Viernes, 10 de Octubre 2025
Jalisco | Los magistrados impugnados nunca asumieron sus cargos, argumenta

La Corte tomó una decisión “injusta”: diputado Macías

El legislador estaba al frente de la Mesa Directiva del Congreso cuando se tomó la decisión que, según la Suprema Corte, implicó desacatar una orden

Por: EL INFORMADOR

El diputado Gustavo Macías (al centro), durante una sesión del Congreso.  /

El diputado Gustavo Macías (al centro), durante una sesión del Congreso. /

GUADALAJARA, JALISCO (11/ABR/2012).- La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular la designación de cuatro magistrados jaliscienses fue injusta, pues el hecho no quedó consumado: los funcionarios del Poder Judicial nunca asumieron el cargo, opinó el diputado Gustavo Macías Zambrano, quien presidía la Mesa Directiva del Congreso del Estado cuando se tomó la decisión.

“Como lo expuse ante la Corte, nunca me enteré de la resolución de suspender los nombramientos y no estaba obligado a lo imposible”, puntualizó el entrevistado.

El diputado panista refirió que la resolución fue tomada por el pleno del Congreso y la sanción debería ser compartida.

“Es una responsabilidad compartida: participamos todos; nunca hubo intención de generar dolo, ni violar ninguna disposición legal. Nuestra intención no fue actuar en contra de una acción legal; es una decisión compartida, colegiada y las resoluciones son de todos los diputados”.

Macías estaba al frente de la Mesa Directiva del Congreso cuando se designó a los magistrados, el 23 de agosto del año pasado, y recordó sobre el tema que la defensa legal corrió a cargo de la Dirección Jurídica del Congreso del Estado, para lo que se contrató un despacho externo.

Señaló que aún no conoce la resolución, pero dijo confiar en que aún sea posible recurrirla, aunque reconoció la autoridad de la Corte.

Se dijo sorprendido con la resolución y lamentó que el tema se dé en medio de un proceso electoral; a pesar de esta resolución, que prevé la posibilidad de iniciar un proceso penal en su contra, dijo confiar en que no se verá afectada su candidatura a la diputación federal por el distrito 1.

“Al final no he robado, ni matado, ni he cometido ningún delito; actúe como presidente del Congreso, no fue un tema personal. Lo puse a consideración del pleno. Estoy tranquilo”, aseguró.

Ayer mismo, el actual presidente de la Mesa Directiva, el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, informó que la SCJN no ha notificado al Legislativo sobre su resolución.

LA VOZ DEL EXPERTO
Abuso de autoridad

Carlos Enrique zuloaga (experto en derecho)


El diputado local panista Gustavo Macías Zambrano podría ser procesado por el delito de abuso de autoridad, tras ser señalado por la Suprema Corte como responsable de la violación a la suspensión dictada por el ministro Sergio Valls, pues era entonces el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco.

Carlos Enrigue Zuloaga, experto en derecho y miembro del Colegio de Notarios de Jalisco, indica que Macías Zambrano, por su calidad de diputado local, antes de ser procesado penalmente deberá enfrentar un juicio político para perder el fuero.

Aunque el jueves la Suprema Corte resolverá si el expediente es turnado a la Procuraduría General de la República para ejercer acción penal ante un juez, o si ésta consigna el caso —pues la ley indica que la autoridad responsable de no obedecer un auto de suspensión debidamente notificado será sancionada por abuso de autoridad—, primero hay que realizar un proceso de desafuero local; al proceder, la Procuraduría local indica al Congreso federal que debe desaforar al funcionario y luego dicta una resolución.

TELÓN DE FONDO

La clave, una notificación que llegó... ¿tarde?


El 23 de agosto, los diputados del Congreso del Estado nombraron en sesión plenaria a cuatro nuevos magistrados, a quienes les tomaron protesta, aunque nunca ocuparon sus cargos. Luego de este nombramiento, los poderes Ejecutivo y Judicial consideraron que el Congreso incurrió en una serie de ilegalidades, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había determinado que dichos nombramientos no se podían concretar hasta que ella no resolviera de fondo las controversias interpuestas por ambos poderes.

Empresarios y especialistas acusaron al Congreso de hacer los nombramientos al vapor. El 26 de agosto, Juan Manuel Lepe González, presidente del Colegio de Abogados Libres de Jalisco, adelantó que los diputados fueron responsables de desacatar un fallo de la Corte y podrían enfrentarse a un proceso de desafuero y luego a una acusación penal: “Lo ocurrido en el Congreso representa una desobediencia al mandato legítimo de una autoridad judicial en el desempeño de sus funciones”, resumió en aquel momento.

El diputado panista Gustavo Macías Zambrano era entonces el presidente del Congreso, por estar al frente de la Mesa Directiva. Entonces reconoció que fueron notificados por la SCJN, pero de manera tardía, a las 17:25 horas, una hora después de que los magistrados habían sido nombrados.

No obstante, existen documentos que demuestran que el notificador de la Corte entregó la copia de la resolución a las 14:50 horas, con su respectivo sello de recibido por la Oficialía de Partes del Legislativo, antes de que se llevaran a cabo los nombramientos.

Macías se justificó: “Pudo llegar el documento antes de las cuatro de la tarde, cuando se nombró a los magistrados, pero como presidente de la Mesa Directiva fui notificado hasta después de las cinco”.

No obstante, Lepe reviró: “Al momento en que el documento llega a la Oficialía de Partes, el Poder Legislativo se da por enterado. Si se la pasaron al presidente de la Mesa Directiva al día siguiente o un mes después, no importa, porque desde ese momento se da por conocido”.

En este mismo sentido se pronunció el entonces diputado federal Arturo Zamora, quien anticipó el 28 de agosto el desacato.

Señaló que el argumento del Legislativo no tenía sustento, pues, para efectos jurídicos, fue notificado desde el momento en el que la Oficialía de Partes recibió la notificación. De hecho, dijo que los diputados enviaban “un mensaje negativo a la credibilidad en el ámbito de justicia, un mensaje de injerencia indebida, de un poder del Estado a otro, y se entra en un desprestigio de las instituciones, que hoy que están tan necesitadas de credibilidad”.

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