En junio, foros para el sistema anticorrupción

GUADALAJARA, JALISCO (27/MAY/2016).- Retomando algunas iniciativas de la Legislatura pasada y creando foros de discusión, los actuales diputados se adelantarán a las reformas secundarias en materia anticorrupción a nivel federal. En concreto se anticiparán a la discusión y eventual aprobación de la “ley tres de tres”, la eliminación del fuero y la instalación de una Fiscalía anticorrupción.

En las discusiones internas entre las diferentes fracciones parlamentarias, los legisladores han coincidido en que estos temas deberán ser discutidos ante el pleno. Esto, luego que durante abril el Senado de la República pospuso la discusión del paquete de reformas anticorrupción para el segundo periodo de sesiones en septiembre próximo, aunque algunos políticos han referido que se podría abrir un proceso extraordinario en julio.

Desde junio de 2013 permanece en la congeladora la iniciativa que plantea la creación de una Fiscalía anticorrupción, propuesta por la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la LX Legislatura. Sin embargo, en noviembre del año pasado, la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) presentó un paquete de 10 reformas en la que sobresalió la instalación de este organismo y la propuesta para designar a un titular elegido por el Congreso del Estado.

De acuerdo con los coordinadores de las fracciones parlamentarias, en junio arrancarán los foros temáticos para abordar la consolidación de dicha Fiscalía, los alcances de la eliminación del fuero y la obligatoriedad de que todos los funcionarios públicos de Jalisco cumplan con la publicación de sus declaraciones de fiscales, patrimoniales y de intereses en conflicto (conocida como “ley tres de tres”), pero en esta ocasión que sean públicas (porque hoy sólo se presentan ante la Contraloría del Estado, el Congreso o la Auditoría Superior de Jalisco).

Los foros serán organizados por la bancada del PAN y se centrarán en cuatro ejes temáticos: el sistema estatal anticorrupción, se pondrá sobre la mesa modificaciones a la Ley de Obra Pública y Ley de Adquisiciones, así como el retiro del fuero y la “ley tres de tres”.

El coordinador de los diputados panistas, Miguel Ángel Monraz, señaló que los legisladores jaliscienses están obligados a aprobar en los próximos días las reformas en materia de transparencia.

“Estamos puestos desde hace varios meses para que se ejecuten las reformas necesarias para combatir de frente y de manera frontal la impunidad y la corrupción”.

Antes de entrar a este debate, los 39 diputados de la LXI Legislatura ya discutieron y aprobaron las reformas en materia de Participación Ciudadana, que están en proceso de ser avaladas por los 125 ayuntamientos de Jalisco.

Temas durante los foros

• Cultura de legalidad en escuelas de educación básica.

• Capacitación obligatoria de servidores públicos.

• Inhibir licitaciones simuladas en el sector público.

• Despedir a servidores públicos corruptos.

• Suspender derechos públicos a servidores públicos corruptos.

• Protección laboral a servidores públicos que denuncien corrupción.

• Fomentar la denuncia ciudadana.

• Creación de la Comisión Legislativa Anticorrupción.

• Obligar a servidores públicos a presentar su declaración patrimonial, de interés y fiscal.

• Medir sistemáticamente actos de corrupción.

Nueva Fiscalía, la más atorada

Con las propuestas presentadas por los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y de los del Partido Revolucionario Institucional ( PRI), en los próximos días se someterá a discusión en el Congreso la instalación de una Fiscalía anticorrupción.

El coordinador de los diputados panistas, Miguel Ángel Monraz Ibarra, informó que en noviembre pasado presentaron un paquete con 10 reformas, en el que se incluyó la propuesta de instaurar este organismo con autonomía financiera y administrativa en el Estado.

Además, se planteó que el pleno se encargue de realizar los procesos de designación para elegir al fiscal anticorrupción.

De acuerdo con Monraz Ibarra, el perfil de los candidatos deberá de ser académico y con experiencia comprobada en la materia.

“Lo anterior, para que de verdad sea un fiscal que pueda investigar cualquier acto de corrupción e incidencia o sospecha en cuanto al actuar de los funcionarios públicos”.

Por su parte, el priista Hugo René Ruiz Esparza respondió que se propondrá la instalación de un comité coordinador integrado por la Fiscalía General del Estado, la Auditoría Superior de Jalisco y la Contraloría del Estado. El organismo será responsable de investigar y emitir los procesos de sanción correspondientes contra los servidores públicos que cometieron chantaje, cohecho, nepotismo o soborno.

“Crear una fiscalía especializada sería dentro del marco para ejercer las acciones penales, no nada más la evaluación y el control del recurso público, que es lo que hace la Contraloría del Estado o la Auditoría. A esto se sumaría la persecución en materia penal de los delitos que resulten de los ejercicios de fiscalización”.

Puntualizó que una de las aportaciones que tendrá dicho organismo será agilizar las penas contra involucrados en estos hechos, ya que actualmente las denuncias por estos supuestos se acumulan en la Fiscalía sin un tratamiento específico.

En junio de 2013, los diputados del PRD presentaron la iniciativa de la Fiscalía anticorrupción; incluso realizaron foros ciudadanos, pero la propuesta no se aprobó.

EL TAE, OTRA VEZ EN LA MIRA

En el marco de las discusiones de las iniciativas anticorrupción, los diputados del PRI aprovecharán para iniciar con el debate de las reformas a las que será sometido el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE).

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Hugo René Ruiz Esparza, informó que propondrán reestructurar sus atribuciones.

Explicó que se dotará de facultades al TAE para sancionar a los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción.

Para ello, se propondrá que una de las cuatro salas unitarias se dedique a la revisión de los malos manejos de los recursos públicos y el enriquecimiento ilícito.

“Por lo menos debe haber una sala especializada en el Tribunal dedicada exclusivamente a atender los temas anticorrupción y que el magistrado sea electo en principio de la mayoría relativa”.

Asimismo, las reformas proponen la creación de un comité coordinador integrado por la Auditoría Superior, la Contraloría, el presidente del Tribunal, la Fiscalía anticorrupción, un contralor de un Ayuntamiento y un miembro de la sociedad civil.

Hugo René puntualizó que esta medida será el primer paso que impulsarán los diputados priistas para reformar ese organismo.

Destaca que durante la sesión solemne en la que se celebró el inicio de los trabajos de la LXI Legislatura, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció que propondrán reformas en materia de justicia administrativa para reestructurar las funciones del TAE y se impulsarán iniciativas que promueven castigos para los actos de corrupción.

A principios del año se presentó ante el pleno una iniciativa que impone un candado al Tribunal.

Se trata de un planteamiento realizado por el diputado del Verde, Enrique Aubry en el que propuso eliminar la figura de “afirmativa ficta” en resoluciones donde se atente contra zonas con alto valor patrimonial y ambiental.

Al entrar en funciones en noviembre pasado, los 39 diputados se comprometieron a revisar los alcances para reformar las atribuciones del TAE, señalado recientemente por aprobar recursos legales que promueven, por ejemplo, la edificación de torres o fraccionamientos, incluso en zonas como el Bosque Los Colomos.  

Por su parte, en la congeladora se encuentra una iniciativa presentada por los diputados panistas de la pasada Legislatura, quienes pidieron invalidar la figura de “afirmativa ficta” cuando un grupo de ciudadanos o asociaciones vecinales consideren que se afectan sus derechos con los recursos promovidos por el Tribunal para la construcción de desarrollos habitacionales.

Piden “blindarse” de intereses electorales

Luego que en el Senado de la República se pospuso la discusión para aprobar las reformas en materia anticorrupción, los organismos civiles han aplicado mecanismos de presión a través de las redes sociales para que el tema no sea postergado.

Javier Contreras, miembro de Wikipolítica en Jalisco, apuntó que el proceso electoral que se registrará en algunas entidades del país el próximo mes fue un factor clave para postergar la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y la “ley tres de tres” en el Senado.

En el caso de Jalisco, Javier Contreras aplaudió que los diputados locales tengan el interés de impulsar iniciativas de vanguardia para contar con avances en materia anticorrupción, previo a que los senadores aprueben las reformas secundarias.

No obstante, exhortó a los diputados a no tomar estos temas como una bandera política con miras a las próximas elecciones.

“Tratar estos temas es su responsabilidad. Lo que pedimos es que esto no se empantane con intereses particulares de los partidos políticos”.

En abril pasado, organismos civiles presentaron ante el Senado de la República 634 mil firmas para impulsar la “ley tres de tres” en México.

En tanto, los miembros de Wikipolítica y Ciudad Pixel presentaron recientemente una plataforma en internet denominada Fuerono.org para que los ciudadanos presionen a sus diputados locales y federales para que aprueben el paquete de reformas en materia anticorrupción.

LA MÁS POLÉMICA

“Temen” por la seguridad de sus familiares

Aunque la mayoría de las fracciones avala la obligatoriedad de que todos los funcionarios públicos transparenten sus declaraciones patrimoniales y fiscales que plantea la “ley tres de tres”, existen expresiones políticas que piden profundizar en el análisis de las declaraciones de intereses, en donde deben informar sobre las relaciones que tienen con empresas, principalmente.

Esta postura la sostiene el diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), José García Mora, quien considera que puede ser riesgoso publicar el patrimonio de sus familiares y sus allegados. Por ello, pidió que el debate se centre en buscar los mecanismos para “blindar” la información que perjudicaría a terceros.

“Un funcionario que sea invitado a transparentar el ‘tres de tres’ debe tener las garantías de que su declaración no sirva como atractivo o tentación para actos ilícitos en su contra”.

Aunque están a favor de cumplir con este requisito, los diputados priistas y panistas también consideran que puede exponerse la seguridad de familiares.

“Los funcionarios sabemos que tenemos que ser transparentes con el manejo de nuestros recursos y que la ciudadanía pueda consultarlos. Pero cuando se involucra a terceros que no son funcionarios, que son familiares, deberá de analizarse la armonía de esta iniciativa con la ley de protección de datos personales”, acentuó el priista Hugo René Ruiz Esparza.

En contraste, el legislador independiente Pedro Kumamoto y el coordinador de los diputados del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), Ismael del Toro Castro, coinciden que la transparencia del patrimonio de cada uno de los funcionarios públicos es una responsabilidad que se adquiere ineludiblemente al asumir un cargo.

“Opino que si nos dedicamos a un cargo público se debe conocer lo que tenemos y, evidentemente, hasta en los temas de seguridad y responsabilidad no podemos aducir falta de seguridad para limitar la transparencia”, indicó Ismael del Toro, quien reconoció que la propuesta que plantea obligar a los funcionarios a transparentar el patrimonio de familiares será uno de los puntos que podría entrampar la aprobación de la medida.

Actualmente, de los 39 diputados que conforman la LXI Legislatura, 33 han subido sus declaraciones patrimoniales y fiscales a las plataforma tresdetres.mx (de la organización Transparencia Mexicana). Destaca que la totalidad de las fracciones de MC, PAN y PVEM, así como el diputado independiente Pedro Kumamoto y José García Mora, del Panal, cumplieron con el requisito. Mientras que en la del PRI todavía faltan dos diputados y uno más del PRD.

INTEGRADA POR CIUDADANOS, ACADÉMICOS Y DIPUTADOS

Proponen una comisión mixta para retirar el fuero

A la discusión legislativa sobre retirar el beneficio del fuero a los políticos, se sumó el mes pasado la iniciativa del diputado independiente Pedro Kumamoto que plantea la creación de la figura de juicios ciudadanos.

Actualmente, la Comisión de Responsabilidades en el Congreso del Estado es la encargada de darle trámite a las solicitudes de juicios políticos en el Estado. Sin embargo, la anterior Legislatura sólo pudo dar procedencia a dos de los 46 casos presentados.

“Lo que queremos evitar es que se desechen solicitudes de juicio político que valgan la pena… y para eso queremos dotar de posibilidades de investigar en conjunto”, acentuó Pedro Kumamoto.

La propuesta incluye reformas a la Constitución Política del Estado, a la Ley Orgánica del Congreso de Jalisco y a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

Además plantea la creación de una comisión mixta integrada por cinco ciudadanos y cinco académicos que, en conjunto con la Comisión de Responsabilidades del Congreso, determinarán si es procedente o no un juicio político.  

“Ellos definirían sí es un golpe político o sí en realidad hay materia para investigar, procesar o desarrollarles el juicio político a los funcionarios. Sería el Congreso del Estado quien determinará si procede o no al final”, apuntó el diputado independiente.

Las resoluciones de este órgano serán enviadas al Tribunal Electoral, para que sean emitidas las respectivas sentencias.

En un inicio, la propuesta de Kumamoto fue rechazada por Ismael del Toro Castro, ya que consideró que la medida podría restar autonomía a las facultades del propio Legislativo.

Respecto a la eliminación del fuero, Del Toro reconoció que la discusión podría generar polémica, ya que existen expresiones políticas al interior del Legislativo que respaldan la idea de que el retiro de fuero no aplique a todos los funcionarios públicos.

“Sí hay comentarios de que el fuero no sea para todos. Pero, por la cantidad de iniciativas presentadas y por lo que hemos platicado, esperemos que sea parejo, que se le retire ese privilegio a los políticos y seamos tratados como cualquier ciudadano en cuanto a un delito”.

Actualmente se han presentado tres iniciativas para retirar el fuero de la Constitución de Jalisco. De éstas destaca el acuerdo planteado por el diputado José García Mora, quien respalda la eliminación de dicho privilegio, pero a su vez pide que la libertad de expresión sea respetada.

“El tema es que la expresión de las ideas no debe ser conculcado. En eso tenemos que luchar todos. El fuero no puede eliminar la libertad de expresión”.

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