Obligarían a funcionarios a publicar sus declaraciones patrimoniales

GUADALAJARA, JALISCO (13/MAY/2015).- En Jalisco, sólo 21 de los casi 700 candidatos a elegir en junio próximo han respondido al llamado de Transparencia Mexicana, de publicar sus declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial. Sin embargo, el par de diputados del Partido de la Revolución Democrática busca que todos los funcionarios estatales entreguen y permitan que se publiquen estos documentos.

Gabino Berumen Cervantes y Rodolfo Gaspar Echegaray dieron a conocer en conferencia de prensa la iniciativa "3 de 3", que busca replicar el ejercicio que impulsa durante estas campañas electorales el Instituto Mexicano para la competitividad y la agrupación Transparencia mexicana.

El coordinador del grupo parlamentario, Gabino Berumen, destacó que esta propuesta Plantea reformar diversos artículos de la Constitución local; modificar algunos articulados de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, ambas reglamentaciones de Jalisco; a fin de incluir esta figura jurídica.

También se impondrá la obligatoriedad de la autoridad encargada de recibir y publicar las declaraciones, responsabilidad que le compete al propio Congreso del Estado. A partir de que se apruebe dicha iniciativa, todas las declaraciones y el listado de los incumplidos, sería público.

De acuerdo con el documento que se presentará en la próxima sesión ordinaria, se establece una modificación a la Constitución política del Estado, en su artículo 107. De tal manera que "la autoridad encargada de recibir las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, deberá hacer pública la información contenida en ellas".

La publicación de la declaración patrimonial permitiría conocer los bienes con los que llega una persona a ocupar un cargo, pero también rastrear y cotejar si lo que compró al finalizar su administración coincide con sus percepciones salariales. Mientras que la declaración de intereses permite saber con cuáles empresas o personas está vinculado un gobernante, y si no dirige las compras a sus "amigos".


EL INFORMADOR/ OMAR GARCÍA