Jalisco, rezagado en imparcialidad de jueces

GUADALAJARA, JALISCO (07/MAR/2013).- Las investigaciones son muy claras al respecto: sobre la competitividad de Jalisco recae un pesado lastre de un Poder Judicial poco eficiente, sin imparcialidad y opaco. Los resultados del estudio sobre “Administración de Justicia” del Consejo Coordinador Financiero de la Asociación de Bancos de México (ABM) coinciden con el ranking que presenta el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) cada dos años sobre competitividad en los estados, y en donde Jalisco encuentra en el sistema de impartición de justicia un duro freno para convertirse en un Estado dinámico y pujante en materia económica.

Cada uno de los elementos resulta más preocupante que el global de estado de derecho que coloca a Jalisco en la posición número 26 a nivel de entidades federativas. Los datos más preocupantes son los relacionados con la eficiencia del Poder Judicial: en el índice de eficiencia de ejecución de sentencias, Jalisco se encuentra a menos de la mitad del camino de alcanzar a estados como Nayarit, que se encuentran a la cabeza en esta medición. De la misma manera, el Estado presenta rezagos muy importantes en materia de calidad institucional para impartir justicia y en términos también de la duración de los procedimientos mercantiles, lo que provoca una merma en la posibilidad de recibir mayores montos de inversión privada.

Las causas son muchas y muy variadas. Por un lado la saturación de demandas por resolver en los juzgados provoca que los jueces no puedan cumplir plenamente con estándares de eficiencia en la resolución de las querellas de los ciudadanos. Si se revisan a detalle los datos de demandas a resolver por juzgado, la cifra es abrumadora: para cumplir eficientemente el trabajo los jueces tendrían que resolver cerca de tres juicios cada día, lo que es materialmente imposible.

Otra de las causas que afectan al Poder Judicial es el tema presupuestal. Existe una inercia de poco crecimiento en el monto de recursos que van hacia la impartición de justicia, una inercia que se explica por la relación forjada entre Poderes durante los años de hegemonía priista y que se mantuvo en los gobiernos del PAN. Actualmente, al Poder Judicial sólo va 1.24% de los recursos que ejerce anualmente el Estado, siendo una de las entidades que menos dinero destina al Poder Judicial. Por ejemplo, el Distrito Federal (DF) destina al pago de jueces, magistrados e impartición de justicia, en general, el triple en proporción a Jalisco (3.46%) y cinco veces más en montos absolutos. Nunca, en los últimos años, el Poder Judicial ha logrado recibir aumentos presupuestales mayores a la inflación, por el contrario, en términos reales pierde año a año, lo que complica su operación. Ante esto, el nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, pide “autonomía presupuestal” para el Poder Judicial.

La eficiencia del Poder Judicial también se encuentra frenada por un proceso de deterioro de la posibilidad de ejercer una carrera judicial. Los egresados de las aulas de las facultades de leyes conocen el camino para llegar al Poder Judicial: relaciones políticas. La falta de autonomía política de la estructura del Poder Judicial provoca que los jueces estén vinculados directamente a los magistrados y éstos, a su vez, tienen relaciones políticas con legisladores y poderes políticos en Jalisco. La forma en que se elige a los magistrados crea esta relación de complicidad: la clase política se divide por cuotas el acceso a espacios de magistrados y esto provoca que la justicia esté partidizada y al servicio de los intereses políticos. El acuerdo para elegir a magistrados se arrastra desde legislaturas anteriores, y es una serie de equilibrios entre intereses de grupos que se mantienen a pesar del cambio de los diputados que ocupan las curules.

La falta de transparencia es también un lastre en el Poder Judicial. Navegar por sus páginas de internet es una muestra de la poca información que se puede obtener. No hay acceso ni a los presupuestos, ni a los gastos. Los egresos en materia de administración de justicia son sumamente discrecionales y con pocos controles. Según la evaluación que hace el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei), el Poder Judicial es más opaco que el Poder Ejecutivo, tanto en la publicación de información fundamental en sus portales web, como en la respuesta a interrogantes que recibe de parte de los ciudadanos. Mientras la calificación promedio de cumplimiento del Poder Judicial es de 76%, en el caso de las dependencias del gobernador alcanza 80 por ciento.

Dentro del Poder Judicial, el Tribunal Electoral es el espacio de mayor opacidad y falta de transparencia. Incluso, si se analiza con más detalle, muchas de las recomendaciones del Itei hacia instancias del Poder Judicial tienen que ver con su falta de vigencia en los datos y la poca información presupuestal.

UN PODER OPACO
Consecuencias: menos competitividad e inversión

Las consecuencias de un Poder opaco e ineficiente tienen impacto en el desarrollo económico y en el bienestar social. Por un lado, como lo demuestran el Imco y la ABM, Jalisco tiene elementos muy positivos que lo hace un Estado competitivo y con fortalezas para atraer muchas de las inversiones del mercado global. Por ejemplo, en el estudio sobre competitividad del Imco, Jalisco despunta en indicadores relacionados a la competitividad en el mercado internacional, un mercado interno dinámico y con buena educación. Sin embargo, todos estos aspectos positivos se ven ensombrecidos por un sistema de impartición de justicia que coloca a Jalisco en una de las posiciones más débiles para ofrecer a inversionistas extranjeros certidumbre jurídica y aplicación expedita de la ley.

La seguridad y la administración de justicia tienen impacto en el desarrollo económico. A nivel estatal se calcula que la Entidad ha dejado de recibir inversiones privadas y extranjeras por montos de nueve mil millones de pesos a causa de la inseguridad pública.

Una consecuencia alarmante de la falta de eficiencia en el Poder Judicial es la ausencia de denuncia y la degradación de su imagen entre los ciudadanos. La cifra de delitos no denunciados en Jalisco sigue creciendo sin parar. Por ejemplo, en 2012 sólo se denunció 11% de los delitos cometidos en la Entidad, mientras que prácticamente nueve de cada 10 delitos ni siquiera son denunciados ante la falta de confianza en la estructura que administra e imparte la justicia en Jalisco.