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Jueves, 20 de Septiembre 2018
Jalisco | Afirma que trabajaría gratis en el STJE, pero sólo si sus homólogos lo hacen igual

Si me pagan 20 pesos la hora, voy: magistrado Covarrubias Dueñas

Afirma que trabajaría gratis en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pero sólo si sus homólogos lo hacen igual

Por: EL INFORMADOR

'Jamás nadie ha dicho que me robé un peso. He sido solvente y vivo de lo que gano': José de Jesús Covarrubias. FACEBOOK / SupremoTribunaldeJusticiadelEstadodeJalisco

'Jamás nadie ha dicho que me robé un peso. He sido solvente y vivo de lo que gano': José de Jesús Covarrubias. FACEBOOK / SupremoTribunaldeJusticiadelEstadodeJalisco

GUADALAJARA, JALISCO (24/MAR/2017).- Porque el Artículo 123 de la Constitución establece que “para trabajo igual debe corresponder salario igual”, el sueldo de más de 180 mil pesos que percibe mensualmente el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, el mismo que sus homólogos en el Supremo Tribunal, es el adecuado. En su opinión, ese tabulador salarial evita que los funcionarios con dicho rango caigan en actos de corrupción.

La reforma que entró en vigor en mayo del año pasado, y que impide que cualquier funcionario público del Estado tenga un salario superior al del gobernador (166 mil pesos), está apegado a la ley, pero según el magistrado aún queda analizar si vulnera la independencia y la autonomía del Poder Judicial.

“Habría que analizarlo. Nosotros somos muy respetuosos de todo lo que diga el Poder Legislativo, pero como Poder debemos tomar nuestras determinaciones”.

Según Jesús Covarrubias, el sueldo mensual que recibe cada magistrado es, por la naturaleza del cargo y la responsabilidad, justo. Aunque en Jalisco esos representantes del Poder Judicial tienen prestaciones que no hay en la estructura del Ejecutivo —como una prima vacacional de 112 mil pesos y un aguinaldo de 267 mil—, defiende que hay quienes tienen acceso a más.

Él fue uno de ellos: “Fui magistrado federal y las prestaciones del Poder Judicial Federal son muy superiores a la de los Estados. (Eso) en mi opinión es injusto porque somos juzgadores y tampoco es un trato igual”.

El funcionario, quien en enero pasado ocupó el lugar que dejó Luis Carlos Vega Pámanes, reconoce que trabajaría sin cobrar un sueldo, pero sólo si el resto de los magistrados lo hacen igual.

“Yo me ajusto a lo que gano. Si me pagan 20 pesos la hora, voy… asumo el compromiso (…) Yo, lo que me paguen a eso vengo. Y si me dicen: ‘Es gratis y todos van a trabajar gratis’, yo vengo. ¿Cómo la ve? —reta—. Pero todos. No puedo hacer excepciones. Yo sí estoy comprometido con mi país y no vengo a robar”.

Sostiene que los funcionarios “no deben ganar tan poquito como para que puedan corromperse, ni tanto que se habitúen a los excesos”. Además, remata, preparar profesionalmente a un magistrado requiere de muchos recursos y se les paga por esa “capacidad y trayectoria”. “¿Sabe cuánto cuesta formar un magistrado? ¿Cuánto cuesta formar a un catedrático? Para que usted tenga la capacidad de revisar un expediente debe conocer la Constitución, la ley y muchos asuntos. Es un proceso de muchos años”.

Fuera de la ciudad

Ayer se solicitó una entrevista con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves, para hablar de los salarios de magistrados, pero estuvo fuera de la ciudad, según la dependencia.

Los otros magistrados

No es lo mismo trabajar como magistrado para el Poder Judicial que para el Gobierno del Estado. Mientras los primeros reciben sueldos superiores a los del gobernador, primas vacacionales de 112 mil pesos y un aguinaldo de 267 mil, el sueldo más alto en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón —dependencia cuya misión es solucionar los conflictos laborales— es de apenas 70 mil pesos.

Ese es el sueldo bruto autorizado para este año para Jaime Ernesto de Jesús Acosta Espinoza, el magistrado presidente de ese Tribunal, en tanto que los otros dos magistrados: Verónica Elizabeth Cuevas García y José de Jesús Cruz Fonseca, reciben 56 mil 094 pesos por mes, según el Presupuesto de Egresos 2017.

Gozan de la chequera abierta del erario

Aunque la Constitución de Jalisco contempla desde hace un año que ningún funcionario gane más que el gobernador o de su superior jerárquico inmediato, los magistrados y consejeros del Poder Judicial siguen ganando más que el mandatario estatal y seguirán recibiendo el mismo salario hasta que abandonen el cargo.

De acuerdo con una revisión de las nóminas, existen 49 funcionarios del Supremo Tribunal de Justicia (34 magistrados), del Tribunal de lo Administrativo (seis magistrados), del Consejo de la Judicatura (cuatro consejeros) y del Tribunal Electoral (cinco magistrados) que perciben un salario mayor a los 166 mil pesos que percibe mensualmente el gobernador Aristóteles Sandoval.

Todos representan una carga al erario de nueve millones 414 mil pesos mensuales, sin contar el aguinaldo, prima vacacional, seguro privado de gastos médicos y otras prestaciones.

Aunque el Poder Judicial no emitió una postura, el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas puso el ejemplo de la Ley federal de salarios máximos aprobada en el sexenio del panista Felipe Calderón.  

“El Poder Ejecutivo federal puede dictar disposiciones en la esfera del Poder Ejecutivo… (pero) no puede dictar disposiciones en la esfera de los otros Poderes, porque entonces vulneraría la independencia y la autonomía”, se defiende Jesús Covarrubias, quien tomó protesta en febrero pasado y, con base en la reforma a la Ley de servidores públicos, no debería ganar más que Aristóteles Sandoval.

No es la primera vez que el Poder Judicial del Estado incumple una legislación local. En enero de 2015 presentó una controversia constitucional para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analicen la invalidad de aplicar la Ley de Austeridad y Ahorro de Jalisco.
Uno de los principales argumentos es que la norma contraviene la división de Poderes y no les pueden quitar “derechos ganados”. El recurso jurídico interpuesto ante la Corte, sustenta que la ley contraviene el principio de independencia judicial y autonomía de la gestión presupuestal del Poder Judicial. Se trata del mismo argumento que utiliza el magistrado Covarrubias Dueñas para ganar más que el gobernador.

La prueba de fuego será en julio, cuando los seis magistrados que forman parte del Tribunal Administrativo deberán dejar su puesto a consecuencia de los cambios que prevé el Sistema Estatal Anticorrupción. En días pasados, el diputado Ismael del Toro declaró que al nacer el nuevo Tribunal deberán ser nombrados nuevos magistrados; en ese sentido, los nuevos deben ganar menos que el gobernador. De acuerdo con las reformas a los Artículos 12, 57 y 111 de la Constitución Política del Estado, todos los magistrados y los consejeros de la Judicatura deberán acatar esa medida.

APRUEBAN LEYES INOPERANTES

Además de que la presente Legislatura de Jalisco pasó de “panzazo” su primer año en materia de calidad en las iniciativas presentadas, de acuerdo con la última evaluación realizada por el Observatorio Legislativo del ITESO, los diputados se distinguen por aprobar ordenamientos que contravienen la Constitución y ordenamientos federales.

Entre los ejemplos de mayor impacto están la eliminación del fuero, la obligación de los servidores públicos para presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses (3de3) y la iniciativa que “impide” que cualquier funcionario gane más que el gobernador Aristóteles Sandoval.

En septiembre pasado, el Congreso de Jalisco aprobó reformas en materia anticorrupción para que todos los funcionarios hagan pública su 3de3, con lo cual más de mil 500 funcionarios están obligados a acatar esta medida; sin embargo, a nivel federal el Senado de la República aprobó que esas declaraciones se hagan públicas siempre y cuando el funcionario así lo autorice.

La legislación federal también señala que los servidores públicos sólo estarán obligados a publicar la carátula de la declaración fiscal, pero no su contenido. El argumento fue que hacer pública la declaración 3de3 pondría en riesgo a los funcionarios ante grupos delincuenciales o secuestradores.

El otro ejemplo es la eliminación del fuero a la clase política, aplicable para un total de mil 598 funcionarios en el Estado, incluida la figura del titular del Poder Ejecutivo, los diputados estatales y federales, magistrados, así como los alcaldes, regidores y síndicos.

La eliminación de este privilegio también contraviene la Constitución porque 99 funcionarios de Jalisco aún siguen contando con la protección federal, según el Artículo 111, párrafo quinto, de la Constitución Política de México. Entre ellos destaca la figura del gobernador del Estado y los 39 diputados del Congreso local.

Los delitos federales con los que se encuentran protegidos son: por la defraudación fiscal, la trata de personas, la desaparición forzada, las armas prohibidas, los ataques a las vías de comunicación, el narcotráfico y el tráfico de órganos.

En julio pasado los diputados locales enviaron al Congreso de la Unión un exhorto en donde se pedía que la eliminación del fuero se aplique a nivel nacional, pero no han recibido respuesta.

Para Alberto Bayardo, al frente del Observatorio Legislativo del ITESO, el problema de las legislaciones es que si no se diseñan bien se vuelven inoperantes, lo que dificulta su instrumentación, por eso los diputados deben legislar sin contravenir la Constitución federal, porque “luego se vuelve inconstitucional la norma”.

La otra recomendación es que las legislaciones aprobadas deben definir claramente los mecanismos de garantías, “los diputados deben darle dientes a la ley y eso implica definir a quién se puede sancionar, cuáles son las sanciones y a quién le corresponde aplicar la sanción y cuál es la sanción que se le debe aplicar a quien no haga que se cumpla la ley”.

TELÓN DE FONDO

Poca efectividad

Tras la evaluación a la labor que realizan los diputados, el Observatorio Legislativo del ITESO detectó muchas iniciativas presentadas durante la actual Legislatura (220), pero puntos débiles en su viabilidad presupuestaria, lo que significa que presentaron sin que necesariamente se conociera si era posible llevarlas a la práctica.

Otro de los elementos que menos se encontró fue el análisis costo-efectividad, o bien, si es más caro implementar las iniciativas sugeridas por los diputados que los resultados que eventualmente éstas arrojen.

Por el contrario, uno de los puntos más fuertes fue la claridad y técnica legislativa y la integración de las iniciativas al marco normativo. La evaluación de la calidad de las iniciativas de Ley presentadas durante la LXI Legislatura dio una evaluación promedio de 64 sobre 100 a los diputados de Jalisco, una calificación 10 puntos arriba de la que obtuvo la Legislatura anterior.

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