Discriminación en Jalisco, un tema invisible: Conapred

GUADALAJARA, JALISCO (28/NOV/2012).- El titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, sostiene que uno de los principales problemas en Jalisco es la invisibilidad, ya que en buena parte del país la discriminación es un tema que se debate públicamente y hay estados como Chihuahua, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México en donde hay organismos que trabajan con las instituciones del Gobierno para avanzar en el tema de la discriminación.

Bucio desea impulsar una ley contra la discriminación en el Estado. Explica que la ley, además de precisar qué actos deben considerarse discriminatorios, incluye las políticas públicas que deben implementarse como las de igualdad, que ayudarán a nivelar a los distintos grupos de la población; de accesibilidad a personas con discapacidad frente a quien no la tiene y quien habla una lengua indígena frente a quien sólo habla español; de inclusión para garantizar que nadie pierda el acceso a un espacio, un servicio, un empleo, etcétera, en razón de su edad, preferencia sexual o embarazo.

Además, propone cómo hacer para dar ventajas temporales a ciertos grupos de la población para que puedan nivelar la desventaja histórica que grupos discriminados tienen con respecto a otros.

La ley pone de relieve la creación de un organismo especializado de lucha contra la discriminación, que en otros estados hace una revisión de las políticas públicas, legislación, propuestas al Congreso del Estado y promoción de acciones entre la ciudadanía para pugnar por modificar por la cultura social y política "que existe y sigue estereotipando, situando en una situación de inferioridad a ciertas personas con respecto de otras".

Resalta que desde 2001 que se modificó la Constitución y se incluyó una cláusula antidiscriminatoria en el artículo 1 constitucional, a partir de ello, en 2003 se creó la Ley Federal para Prevenir la Discriminación y se han modificado 19 leyes estatales en ese tema, han cambiado 14 códigos penales y 15 Constituciones estatales que cristalizaron mecanismos de protección y defensa de promoción al Derecho a la No Discriminación. Sin embargo, apunta que En Jalisco este tema no ha tenido una repercusión.

Acentúa que en la Entidad no existen mecanismos de revisión de las políticas públicas para indagar qué contenidos discriminan, pues, como en todo el país, las legislaciones locales tienen contenidos discriminatorios en el Código civil, el penal y en las leyes estatales.

"Aquí en el Estado de Jalisco quizá el mayor problema hoy día es que ante la falta de una legislación local, de la institución local y políticas públicas locales, la discriminación sigue siendo un tema normalizado, un tema invisible, un tema que tiene una afectación muy clara, por ejemplo, para pueblos y para comunidades  indígenas en el Estado, para jornaleros migrantes, para personas dependiendo de la diferencia económica, educativa o social que tienen. El clasismo existente aquí que no se combate".

Afirma que Jalisco tiene un atraso en materia de discriminación con respecto a otros estados del país, situación que pone en desventaja a los jaliscienses, pues no hay mecanismos para protegerse contra actos de discriminación cuando son efectuados por autoridades municipales y estatales.

Previo a que inicie el mandato de Enrique Peña Nieto y Aristóteles Sandoval, Bucio asegura que las políticas de ambos deben trazar una diferencia importante con respecto a los gobiernos que los precedieron. Comenta que con la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2011 y con la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución, ambos mandatos estarán fortalecidos en materia de derechos humanos, lo que mejoraría las relaciones entre población y Gobierno.

"Lo que se esperaría es que el plan estatal de desarrollo vaya en la línea de lo que marca hoy día la Constitución. Si es eso, tendría que haber entonces la definición de mecanismos operativos... El derecho a la no discriminación no puede solamente definirse en ley sin que se establezcan los mecanismos para que la ciudadanía tenga  acceso a poder ejercerlo".

EL INFORMADOR / GONZALO JÁUREGUI