Pretenden reformar Ley para apoyar a ex trabajadores migrantes

GUADALAJARA, JALISCO (27/DIC/2010).- El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado Jesús Casillas Romero, para presentar ante el Congreso de la Unión, una propuesta de reforma a la “Ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos”.

Los legisladores locales pretenden concretar estas reformas con la finalidad de dar certeza económica a los ex trabajadores mexicanos que laboraron en Estado Unidos.

En la exposición de motivos se señala que a pesar de la creación del fideicomiso y la ley que lo administra, los ex trabajadores migratorios o sus descendientes se han enfrentado a varias dificultades para acceder a los recursos que les corresponden por los años laborados en el vecino país

“La ley, es difícil cumplir con el apartado de los requisitos porque establece una serie de documentos y en un importante número de casos, no se encuentran en posesión de los ex trabajadores o sus familiares”, se lee en la exposición de motivos.

Entre las modificaciones de Ley están por ejemplo, facilitar a los trabajadores de mayor edad, la entrega de la identificación (Social Security, derivado del contrato del trabajo del programa bracero durante los años 1942-1964) Certificado o Tarjeta de Identificación, identificación expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y/o la Secretaría de Gobernación, cualquier otro documento con el que se pueda acreditar el carácter de Beneficiario.

Con las reformas pretenden dar facilidades a los trabajadores para que sean acreedores a los recursos que les corresponden de parte del fideicomiso para ello, consideran necesario que en las reformas se especifique “que sí de los documentos exhibidos existe algún un error que no altere de manera sustancial el nombre de quien pretende acreditarse como beneficiario, pero con otro documento puede demostrar que se trata de la misma persona, esto será suficiente para reconocer su personalidad”.

La documentación a que se refiere este artículo deberá ser regresada al solicitante a más tardar en un plazo de 10 días naturales después de reconocido el carácter de beneficiario o en cinco días en caso de no acreditarlo.

Los trámites de acreditación de beneficiario podrán ser realizados por Apoderado Especial, mediante carta poder simple otorgada ante dos testigos, sin la necesidad de que sea ratificada ante la autoridad.

Con la reforma se pretende crear mesas receptoras que se instalaran de manera permanente, (hasta en tanto se concluya el proceso de entrega del apoyo social a que se refiere esta ley) en las delegaciones de la Secretaría de Gobernación de todas las entidades federativas, así como en los diferentes consulados de mexicanos.

El Congreso local propone estas reformas que deberán ser avaladas por el Congreso de la Unión en las que además incluyen una serie de artículos transitorios en las que se especifica que el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se creará un Comité Técnico que será el encargado de establecer mesas especializadas de asesoría y gestión para el trámite de acreditación de beneficiario en las entidades federativas y consulados mexicanos en lo que se requiera.

El Comité Técnico entrevistará a las personas que no han logrado acreditarse como beneficiarios y acrediten con los registros oficiales de la Secretaría de Gobierno que acudieron a las Mesas Receptoras de 2003, 2006 y 2008-2009, a efecto de subsanar las deficiencias en los trámites de acreditación.

El Comité Técnico enviará oficio a las oficinas de Administración de la Pensión de los Trabajadores del Ferrocarril, ubicadas en Joliet, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica, solicitando el número de seguro social americano asignado bajo el Programa Bracero, para que estos puedan acreditarse como beneficiarios.

Estas reformas deberán ser analizadas por legisladores federales y en caso de avalarlas, enviarlas al Presidente de la República, Felipe Calderón para que sean publicadas.

EL INFORMADOR/ ZAIRA RAMÍREZ