Senado vigilará de cerca a bancos para evitar abuso a usuarios

GUADALAJARA, JALISCO.- La fracción priista del Senado de la República tiene en su agenda vigilar con más rigor la operación de los bancos y otros intermediarios, como sofoles y sofomes, ante la permanencia de las quejas de la población de situaciones inequitativas en las operaciones, señaló el senador priista por Jalisco, Ramiro Hernández García.

Como un punto muy concreto, habló de que se podrían modificar las atribuciones que actualmente tiene el Banco de México, las que permiten que éste autorice a los bancos que se cobren de los depósitos que los usuarios tienen en sus cuentas de nómina en el caso de que los dueños de las tarjetas tengan adeudos con las instituciones bancarias.

Indicó que esta situación se presta a que en tiempos de cierta liquidez para el poseedor de una tarjeta (como las entregas de aguinaldos y utilidades) que se beneficia con los depósitos de nómina quede a merced de la cobranza de los acreedores.

El senador también aseveró que la fracción de su partido, como otras fracciones, también están muy atentas a las situaciones que actualmente afectan a los deudores hipotecarios que contrajeron compromisos con sofoles en créditos pagaderos en Unidades de Inversión (Udis), los que ya han generado problemas de insolvencia debido a que los pagos se han disparado sustancialmente en comparación con los créditos que están convenidos para su pago en pesos.

Hernández García expuso que no se trata de caer en situaciones de populismo que vayan en detrimento de los bancos, pero sí de meter orden en una situación que ha mostrado una actuación de los intermediarios en forma desproporcional a lo que ha sido la actuación de la banca en otros países.

Añadió que así como en meses recientes se han dado ciertas modificaciones legales que han incidido en abaratar el costo de los servicios financieros, el Senado estará atento al desempeño de las instituciones de banca y crédito para evitar con todo lo que la ley permite el abuso contra los usuarios, lo que implica también cambios en la legislación existente.

EL INFORMADOR / SALVADOR Y MALDONADO