Dirigen recomendación a tres autoridades por omisiones en accidente

GUADALAJARA, JALISCO (06/ENE/2011).- Por comprobar abusos por parte de diversos funcionarios públicos, quienes omitieron datos y dictámenes, favoreciendo a un conductor ebrio en noviembre del 2009 que ocasionó una muerte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ( CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, emitió la recomendación 1/2011, dirigida al procurador del Estado, al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y al secretario de Vialidad.

La queja de oficio se inició el 18 de noviembre del 2009, por las presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos que tomaron conocimiento de un accidente automovilístico, ocurrido el 02 de noviembre del mismo año en el cruce de Periférico y Avenida Tabachines, en el cual falleció una persona y una más resultó herida.

La misma, fue ratificada por la madre de la víctima, quien reclamó que elementos de la Secretaría de Vialidad, y del Ministerio Público omitieron datos y dictámenes, permitiendo que el responsable del percance, David Bañuelos López, obtuviera su libertad provisional bajo caución. Lo anterior, pese a que conducía a exceso de velocidad, en estado de ebriedad y bajo los efectos de la droga.

“De acuerdo con los análisis de los hechos y actuaciones que realizó la Comisión, se constató que los fiscales no asentaron en la inspección ministerial las distancias que había entre los vehículos involucrados y si hubo huellas de frenado; no solicitaron oportunamente los dictámenes de alcoholemia y detección de drogas, además omitieron señalar que el detenido se encontraba ebrio”, explicó el ombudsman.

También se comprobó que el resultado de las pruebas aplicadas al responsable del accidente, dieron positivo a cocaína. Aunque transcurrieron cinco horas desde el momento de los hechos, la agente del Ministerio Público, no había dado fe de las lesiones de las otras personas que viajaban en el vehículo.

Ante lo señalado, la CEDHJ concluyó que las actuaciones de la fiscal Virginia González Rivas, fueron en contra de las características fundamentales de la institución, porque actuó de forma parcial para beneficiar al indiciado, desprotegió a las víctimas e incurrió en abuso de autoridad.

Respecto al agente de vialidad, Eduardo Gabriel Magaña, quedó demostrado que omitió cumplir con sus funciones de forma oportuna y certera. Incluso asentó en el acta vial que el estado del conductor era “normal”, no obstante la visible condición de ebriedad que presentaba.

Álvarez Cibrián, pidió al Procurador de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos, que inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa contra los implicados, además de iniciar una averiguación previa contra González Rivas por abuso de autoridad. Solicitó además la reparación del daño a las víctimas.

Asimismo, al titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Claudio Isaías Lemus Fortoul, exigió que ordene por escrito a los peritos que consideren como prioridad la aplicación de dictámenes, además de procedimientos administrativos para los implicados.

EL INFORMADOR/ LILIANA NAVARRO