Elegirán “fast track” a cinco nuevos magistrados electorales

GUADALAJARA, JALISCO.- Los cuatro magistrados electorales reinstalados la semana pasada, tendrán que dejar sus cargos nuevamente. El Congreso del Estado determinó que no serán ratificados en sus puestos.

Para la sustitución de los funcionarios, este miércoles saldrá la convocatoria que dará sólo nueve horas (estará abierta a partir de las 9:00) para que los aspirantes se inscriban. Pero diputados también revisarán los expedientes y elegirán a cinco nuevos magistrados del Tribunal Electoral. Incluso, habrá sesión extraordinaria para la toma de protesta de los funcionarios.

La Comisión de Justicia, que sesionó ayer, determinó que no existían elementos para ratificar a los cuatro magistrados reinstalados, ya que al revisar la información sobre su desempeño, encontraron aspectos como impuntualidad, manejo discrecional de recursos --como la entrega de un bono de retiro--, entre otras irregularidades. La evaluación se hizo con base en datos de 2001.

“Hay muchos elementos (para no ratificar): falta de mecanismos para regular el funcionamiento del desarrollo del tribunal; en el caso de los empleados, no había controles administrativos, había un manejo discrecional de los recursos económicos, una inasistencia a las sesiones del pleno, una falta de puntualidad y de profesionalismo en la atención de los problemas”, enlistó el diputado Juan Carlos Márquez Rosas, presidente de la Comisión de Justicia.
Enfatizó que el martes se citó a los cuatro ex magistrados ante la comisión, pero no acudieron. La intención era que manifestaran las consideraciones que, desde su punto de vista, fueran importantes para ratificarlos.

El diputado Carlos Orozco Santillán señaló en tribuna, durante la sesión del pleno, que comparten el sentido del dictamen de la Comisión de Justicia, al mencionar diversos aspectos negativos en la evaluación de los magistrados, tales como la falta de asistencia al pleno y retardos, la entrega de bono de retiro y la adquisición de una póliza de gastos médicos que trascendía su gestión.

De los 38 diputados presentes en la sesión, 35 votaron a favor de la no ratificación; hubo tres abstenciones.
Juan Carlos Márquez Rosas agregó que los magistrados que dejarán sus cargos no serán indemnizados, dado que en la resolución del tribunal se estipula que estaban sujetos a una evaluación del desempeño para decidir su ratificación.
Precisó que tampoco podrán participar como aspirantes a ocupar nuevamente el cargo; aunque a su consideración, quienes dejaron el puesto la semana pasada para restituir a los jurisconsultos, sí tienen oportunidad de inscribirse.

Posible, otro amparo

Mientras legisladores decidieron que no permanezcan en sus puestos los cuatro magistrados, éstos anuncian que revisarán el procedimiento. Pretenden ampararse, lo que representaría otro descalabro económico para el Congreso.

“La palabra ‘cochinero’ no la quisiera utilizar, pero no es un manejo legal ni es un manejo correcto, aseado. No es algo abierto (la decisión de diputados)”, señaló el ex magistrado Javier Prieto Aguilar.

Ayer, los jurisconsultos Javier Prieto Aguilar y Carlos González Durán acudieron a la sesión extraordinaria del Congreso. Estuvieron acompañados por abogados que respaldaban su permanencia en sus cargos.

Prieto Aguilar acentuó que hasta el momento no les han entregado el pago de salarios caídos por más de 7.1 millones de pesos para cada uno, y de 5.7 millones de pesos en lo que se refiere a la diputada María Verónica Martínez Espinoza.

La semana pasada, tras una resolución del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, fueron reinstalados cuatro magistrados del Tribunal Electoral: Javier Prieto Aguilar, Felícitas Velásquez Serrano, Carlos González Durán y Federico Ernesto Castellanos. La resolución también favoreció a la legisladora Verónica Martínez Espinoza, quien renunció a ocupar nuevamente su cargo; actualmente es legisladora.

Además de la reinstalación de lo jurisconsultos, el tribunal condenó al Congreso a pagar casi 35 millones de pesos a los funcionarios, por concepto de salarios caídos, en un proceso que duró siete años.