Registran más de cuatro mil cambios de uso de suelo

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUN/2013).- El Ayuntamiento de Guadalajara ha dado trámite a más de cuatro mil solicitudes de cambio de uso de suelo en los últimos siete años, a través de la figura de los recursos de revisión que permiten soslayar la aplicación estricta de los planes parciales de desarrollo urbano, y que siguen causando afectaciones vecinales; la más reciente: un motel en la colonia San Miguel de Mezquitán.

Son exactamente cuatro mil seis recursos de revisión de los que se tiene registro en el periodo 2006-2012, de los cuales, dos mil 444 se consideran concluidos (61%), el resto, activos, de acuerdo con información proporcionada por el Ayuntamiento tapatío vía transparencia.

La autoridad municipal, sin embargo, no transparenta los detalles de esta estadística, es decir, cuántos de éstos fueron resueltos a favor del promotor del cambio de uso de suelo, cuántos no, qué proyectos había detrás (no necesariamente deben ser grandes inversiones, también hay muy pequeñas o giros barriales) y en qué consistieron las modificaciones que sí se autorizaron.

Es más, el Ayuntamiento de Guadalajara asegura que no cuenta ni siquiera con las precisiones de los recursos de revisión resueltos durante la pasada administración municipal 2010-2012, siendo del mismo partido político: el PRI.

Actualmente opera un Comité para la Revisión de Recursos en Materia de Desarrollo Urbano en Guadalajara, pero no siempre ha sido así, de manera colegiada; en la administración 2004-2006 estas decisiones recayeron en una sola persona: el titular de la Sindicatura, que entonces era Gustavo González.

Su gestión fue muy cuestionada (se le llegaron a atribuir mil 800 recursos resueltos), pero los problemas igual surgen cuando la decisión se toma entre varios: el caso del motel de San Miguel de Mezquitán, salvo que se demuestre que su autorización inicial es falsa, surgió de dicho Comité en 2008, cuando otorgó el uso de suelo que requería el proyecto, pese a ser distinto al del plan parcial.

En el año 2006 (no hay estadística anterior) existe constancia de 321 recursos tramitados y concluidos; en el periodo 2007-2009 se recibieron otros dos mil 569, de los cuales, se dio término a mil 184 (46%); en la administración 2010-2012 se conocieron mil 116, pero están categorizados como dictaminados 309 (28%).

La Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco (Prodeur), cuando tenía al frente a Aarón Vázquez Huerta, como ahora con Gabriel Ibarra Félix, ha advertido que el Código Urbano de Jalisco no da más cabida a la existencia de este tipo de comités, sino que mandata un cumplimiento cabal de los planes parciales de desarrollo urbano, que tienen carácter de ley.

Antes de 2009, con la Ley de Desarrollo Urbano, existían supuestos en la misma legislación para evitar la aplicación del uso de suelo marcado en los planes parciales, particularmente cuando las condiciones de la zona habían sido modificadas y no concordaban con lo previsto por la norma, pero esto quedó fuera del Código Urbano.

La Prodeur ha señalado que el único mecanismo con el que el Código Urbano permite cambios de uso de suelo sobre predios individualizados, debe llevar concatenado forzosamente una consulta pública generalizada para enterarle a la sociedad del mismo (y de lo que podría llegar a su colonia), de no ser así, estas modificaciones deben darse únicamente con la actualización de todo el plan parcial correspondiente (que también conlleva una consulta extensa).

El Comité tapatío, sin embargo, toma sus determinaciones en sesiones cuyo calendario no se publicita, ni se rinden informes al respecto (la autorización del motel de San Miguel de Mezquitán se dio hace cinco años, pero fue hasta hace unos meses, ya con la construcción encima, que los vecinos se dieron cuenta de lo que había decidido el Comité).  

El titular de la Prodeur declaró para este diario el 11 de febrero de 2013: “El error que se cometió, el problema de las nulidades en Guadalajara no es tanto que resolviera o no una comisión, sino que se le decía en algunos casos al promovente —en efecto, es nula la licencia, o está mal el uso de suelo, pero yo te lo cambio en el recurso de revisión—, eso nunca ha tenido fundamento, nunca; si Guadalajara, en un momento dado integra una comisión, está en su facultad de hacerlo, el asunto es que esa comisión no puede, ni debe, ni tiene fundamento para llegar a un alcance de cambiar los usos de suelo”.

El Ayuntamiento tapatío ha argumentado antes que su Comité de usos de suelo está operando únicamente sobre los dos distritos urbanos cuyos planes parciales no han sido actualizados: el 1 Centro Metropolitano y el 2 Minerva.

LA OBRA CARECE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS IRREGULARIDADES
Zapopan clausura complejo que se construía en la zona de El Bajío

Por no contar con la documentación necesaria, incluido un estudio de impacto ambiental, el Gobierno de Zapopan clausuró los trabajos del complejo “Bosque Strip”, que se construía en la zona de El Bajío.

El presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro, dio un aviso ante medios de comunicación, en el que aseguró que después de haber hecho una revisión, se comprobó que el proyecto presenta ciertas inconsistencias.

Y pese a que cuenta con una licencia de edificación en orden, y el proyecto está apegado a los usos de suelo del Plan Parcial de Desarrollo del municipio, no es suficiente.

El alcalde informó que se conformará una mesa de análisis con la participación de Obras Públicas, Sindicatura, Proyectos Estratégicos y Ecología, para que realicen un diagnóstico acerca del tema, e irán de la mano de la participación de instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), así como de organismos de la sociedad civil y especialistas.

Por lo pronto, ayer por la tarde personal de Inspección y Reglamentos acudió al lugar, ubicado en el cruce de Avenida Las Torres y Ayamontes, cerca de la Ciudad Judicial, para hacer un dictamen de lo encontrado y pasar el informe al alcalde.

Robles Peiro señaló que el Ayuntamiento defenderá el derecho comunitario por encima de los intereses particulares.