GUADALAJARA, JALISCO (04/MAR/2017).- La mayoría de los 55 oficiales de la Fiscalía del Estado que fueron consignados en 2016 por haber incurrido en delitos fueron señalados por abuso de autoridad, peculado y cohecho. Incluso hubo quienes entraron a prisión con señalamientos de robo calificado, revela el encargado de la Dirección General de Contraloría y Visitaduría, Raymundo Gutiérrez Mejía.También se cuentan señalamientos por amenazas y lesiones, “pero en su mayoría son peculado”.El Artículo 148 del Código Penal del Estado establece que comete peculado cualquier servidor público que, “para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o municipio”. La pena por este delito es de tres meses a seis años de prisión, aunque si el monto malversado rebasa los 200 días de salario mínimo, la pena va de dos a 12 años tras las rejas.El funcionario señala que la denuncia es una herramienta clave para mejorar la depuración de malos elementos. La plataforma “fiscal directo”, que se habilitó en agosto de 2015 para facilitar la recepción de reportes por malos servicios prestados por el personal de la Fiscalía (http://fge.jalisco.gob.mx/fiscaldirecto), dejó 900 quejas y denuncias el año pasado.“Se ha visto, de alguna manera, un aumento. Como es un portal de seguimiento, hemos visto asuntos donde se les da el seguimiento a sus quejas y hacen recomendación y va aumentando. Puede haber confianza de que sí hay procedimientos y se castigan y se consignan”.Además del módulo permanente en las instalaciones de la Fiscalía, ubicadas en la Calle 14, hay un módulo itinerante que recorre el interior del Estado para promover la denuncia contra servidores públicos por actos de corrupción.Las denuncias tienen un periodo de seguimiento que va desde los 15 días y puede durar hasta los dos meses. La tendencia en la aplicación de castigos, dice Raymundo Gutiérrez, se mantiene “más o menos igual” durante la administración. “El año pasado (2015) fue uno más y el antepasado (2014) fue uno menos”.En 2016, la Fiscalía General aplicó 113 sanciones administrativas a sus agentes por irregularidades que van desde la mala atención al ciudadano, o la demora en la prestación de sus servicios. “Es mayor”.Las sanciones aplicadas en estos casos van desde una amonestación que se integra al expediente del oficial, o castigos que van desde los tres días y hasta el mes sin goce de sueldo. De los 113 apercibimientos de este tipo el año pasado, 30 fueron dirigidos a policías investigadores, 13 a oficiales preventivos, tres a miembros de la Fuerza Única, 23 a custodios, 20 a agentes del Ministerio Público y cinco a secretarios, entre otros.Actuarán contra los que no despidan a reprobadosEl fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, urgió a todos los Ayuntamientos para que den de baja a la brevedad a todos los elementos que no aprobaron sus exámenes de control de confianza, pues la tendencia es mandarlos a otras áreas, pero dentro de la corporación.De este modo, apuntó, pondrán un término para que salgan los “malos elementos” de las comisarías; caso contrario, denunciarán a los titulares de las dependencias. “Estaremos coadyuvando con la Procuraduría General de la República para que los superiores jerárquicos que no estén cumpliendo con ese mandato de la ley, sean denunciados y procesados en materia federal como corresponde. Se acabó”.Ayer, por sus 200 horas de capacitación, 40 policías de Teocaltiche recibieron reconocimientos por la conclusión del curso Técnicas de la Función Policial, Táctico de Intervención Policial y Sistema Penal Acusatorio. Los oficiales habían sido desarmados el pasado 25 de enero después de varios hechos delictivos registrados en ese municipio. Al acto acudió el fiscal y el presidente municipal, Abel Hernández, quien destacó que los beneficios de la capacitación se verán reflejados en la atención de la ciudadanía.Con lo anterior, los oficiales regresaron al patrullaje de su municipio, el cual, aclaró Almaguer, será de manera coordinada con personal de la Fuerza Única Regional.LA VOZ DEL EXPERTO Incentivos, claves contra corrupciónJaime Hernández Ortiz (investigador del departamento de Derecho Público de la UdeG)Un paso elemental para resolver los problemas de corrupción que golpean a los cuerpos de Policía en el país es gratificar a los elementos por su buen desempeño. Un oficial que escala posiciones debido a su trabajo exitoso garantiza no sólo una mejora en los indicadores de seguridad, sino que sean los mejores oficiales quienes estén al frente de las corporaciones.Esa: la habilitación de una carrera policial, es un pendiente histórico en las instituciones mexicanas, y un factor que incide en que el crimen organizado pueda infiltrarse en ellas con facilidad.“No existe una verdadera carrera policial para los agentes. Viven continuamente en un estado de inestabilidad y de inseguridad, pero no sólo física sino jurídica y laboral. Es decir, en cualquier momento los corren, los dejan sin prestaciones, sin garantías, indemnizaciones ni nada. Esto genera un caldo de cultivo para la corrupción”.Aunado a ello, considera que las áreas de Asuntos Internos de las corporaciones, en donde se investiga el comportamiento de los agentes, quedan a deber. “No funcionan, no sirven… son más de ornato porque no tienen una organización ni estructura eficaz de cara a las denuncias de la ciudadanía”.Por lo que ve a las pruebas de control y confianza, opina que éstas siguen rigiéndose bajo principios políticos y no técnicos o científicos. Los oficiales que no aprueban son despedidos sin oportunidad de impugnar o defenderse, y las explicaciones que reciben son escasas.“Otra situación es la ausencia de un Código de Conducta para el correcto uso y manejo de la fuerza. Entonces, llega un momento en que también los policías hacen justicia por su mano propia. Esta situación se traduce en los abusos policiales que vemos de manera continua (…) Y además, los reglamentos de Policía y Buen Gobierno no están actualizados: son viejos, caducos e inoperantes”.Así, los rezagos que arrastran los cuerpos de seguridad pública en el país han dado paso a su militarización. Hoy son los soldados quienes refuerzan el patrullaje en las calles, aun cuando su lógica de trabajo es distinta. “La estructura militar tiene otra vocación; no la de vigilancia. Su misión es la protección de la soberanía nacional frente a elementos externos”.Añade que “la imagen actual de los policías es que son guardaespaldas de funcionarios, de políticos. Es un momento en el que se ve al policía como enemigo del pueblo, y eso no debe ser así”.LAS FRASES"No existe una verdadera carrera policial para los agentes. Viven continuamente en un estado de inestabilidad y de inseguridad, pero no sólo física sino jurídica y laboral. Esto genera un caldo de cultivo para la corrupción"."Hay escasos estímulos en la carrera policial… son casi inexistentes y eso incide mucho. ¿Para qué se porta bien un policía si no se le reconoce, si no lo ascienden?"Jaime Hernández Ortiz, investigador de la UdeG“Regresará sólo quien trabaje con disciplina”Ante la presunción de que el crimen organizado está coludido con más agentes de la Policía de Tlajomulco, el alcalde Alberto Uribe Camacho decidió no sólo despedir y llevar a prisión a dos policías relacionados con un doble homicidio. También pidió a la Fiscalía del Estado que “capacitara” a 90 más de sus oficiales. Los lugares que quedaron vacíos hoy son ocupados por oficiales de la Fuerza Única, bajo el mando de la Comisaría Municipal.A un mes de que el Estado desarmara a los policías municipales, el presidente afirma que sólo regresarán los que muestren compromiso con la corporación. “Seguramente de los 90, 80 van a regresar mejor capacitados y otros van a salir de la corporación porque no les gusta la disciplina o tienen algo que esconder”.Mientras, los oficiales “en capacitación” siguen recibiendo su sueldo. Alberto Uribe afirma que reforzará sus revisiones en la Comisaría para que los policías “entiendan que son servidores públicos y tienen que ayudar a la gente. Tienen que cambiar su dinámica: cambiar la prepotencia por la amabilidad y la legalidad”.Pese a la percepción de inseguridad generalizada en la metrópoli, Tlajomulco es el único municipio que redujo sus indicadores de inseguridad en 2016 respecto con los del año anterior. Los únicos que incrementaron fueron los casos de homicidio doloso y robo a vehículos de carga.Para el alcalde, las pruebas de control y confianza deben ser perfeccionadas en función de que hay agentes con buen desempeño que reprueban los exámenes, y otros con historial dudoso que los aprueban con éxito. “Se debe hacer un replanteamiento para que entre todas las áreas metropolitanas podamos estar en un solo modelo de capacitación, donde les enseñemos lo mismo, los capacitemos, y a partir de ahí podamos ir destacando diferentes elementos para las corporaciones”.Finalmente, opina que hay “urgencia” de construir un debate legislativo permanente, pues así deben irse actualizando los modelos policiales.LA FRASE"Es curioso cómo se quiere construir una percepción de que Tlajomulco fuera el municipio con mayor índice delictivo, cuando en términos reales tiene los mejores indicadores (de seguridad)".Alberto Uribe, alcalde de Tlajomulco.CRONOLOGÍA Sin confianza• Diciembre de 2014 La Fiscalía del Estado desarmó a las Policías de Cocula y Casimiro Castillo. “Reportes de inteligencia” revelaron una probable colusión de altos mandos en las corporaciones con el crimen organizado. 71 elementos fueron encuartelados. El subdirector de la Policía en Cocula, Gustavo Valencia, fue detenido. La Fuerza Única Regional se hizo cargo de la seguridad en la zona.• Mayo de 2015 Oficiales de tropa y altos mandos de las corporaciones de Villa Purificación y Unión de Tula fueron desarmados. Los habitantes de esos municipios denunciaron a sus oficiales, y la Fiscalía Regional detectó delitos que se cometían a simple vista sin que la autoridad municipal interviniera, por lo que se les retiraron las armas a 30 policías. La investigación duró 15 días; todos fueron liberados después.• Junio de 2015 El gobernador Aristóteles Sandoval ordenó el desarme de las Policías de Jilotlán de los Dolores y Pihuamo. De nuevo, ante la presunción de vínculos entre autoridades y el crimen organizado. 24 elementos, entre ellos los dos titulares de Policía, fueron desarmados y “encuartelados”.• Diciembre de 2016 Alrededor de 100 oficiales de Cocula fueron puestos bajo investigación, después de que se confirmara que el alcalde Rodolfo Ruvalcaba había sido amenazado de muerte por su secretario general, Ramón Sierra. Éste último se ostentaba como “autoridad municipal” y era quien realmente gobernaba el municipio. La Fiscalía General tomó la seguridad del municipio y desarmó a los oficiales hasta confirmar si había o no colusión del crimen organizado, con quien presumiblemente el secretario general sí tenía nexos.• Enero de 2017 Casi la mitad de los 67 oficiales de Teocaltiche fueron llevados al Instituto de Profesionalización y Capacitación para su reevaluación, después de que el 27 de diciembre, siete policías de ese municipio fueran detenidos en posesión de armas de uso exclusivo del ejército y dos granadas de fragmentación. Los oficiales, además, iban a bordo de una camioneta blindada con placas del Estado de Guerrero.• Febrero de 2017 Tras confirmarse la relación de dos policías de Tlajomulco con un “levantón” y doble homicidio registrado el 26 de enero, el alcalde de esa localidad, Alberto Uribe, pidió a la Fiscalía General una investigación minuciosa de la corporación, para detectar “malos elementos”. 90 oficiales fueron desarmados y llevados a capacitar. Los vacíos fueron cubiertos por la Fuerza Única.LOS SANCIONADOSFuente: Ayuntamientos.Sigue: #DebateInformador¿Qué opina del trabajo de las Policías estatal y municipales?Participa en Twitter en el debate del día @informador
