GUADALAJARA, JALISCO (16/JUN/2017).- La propuesta de Aristóteles Sandoval para dotar de autonomía a la Fiscalía General del Estado y fortalecer así el Sistema Local Anticorrupción (SLA) obligaría a disolver la dependencia que se creó en el arranque de la presente administración, la cual fusionó a la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública. En 2013, la Secretaría de Movilidad también se pretendía unir con los cambios en la Ley Orgánica, pero la Fiscalía nunca tomó las riendas.Al convertirse la Fiscalía General en un organismo autónomo se deberán hacer otras reformas para desincorporar la corporación policial, garantizar el desarrollo de las políticas de prevención del delito, el control del sistema penitenciario y de readaptación social, entre otros, ya que el Artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una función exclusiva del Poder Ejecutivo.Tras un día de polémica por los cambios que aplicó el gobernador a la iniciativa para ahora sí dotar de autonomía a la Fiscalía, ayer el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, justificó estas modificaciones, al destacar que están obligados a realizarlas para cumplir con lo establecido en la reforma anticorrupción federal, en la que la Fiscalía General (actualmente Procuraduría General de la República) deberá contar con plena autonomía y garantizar así la independencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.En una segunda iniciativa enviada por la tarde de ayer al Congreso de Jalisco se contempla que el titular de la Fiscalía General y el fiscal anticorrupción sean designados a través de una terna de candidatos propuestos por el gobernador, proceso en el que se incluirá al Comité de Participación Social que estará integrado por ciudadanos para vigilar la creación del SLA. Finalmente serán elegidos por el Legislativo.En la propuesta se precisa que los aspirantes a ocupar estos cargos deberán comparecer ante los diputados; sin embargo, no se contempla el examen de oposición.Tanto el fiscal general como el responsable en materia anticorrupción serían nombrados por un periodo de 10 años, sin derecho a ratificación De acuerdo con los artículos transitorios de la iniciativa, que se suma a las cerca de 30 que se analizarán en el Legislativo para la creación del Sistema Local Anticorrupción, el actual fiscal general continuará en el cargo, “sujeto a la posible remoción directa del Ejecutivo”, y el gobernador podrá designar un fiscal especializado interino.
