más dinero privado en los comicios. Según la nueva Ley General de Partidos Políticos (LGPP), los militantes de un partido político podrán aportar hasta 2% del total de recursos ordinarios que se reparten a los partidos. Esto modifica la ley anterior que tenía un límite menor y basado en los topes de gastos de campaña.

LA VOZ DEL EXPERTO
Democracia sin legitimidad

Jorge Alatorre Flores (consejero electoral local)

La democracia en México vive tiempos de falta de credibilidad y poca legitimidad. Así, en palabras del consejero electoral local, Jorge Alatorre Flores, se debe en gran medida a las expectativas que se generaron en torno a la transición democrática.

“Esto puede deberse entre otras razones a que en realidad nunca habíamos experimentado en el país lo que genuinamente es una democracia, con sus virtudes y sus defectos. Debido a ello se abusó de la expectativa y se promocionó casi publicitariamente una tierra prometida democrática donde todo mundo vive en paz, la justicia prevalece y la economía prospera a niveles de primer mundo”.

Sin embargo, la democracia nacional no sólo atraviesa por un problema de expectativas, sino por problemas estructurales que deben corregirse. “Sostengo que la mexicana es una democracia de baja calidad, debido a la debilidad de sus instituciones, el papel preponderante del dinero en las decisiones políticas, pocos incentivos para la participación ciudadana, riesgos para la libertad de prensa como su independencia económica, así como una cultura política que no ha evolucionado de su pasado autoritario”.

De esta manera, es fundamental que las reformas también se hagan en otros espacios que corren en paralelo a las elecciones, entre ellos el Poder Judicial.

“Una democracia sin justicia, habitada por un sistema y legislación  judicial barroco, abigarrado, corrupto e incompetente, estimula la actividad criminal al pre-garantizarle la impunidad de sus actos. Aquí un punto interesante, si bien es cierto que la democracia no garantiza automáticamente la aplicación de justicia (lo vivimos) también es cierto que las opciones autoritarias o dictatoriales la cancelan. El siguiente reto estructural de nuestra clase política, medios y ciudadanía estriba en exigirle al sistema judicial que se transforme radicalmente”.

Dos retos son esenciales para modernizar el sistema electoral: la fiscalización en las campañas y la transformación de la cultura política de los mexicanos, sobre todo en temas relacionados con la pluralidad, la diversidad y la tolerancia.

“El fortalecimiento de la fiscalización es un gran reto que, de ser afrontado con éxito, puede combatir la impunidad del rebase de los topes de campaña y así incrementar la credibilidad del proceso al castigar a los transgresores. Es necesario cambiar el perfil de la cultura política de la ciudadanía, ayudarle a evolucionar, a ser más tolerante a la diversidad, más participativo en la adversidad y en la cotidianeidad, más interesado en las políticas que le afectan, menos alienado con respecto del régimen y sistemas políticos”.

Las nuevas obligaciones de transparencia para los partidos pueden obligarlos a mostrar información esencial o ser sancionados.

CLAVES
El ABC de la reforma

Constitucional. El Congreso necesita al menos dos terceras partes del total de los diputados para aprobar las enmiendas a la Carta Magna de Jalisco. El acuerdo PAN y PRI es fundamental, ya que MC trae el tema de menos dinero a partidos políticos.

Negociación. Es el primer punto legislativo en el que interviene el nuevo secretario general de Gobierno, Roberto López Lara. Su posición ha sido de mediador entre las fuerzas políticas. En la mesa se encuentra el diputado y coordinador de los priistas, Rafael González Pimienta.

Representación. La nueva ley sube el porcentaje mínimo que necesitan los partidos para tener representación. En Jalisco, dicho porcentaje ya se encontraba por encima del promedio nacional.

Costos. La reforma a nivel nacional no tendrá un impacto en la reducción de los “costos de la democracia”. El esquema aprobado necesita más inversión para adaptar la nueva imagen del Instituto Nacional Electoral, la credencialización y distintas funciones que ahora atrae el órgano central. En Jalisco hay posibilidad de reducción.

LA CIFRA

16% más de financiamiento recibirán los partidos de no cambiar la norma vigente con la reforma local

79 millones de pesos extra tendrán los partidos políticos, según cálculos en la nueva fórmula

30 de junio es el plazo que tiene el legislativo local para aprobar las leyes

50% ha caído la participación si se toman en cuenta las elecciones intermedias en el Estado

62 pesos cuesta ejercer el voto en el Estado de Jalisco

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