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Miércoles, 20 de Febrero 2019
Jalisco | El Gobierno estatal gastó seis millones en propaganda prohibida

El spot del gobernador violó la ley y el IEPCEJ pide: “No lo vuelva a hacer”

El IEPCEJ, resolvió hacer “un exhorto” al gobernador Emilio González Márquez, para que no vuelva a utilizar su imagen en propaganda oficial de Gobierno

Por: EL INFORMADOR

GUADALAJAR, JALISCO.- Tras varias horas de debate y con una votación dividida, finalmente el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCEJ), resolvió hacer “un exhorto” al gobernador Emilio González Márquez, para que no vuelva a utilizar su imagen en propaganda oficial de Gobierno, como lo hizo entre el 15 y el 24 de mayo, para anunciar en medios electrónicos e incluso en cortos de cine, que la contingencia estatal por la influenza humana se mantenía, aunque se autorizaba el reinicio de clases en escuelas públicas.

De los siete consejeros electorales, sólo dos votaron a favor de imponer una sanción al mandatario estatal: Tomás Figueroa y Nauhcatzin Bravo. El resto, cinco consejeros encabezados por el presidente David Gómez Álvarez, se unieron al criterio de que no cuentan con facultades para sancionar a Emilio González, aunque se admitió que el gobernador violentó la Constitución del Estado y el Código Electoral de Jalisco.

En la polémica resolución, se lee: “Se declara que el C. Emilio González Márquez, gobernador del Estado de Jalisco, incurrió en la falta administrativa prevista en el párrafo primero, fracción cuarta, del artículo 452 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

“Se exhorta al C. Emilio González Márquez para que en lo sucesivo, se abstenga de realizar acto que pueda contravenir disposición legal alguna, para que prevalezca el buen desarrollo del proceso electoral”.

De esta resolución, acremente criticada por los representantes de todos los partidos políticos, excepto –como es natural– por el de Acción Nacional, se ordenó una notificación personal al mandatario jalisciense, quien días atrás justificó su aparición en los spots que se transmitieron en radio y televisión, mismos que representaron un costo al erario público de al menos seis millones de pesos, según consta en documentos obtenidos por EL INFORMADOR tras solicitarlos por la vía de la Ley de Transparencia.

Cuestionado al término de la sesión, el presidente del Instituto Electoral, David Gómez Álvarez, insistió en que habría deseado “una mayor sanción” para el gobernador, porque según se argumentó, con su actuación en la propaganda –que la Constitución del país permite si es institucional y no se utiliza la imagen del funcionario público– quebrantó el principio de equidad en el proceso electoral.
“Por supuesto que hay un daño a la equidad. En qué magnitud, no lo sabemos, pero creo que fue una intervención muy desafortunada del gobernador. Muchos quisiéramos imponer una sanción ejemplar al gobernador, quisiéramos hacer algo al respecto, pero ante todo tenemos que respetar la ley”, dijo Gómez Álvarez, después de haber sido criticado por los representantes de los partidos políticos distintos al PAN.

Entre estos, por cierto, el representante del Revolucionario Institucional (PRI), Rafael Castellanos, tal y como había adelantado a este diario, pidió una sanción para el gobernador con base en el artículo 458 del Código Electoral estatal, donde se contempla una multa de hasta 100 mil días de salario mínimo, equivalente a cinco millones 326 mil pesos.

Sin embargo, los consejeros electorales que votaron en contra pese a reconocer la violación de González Márquez, argumentaron que “no hay sanción aplicable para los servidores públicos”. Todos ellos, sin embargo, habían aprobado antes emitir un llamado de atención contra el presidente del Instituto de Transparencia, Augusto Valencia López, a raíz de la queja presentada por el PAN, en el sentido de que había “denostado” a dos precandidatos de Acción Nacional; en principio, el acuerdo que se sometió a consideración de todos los consejeros electorales era que no había sanciones previstas por la ley contra un servidor público, pero la presión del representante del PAN consiguió que se modificara el acuerdo y se emitiera un exhorto no previsto originalmente.

EL INFORMADOR / JORGE OCTAVIO NAVARRO

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