La discusión presupuestal

Lo que no está bien es que la bolsa con pesos para educación superior se jalonee en la calle porque un gobernador ha decidido que él reparte el dinero. Eso no está bien, no puede ser. Tanto trabajo que costó meter esa discusión a los congresos.

A ver, los pesos de más o de menos que requiere una institución de cualquier tipo no se asignan al arbitrio de un solo personaje, sea éste un rector o un gobernador. Los pesos que son de todos, que provienen básicamente de los impuestos y de la producción de petróleo, se distribuyen con base en complejos mecanismos de coordinación fiscal, siguiendo criterios de necesidades, logros y subsidiaridad. Estos criterios pasan, por supuesto, un control político democrático, que es el de los congresos. Los diputados federales se sacan sangre para establecer prioridades en la bolsa nacional (de donde parte una buena dosis de la bolsa estatal) y lo mismo sucede en los estados: los legisladores de distintos partidos políticos arrancan corazones y venden a sus madres al negociar el presupuesto de cada año y aprobar lo que le toca a sus universidades.

Es una carnicería legislativa, una guerra entre poderes, el momento más álgido en el año de trabajo de los diputados, todos lo saben. Y está bien: se garantiza cierto orden en el procedimiento y se limita al recinto la salpicadera de sangre.
La Universidad de Guadalajara (UdeG) lo sabe bien. Cada año gestiona recursos ante las cámaras, ante los partidos, y aunque busca recursos concursables ante otras instancias, el monto más grande lo gestiona siempre ante los congresos; el monto fijo, digamos.

Pero he aquí que, de pronto, fuera de los espacios institucionales para discutir los pesos, la UdeG y el Gobierno del Estado están enfrascados en una rebatinga por dinero. El Gobierno del Estado, controlado por el grupo político A, considera que el grupo político B, instalado en la UdeG, no debe recibir más recursos porque no los usa como debería. Por su parte, el grupo político B, además de reclamar con justicia dinero ya prometido, pide más porque sabe que la bolsa del Estado creció. Y muestra músculo en la calle, mientras las opiniones se dividen y la discusión pierde sus límites (ahora ya se trata de acabar con un ex rector, molestar a un gobernador, perder clases o ponerse la camiseta…).

Y listo. Que el diseño institucional democrático se friegue. Que la discusión presupuestal se saque a las calles porque el gobernador la quiso para sí. Que la distribución de pesos deje de ser un asunto que la sociedad decide a través de sus espacios de representación, que se convierta en un tema de rentabilidad política, que pierda forma. No, eso no puede ser. Urge, por lo visto, una reforma presupuestal que vuelva a encauzar la discusión al espacio deliberativo que le corresponde. Tanto trabajo que costó meterla al Congreso.