Improcedente, juicio político en mi contra: Víctor Sánchez

GUADALAJARA, JALISCO (23/JUL/2014).- El juicio político que se analiza en la Comisión de Responsabilidades en contra del diputado del Pan, Víctor Manuel Sánchez Orozco y la ex directora Jurídica, Raquel Álvarez es improcedente, afirmaron ambos señalados.

El legislador disidente del PAN, Víctor Sánchez manifestó sus argumentos, dijo que no existe irregularidad alguna en presentar denuncias en contra de quienes resulten responsables por el presunto fraude cometido por la Consultora López Castro y Compañía que pactó con el Poder Legislativo un servicio de ahorros por pago de impuestos que supuestamente no cumplió.

Filiberto Ruiz Gómez, representante de la Consultora presentó una denuncia en contra del diputado y de la ex abogada del Legislativo, señaló que esa denuncia no procede porque no contó con el aval del pleno y porque el caso López Castro ya fue revisada por una autoridad judicial.

Para el diputado, Víctor Sánchez, la Ley faculta a todo servidor público o a cualquier ciudadano a presentar denuncias de posibles delitos.

"Tenemos obligación legal como servidores públicos y ciudadanos de denunciar, no falto a mi deber como servidor público porque este caso López Castro hay una serie de hechos delictuosos en agravio del Congreso. Ellos, (los diputados) tendrían responsabilidad por no presentar denuncias", dijo el panista quien expuso que su única intención es ahorrarle al Legislativo 100 millones de pesos.

El diputado local, integrante del llamado G9, estimó que la contratación de la Consultora López Castro "es un negocio para unos cuantos que alcanza a ex diputados y parece que algunos diputados locales".
Víctor Sánchez Orozco sostuvo que aún no ha sido notificado oficialmente de la petición de juicio político.

Por su parte, la ex abogada del Congreso, Raquel Álvarez calificó como un intento de fraude, el cobro millonario que hace la empresa y que diputados de varias legislaturas aceptaron pagar. La ex funcionaria de ese poder consideró que hay elementos para que el Poder Legislativo pudiera proceder penalmente.

EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ