En el sexenio, 207 policías han sido consignados

GUADALAJARA, JALISCO (17/MAY/2012).- Durante este sexenio la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJEJ) ha consignado a 207 policías de las fuerzas de seguridad en la Entidad, por su involucramiento en hechos y actividades delictivas como secuestro, homicidio, extorsión, allanamiento de morada y abuso de autoridad.

En tanto concluye el proceso de depuración con las pruebas de control de confianza por el que atraviesan las instituciones de seguridad y el Ministerio Público, la PGJE ha ido confirmando por su cuenta y con sus propias indagatorias el involucramiento en actos ilícitos de este grupo de oficiales; 113 eran policías municipales (54.5%) y cinco, estatales (2.4 por ciento).

Pero los problemas también se encuentran al interior de la Procuraduría: sus registros de 2007-2012 constatan la consignación de 63 elementos de su Policía Investigadora (30.4%), quienes son los encargados de recabar las pruebas de los delitos, y 14 agentes del Ministerio Público (6.7%), primeros responsables de integrar las averiguaciones previas.

La Procuraduría también ha dado con elementos que salieron de sus filas para involucrarse en actividades delictivas: 10 ex agentes del Ministerio Público y dos ex policías investigadores o ministeriales, que representan juntos el 5.7% restante.

Un caso muy llamativo es el de Rodolfo Granados Carreón, policía de Zapopan al momento de ser detenido (consignado en abril de 2012), quien reconoció formar parte de la organización criminal “La Resistencia” y fue involucrado en al menos siete homicidios. Fue detenido, además, junto a un menor de 17 años, “El Rojo”, quien habría participado en la muerte de las 26 personas encontradas en los Arcos del Milenio en noviembre de 2011 (EL INFORMADOR 16/ABR/2012).

Granados Carreón, identificado con los alias de “El Jefazo” o “El Poli”, ya había pasado por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Jalisco en 2010, donde obtuvo resultados reprobatorios porque dio positivo en el examen toxicológico. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que los elementos que no superen las pruebas de confianza deben ser cesados de inmediato. Los resultados de los exámenes de “El Jefazo” se le notificaron a la Dirección de Seguridad Pública de Zapopan en diciembre de 2010, pero, en lugar de que lo despidieran, sólo se le excluyó del patrullaje para hacerlo guardia de las instalaciones de la institución.

Entre el momento en que se notificaron los resultados (diciembre de 2010) y su detención y consignación (abril de 2012) hay indicios de su involucramiento aún como policía de Zapopan en, al menos, cuatro homicidios. Se investiga, además, que recibía 10 mil pesos quincenales del grupo criminal por entorpecer el trabajo de las fuerzas de seguridad ante la comisión de nuevos homicidios.

El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza está obligado legalmente a terminar este año con la depuración de las instituciones para evitar este tipo de infiltraciones; el universo a evaluar en Jalisco es de 23 mil 612 elementos y la tendencia de reprobación es de uno de cada cuatro oficiales; 2012 podría terminar con la salida de, por lo menos, cinco mil 900 policías... que luego deberán ser sustituidos con elementos ya evaluados.

LA VOZ DEL EXPERTO
Emergen las instituciones “vulnerables”

Dante Jaime Haro Reyes,
 (profesor investigador de la Universidad de Guadalajara)

La consignación de 207 integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado y los municipios, así como del Ministerio Público, en el periodo 2007-2012, delinea una “situación preocupante” sobre la confiabilidad de estas instituciones, apunta Dante Jaime Haro Reyes, especialista en seguridad pública: “Lo que se puede ver es precisamente la necesidad de limpiar estas corporaciones, tanto la Policía Investigadora como la policía preventiva”.

Una cifra tan alta de consignados al interior de las Policías y el Ministerio Público expresa también las deficiencias actuales en la formación y la selección de los elementos y la vulnerabilidad de estas instituciones para ser infiltradas, agrega el doctor en Derecho por la Universidad de Heidelberg, Alemania, quien destaca que la clave está en cumplir con la depuración a la que obliga la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Acerca de los casos de oficiales ligados con el crimen organizado, como se ha presentado en Zapopan y Tonalá, opinó: “Si podemos ver que estas personas han estado operando y dejaron de operar hasta hace muy poco, y que estaban, de alguna manera, con un motivo para ser cesados, desde luego que se vuelve preocupante  por el tema de la penetración de la delincuencia organizada en instituciones como las Policías y la Procuraduría”.

Si uno de cada cuatro policías no pasa las pruebas de control de confianza y, por tanto, al menos 25% de los policías será cesado, Haro Reyes señala que es momento de crear un mecanismo de seguimiento sobre estos futuros ex elementos, para evitar que vayan a engrosar las filas criminales. Hay ejemplos exitosos en Alemania, abunda, donde agentes con alto nivel de especialización, hallados con nexos delincuenciales, no salen del todo de la mira de las autoridades, sabedoras del impacto de que se afiliaran a bandas criminales.

CONTROL INTERNO
Policías y funcionarios, en la mira

Fernando Luna Luna, ex director operativo de la Policía de Tonalá

Consignado el 21 de febrero de 2012. Fue acusado de formar parte de una banda de secuestradores a la que se le vincula con el “Cártel de Jalisco Nueva Generación”. Había sido evaluado con las pruebas de control de confianza dos años antes, pero fue ascendido en noviembre de 2011 sin pruebas nuevas.

Martín Mora González, policía de Zapopan

Consignado entre los 16 acusados por los bloqueos viales del 14 de marzo de 2012, tras la detención de un líder del “Cártel de Jalisco Nueva Generación”. Martín Mora era policía en activo de Zapopan. También fue detenido Juan Antonio Dávila Palacios, ex policía de Tlaquepaque, quien había sido dado de baja en 2011.

75 cesados en la Procuraduría

 La Procuraduría de Justicia estatal tiene dos órganos de control que vigilan a sus funcionarios en lo administrativo: la Contraloría Interna y la Coordinación Jurídica. En 2007-2011, detectaron irregularidades cometidas por 942 funcionarios; hubo 75 despidos.

HAY UNA DIFERENCIA DE MÁS DE 103 MILLONES
Informe de crédito para seguridad contiene inconsistencias

El reporte más reciente que remitió la Secretaría General de Gobierno al Congreso del Estado, sobre el ejercicio del crédito para seguridad pública por mil 500 millones de pesos, tiene errores en su elaboración que impiden conocer el verdadero avance que ha tenido la inversión en cada uno de los conceptos a los que fue destinado.

De esta manera, mientras se habla de un ejercicio global de mil 436 millones de pesos hasta el 24 de abril de 2012, o 95.7% de la cifra total, el despliegue de los gastos suma solamente mil 332 millones 751 mil 811 pesos; esto es, 88.8% del monto de endeudamiento.

Si se toma como correcta la información desplegada por rubro de gasto, puede señalarse que los dos conceptos con mayor retraso en su inversión son la homologación de los sistemas de atención 066 y 089 (el primero para emergencias; el segundo para denuncias anónimas de ilícitos), con 62% (de 10 millones que se dirigirán, se han erogado seis millones 243 mil 793.96 pesos), y el sistema de videovigilancia, con un 75% (de 400 millones se reportan erogados 300 millones únicamente).

El rubro que tiene 100% en su inversión es el helicóptero Black Hawk que ya utiliza la Policía del Estado, en el cual se ha gastado prácticamente la totalidad de los 250 millones de pesos definidos para ello; después sigue el concepto de infraestructura tecnológica para seguridad pública y el sistema penitenciario, que considera la creación de un Centro de Comunicaciones, Comando y Control Penitenciario (C3) a cargo de la Comisaría General de Prevención y Readaptación Social de Jalisco, y desde el cual se controlará la comunicación de los centros penitenciarios estatales; en éste se ha gastado 95% de la cifra total que se dirigirá (371 millones 512 mil 467 pesos de 390 millones).

Finalmente, la construcción y equipamiento del Reclusorio Metropolitano, con 90% del ejercicio de los 450 millones de pesos con los que contará (hasta ahora sólo 404 millones 998 mil 920 pesos).