Manifestaciones necesarias aunque endebles para modificar decisiones

GUADALAJARA, JALISCO (23/AGO/2012).- Las manifestaciones ciudadanas son necesarias, pues estas prueban tanto al gremio político como al empresarial que la ciudadanía está en desacuerdo con las decisiones que toman en conjunto. No obstante, tienen límites ampliamente trazados al probarse como herramientas de cambio, por ejemplo, en lo que concierne al aumento a las tarifas del transporte público.

Según el investigador del Colegio de Jalisco, Rogelio Marcial, la falla inicial radica en que la relación entre autoridades y ciudadanía es lejana, pues no hay participación del sector social en la toma de decisiones que a todo mundo afectan, como es el caso en un incremento tarifario de seis a siete pesos por pasaje.  

"La ciudadanía trata de manifestarse, y eso es tanto un derecho como algo que debe estar presente para manifestar sus inconformidades. Desafortunadamente, no sirven para cambiar decisiones, pero sí para que tanto empresarios como políticos se den cuenta que su actuar no convence a un sector, amplio o no, de la población".

Pero la intensidad y "radicalidad" con la que arrancó la mega marcha de este jueves (donde varios autobuses fueron atacados con diversos objetos que les fueron arrojados mientras circulaban con pasaje), opina, difícilmente abonan a dar legitimidad al movimiento. Desde su óptica, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) busca hacer sentir que representa a los estudiantes, pero "no se pone en los zapatos de ellos".

El experto en marchas y manifestaciones señala que la sociedad jalisciense avanza en expresar su inconformidad, un tópico que no puede dejar atrás ya. "(Las marchas y protestas) son necesarias, porque me parece que optar por: 'Si no sirven de nada, ¿para qué manifestarse?', es caer en una grave falta. Dejaríamos que los grupos de poder decidieran sin oposición alguna".

El análisis que hace del alza a las tarifas es que el acuerdo "ya estaba tomado", previo a que se hiciera público a través de los medios de comunicación. Eso porque los empresarios en el ramo del transporte público fueron favorecidos sin un compromiso de mejora en contraparte.  

"Ya estaba arreglado entre el gobierno y la gente del transporte. Fue una situación de aparentar que estaban en la mesa de debate o negociación, y (cuando el aumento se autorizó) la ciudadanía ya no tuvo nada qué hacer".

Criticó la "tardanza" de la FEU para responder (una semana) con una manifestación multitudinaria, aunque dejó en claro que las formas en que se llevó a cabo el movimiento se deben a que "estamos construyéndonos en situaciones democráticas". Empero, los organismos civiles, dijo, "deben aprender que no son situaciones de un cuarto para las 12. Esto implica involucramiento".

Concluyó en que las manifestaciones "deben continuar", pues no hacerlo implicaría que la sociedad abra puerta al autoritarismo, y los gobernantes tengan manos libres para actuar sin oposición alguna.

Movimientos de cambio

Para Rogelio Marcial, aunque no en temas de transporte público, sí ha habido movimientos que cambiaron paradigmas en el actuar de la función pública, como el que ocurrió después del "Tlajomulcazo" del 4 de mayo de 2002 (una fiesta de música electrónica que fue irrumpida por policías de diversas corporaciones, quienes amagaron a los asistentes y que, a la postre, se consideró en un caso de represión juvenil en la Entidad).  

También destaca el caso del 28 de mayo de 2004, cuando las protestas contra la tercera Cumbre de América Latina, El caribe, y la Unión Europea; otras tantas protestas en pro de los derechos humanos de los indígenas y la diversidad sexual, que "en definitiva han influido en las políticas públicas y son expresiones ciudadanas que los gobernantes han volteado a ver".

Línea del tiempo:

-Septiembre de 1999

El transporte público aumenta a tres pesos; antes de ello, el pasaje costaba 2.50. Corría la administración estatal encabezada por Alberto Cárdenas Jiménez, quien condicionó el aumento a una mejora en la prestación del servicio y la reducción al número de muertes ocasionadas por los camioneros.

-Noviembre de 2001

La tarifa para la Alianza de Camioneros sufre un nuevo incremento, de tres pesos a 3.50. El gobernador en turno era Francisco Ramírez Acuña; sacó de la jugada al resto de las compañías transportistas por no haber implementado las capacitaciones requeridas a su personal.  

-Marzo de 2005

Luego de más de tres años sin variaciones, el costo del pasaje sube nuevamente y llega a cuatro pesos, hecho que generó protestas por parte de la comunidad estudiantil, aunque de igual forma el cambio tarifario entró en operación.  

-Diciembre de 2006

Un incremento más. El boleto de traslado en los camiones de Guadalajara llega a 4.50 pesos. Previo a esto, el gremio transportista realizó un paro general para generar presión al gobierno, y que éste accediera a un peso de incremento; al final se permitió sólo la mitad de lo solicitado.

-Marzo de 2008

Entra en vigor incremento al precio del pasaje, de 4.50 a cinco pesos en la ZMG; el líder de la Federación de Estudiantes Universitarios, César Barba Delgadillo, reúne 130 mil firmas para activar un referéndum que obligue al Gobierno del Estado a echar atrás el aumento. El gobernador expone que es inviable esa propuesta.

-2009*

No hubo alza alguna en las tarifas, aunque durante seis meses el Gobierno del Estado subsidió a los transportistas con 48 centavos por pasaje, emanados del erario público. El apoyo que inhibió incrementos a las tarifas alcanzó los 258 millones de pesos.

-Diciembre de 2009

Es aprobada otra modificación de tarifas del transporte público en el Estado; pasa de cinco a seis pesos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, seis pesos con 50 centavos en Puerto Vallarta, y cinco con 50 en el interior del Estado. Se anuncia que el cambio entra en vigor hasta el 6 de enero de 2010.

-Octubre de 2011; Julio de 2012*

A manera de apoyo por los incrementos sustanciales al costo de diesel, el Gobierno del Estado entrega 74 millones de pesos para evitar un nuevo aumento al costo del transporte público. Es el segundo subsidio que concede la administración estatal en curso para este fin.  

EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA