GUADALAJARA, JALISCO (20/ABR/2017).- En febrero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la acción de inconstitucionalidad 134/2015 promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de diversos artículos de la Constitución de Jalisco y de las Leyes orgánicas de la Fiscalía del Estado y del Poder Ejecutivo, relacionados con la participación de las Policías en las labores de investigación.La Corte declaró la invalidez del segundo párrafo del Artículo 53 de la Constitución local porque contradice la Constitución federal. La resolución de los ministros es contundente: La investigación de delitos es una actividad que pueden desarrollar tanto los ministerios públicos como los cuerpos policiacos, los cuales actuarán bajo conducción y mando del Ministerio Público, según lo establece el Artículo 21 de la Constitución federal.Lo anterior no se atendió en el caso de los agentes encubiertos de la Policía de Guadalajara que participaron en la detención de un motociclista el pasado martes, por lo que el investigador Rogelio Barba Álvarez, del Departamento de Justicia y Derecho de la Universidad de Guadalajara, asegura que la Fiscalía del Estado debe investigar al comisario tapatío Salvador Caro por abuso de autoridad y obstrucción de la justicia.El especialista señala que las actuaciones de la Comisaría y de la Fiscalía violaron el nuevo Sistema de justicia penal, así como las Leyes general y estatal del sistema de seguridad pública, el Código Penal y el Código nacional de procedimientos penales.La principal omisión a la ley se registró cuando la Policía de Guadalajara se excedió en detener a un posible sospechoso, cuando el nuevo Sistema de justicia impide detenciones de presuntos sospechosos. “Esos agentes violentaron todo el sistema de justicia porque tampoco leyeron los derechos del detenido”, resuelve Rogelio Barba.Señala, además, que la figura de agente encubierto solamente existe en la Ley federal contra la delincuencia organizada, aprobada el año pasado como parte de las nuevas técnicas de investigación. “Cualquier agente debe estar previamente identificado a partir de un acuerdo con la PGR”.Aduce que la Fiscalía también fue incompetente al no poder armar una carpeta de investigación contra el comisario, “tuvieron que haberle ejercido justicia en su máxima expresión”.SÓLO ZAPOPAN RESPALDA A GUADALAJARATlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá se deslindanLuego que se diera a conocer que el Ayuntamiento de Guadalajara ha realizado operativos con agentes encubiertos sin la supervisión y conducción del Ministerio Público, Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque negaron que sus municipios aplicaran estas operaciones.El comisario de Tonalá, Miguel Magaña Orozco, respondió que la dependencia a su cargo ha participado en diferentes operativos en coordinación con los diferentes niveles de Gobierno encargados de la seguridad, apegados a la Ley. “Los elementos lo hacen siempre uniformados y portando las insignias de esta Comisaría”.En el mismo tono respondió Tlajomulco: “Hasta el momento no hemos hecho ni vamos a hacer operaciones con policías encubiertos”. Por su parte, la Dirección de Comunicación Social de Tlaquepaque añadió que la corporación tampoco tiene un cuerpo de agentes encubiertos.Zapopan no respondió si ha realizado operativos con agentes encubiertos, pero el alcalde Pablo Lemus respaldó en sus redes sociales la actuación del comisario Salvador Caro.Marco Valerio Pérez, al frente de la Agencia Metropolitana de Seguridad, señaló que el organismo a su cargo tiene la encomienda de fortalecer la coordinación entre las diferentes instancias de seguridad, “si lo que está fallando es la coordinación, tendremos que trabajar la coordinación”.El otro problema es la politización del tema de seguridad, “en tanto siga el tema político en materia de seguridad el avance va a ser nulo”. Afirmó que pretende fortalecer las instituciones de seguridad, pero a la fecha no hay políticas públicas emanadas de la Agencia que vayan en ese camino.Cuestionado sobre la suspensión de operativos con agentes encubiertos, respondió que lo resolverá en los próximos días con la Junta de Gobierno. “Tenemos que hacer un plan de trabajo y resolver el tema de inseguridad. La situación de ayer la tendrá que resolver el juez en turno”.LA CEDHJ INICIA INVESTIGACIÓNVan 19 quejas por detenciones arbitrariasEl primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Javier Perlasca, anunció que recibió una queja derivada del enfrentamiento entre la Policía de y la Fiscalía, razón por la cual inició una investigación para esclarecer las omisiones en que pudieron incurrir ambas dependencias.De entrada, advierte dos omisiones derivadas de la queja presentada: una probable detención arbitraria y violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en tanto que al momento de la detención no se leyeron los derechos del presunto culpable.Por otra parte, a través de un acta que levantó personal del organismo la tarde del enfrentamiento, se investigará si hubo abuso de autoridad y omisiones al derecho a la seguridad pública ante el riesgo inminente de un enfrentamiento que pudo tener mayores consecuencias. La otra omisión, a decir del primer visitador, es que si bien los cuerpos policiales tienen facultades para investigar, “al parecer no existió bajo la conducción de un Ministerio Público”. En caso de comprobarse las omisiones, la autoridad responsable es la Policía tapatía.Sin embargo, las violaciones en manos de policías contra ciudadanos son una historia recurrente que tiene como responsables a los elementos de la Fiscalía y a las corporaciones municipales. Tan solo en 2016 se presentaron 63 quejas por la supuesta violación de detenciones arbitrarias, a las que se suman 19 en el primer trimestre de 2016, según datos de la CEDHJ. El problema es que del total de quejas presentadas, la mitad se encuentra en trámite y solamente hay dos ex policías detenidos que recibieron sentencia de 24 años de cárcel derivado de una recomendación de la Comisión.Recuerda que la mayoría de las quejas por detenciones arbitrarias son contra elementos estatales. El modus operandi es similar al que realizaron los agentes encubiertos de Guadalajara: se “disfrazan” de civiles, se cubren el rostro, ocultan las placas de los vehículos y patrullas, no portan identificación ni números económicos, expone el primer visitador: “Así llegan a actuar en domicilios o detienen a personas en sus vehículos o en la vía pública”.Respecto a la queja presentada ante la Comisión, estima que se tendrá respuesta entre dos y cuatro meses.UNA POLÉMICA QUE SE ARRASTRA DESDE 2007La figura de una Policía encubierta, con agentes sin uniforme e identidades no reveladas por involucrarse en delitos de alto impacto se ha discutido en la Entidad desde 2007. Esto debido a la reforma a la Ley de Delincuencia Organizada.La LVII Legislatura de Jalisco estuvo encargada de discutir esa iniciativa, pero varios actores, entre ellos el actual gobernador Aristóteles Sandoval, se opusieron al considerar que “para la correcta aplicación de esta herramienta debe realizarse modificaciones a más leyes”.La Comisión Estatal de Derechos Humanos también consideró que habría violaciones con su puesta en marcha. Incluso, Arturo Zamora opinó que la iniciativa podría generar actos de corrupción.Durante su periodo como alcalde de Guadalajara (2007-2009), Alfonso Petersen respondió que la figura era “innecesaria”, pues “a pesar de aplicarse en distintos lados del mundo, su labor no ha arrojado buenos resultados”. Descartó la aplicación de una estrategia así, porque las funciones y el perfil de sus elementos de Policía “es de carácter preventivo”.La Legislatura transcurrió y esa iniciativa no se aprobó. El gobernador interino, Gerardo Octavio Solís, afirmó que no había presión de su parte para que los diputados aprobaran la Policía encubierta.El tema no se trató públicamente hasta que, en abril de 2009, el alcalde de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, anunció la creación de una unidad especial con policías encubiertos, “con la particularidad de que su conformación permanecerá en completo sigilo, guardando la identidad de sus integrantes”.En mayo de 2011, el entonces secretario de Seguridad en Guadalajara (hoy secretario de Movilidad), Servando Sepúlveda, reveló que “ha venido implementando operativos de inteligencia policial con elementos encubiertos, con diversos objetivos y temporalidades”. Como hoy sucede en varias Entidades, la estrategia se enfocó en preservar la seguridad de cuentahabientes en los bancos.Aunque años atrás, Aristóteles Sandoval se había opuesto a la estrategia, su administración en Guadalajara destinó a 50 agentes que estaban autorizados para vigilar las calles vestidos de civil. “Nuestro objetivo era ubicar a estos delincuentes, que son unas parejas, unos que andan en un vehículo verde y un par de asaltantes solitarios, para poderlos detener después de ejecutado el hecho delictivo”, subrayó Sepúlveda en mayo de 2011. En su momento, la Policía realizaba hasta 30 operativos por semana. Aunque la estrategia fue notificada a la Policía estatal, que entonces encabezaba Luis Carlos Nájera.Sigue: #DebateInformador¿Qué opina de las labores de la Policía encubierta para combatir delitos, como robos en bancos o en el transporte público?Participa en Twitter en el debate del día @informador
