GUADALAJARA, JALISCO (09/NOV/2016).- Por considerar que el Poder Judicial tiene actualmente una profunda infiltración partidista, además de padecer de corrupción e incompetencia, este miércoles representantes del Congreso Ciudadano, del Observatorio Legislativo del ITESO, y del colectivo ¡Tómala! --que agrupa a más de 50 organizaciones civiles-- exigieron aplicarle una reforma de fondo, expuso Cecilia Díaz Romo, integrante del citado colectivo,"Consideramos que en Jalisco hay un Poder Judicial parcial y esta situación tiene implicaciones muy serias para el Estado que no solamente pone en riesgo lo político y lo económico, sino que al ser un poder inequitativo afecta libertades y derechos de todos, pero especialmente de los más desfavorecidos. Afecta a las personas cuya economía es deficiente porque la justicia depende ahora del dinero con el que se cuente, si se pueden comprar buenos abogados, o incluso jueces o magistrados".Los organismos propusieron tres puntos para una reforma al Poder Judicial. En primer lugar que ésta sea profunda y que sea de contrapeso para los poderes y no un "traspatio" del Poder Ejecutivo, señaló Sergio Beas, del Congreso Ciudadano. Para ello pidieron detener la llegada y permanencia de jueces y magistrados que hayan violado la Constitución o la Ley.Esto, en alusión al actual presidente con licencia del Supremo Tribunal, Luis Carlos Vega, quien no contaba, de acuerdo a la Constitución de Jalisco, con los requisitos para ser nombrado magistrado, toda vez que fue condenado a cuatro años de prisión por diversos delitos ocurridos en 1984, (cuando arrolló y mató a una mujer y causó otros daños) pese a que la ley admite sólo un año de pena, si es que se cuenta con este antecedente.El segundo punto, señaló Díaz Romo, es el de generar mecanismos de justicia abierta, una estricta rendición de cuentas y que incluso los juzgadores trabajen con una argumentación de sentencias "entendible" para la sociedad. A su juicio, el utilizar sólo términos legales significa una estrategia para "segregar a la ciudadanía".El tercer punto es que en los nombramientos de los magistrados y jueces se transparente el proceso y se permita que los procesos sean vigilados por la ciudadanía. Beas expuso como ejemplo que él mismo aplicó como candidato a magistrado del Consejo de la Judicatura, puesto para el que contaba con todos los requisitos. No obstante, el Congreso seleccionó a otra persona, Pedro de Alba, quien constitucionalmente no calificaba para el cargo. Esto porque su cédula profesional data de 2011, cuando se requiere contar con experiencia de abogado litigante de diez años, por lo que el Congreso omitió el requisito o mintió el magistrado.Alberto Bayardo, del Observatorio Legislativo del ITESO, anunció que los próximos miércoles y jueves se llevarán a cabo foros de discusión sobre las reformas al Poder Judicial en el Auditrio D1 del Iteso de las 18:00 a las 21:00 horas. Participarán expertos de otros países y las propuestas que se elaboren se harán llegar a los diputados locales.EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO>