Diputados olvidaron su obligación primaria: dedicarse a legislar

GUADALAJARA, JALISCO (30/OCT/2012).- Los ciudadanos votan por los legisladores para que creen leyes, no para que administren el Congreso del Estado. La casi concluida LIX Legislatura fue, en ese sentido, peor que la LVIII, y así pasarán a la historia sus diputados, juzgó Javier Hurtado, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El académico lamentó que los actuales diputados hayan sido incapaces de reformar la Ley de Fiscalización, con lo cual avalaron la permanencia de Alonso Godoy al frente de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). “Es el hombre más poderoso de Jalisco. Sabe todo de todos”, dijo Javier Hurtado al referirse al perfil del máximo fiscalizador del Estado.

El especialista consideró que los legisladores entrantes deben terminar con los escándalos administrativos y dedicarse a su función de legislar: “Queremos ver a legisladores no como aves de rapiña, que están esperando a ver cómo se reparten el botín, que digan sus propuestas. No los elegimos como administradores”.

TRABAJO LEGISLATIVO

 “Ley salvavidas”

Una de las primeras reformas que lograron ser aprobadas en el Poder Legislativo con el consenso de todos los partidos políticos fue la denominada “ley salvavidas”, que consiste en cambios al Código Penal y a la Ley de Vialidad. En el primero se establece que aquel conductor en estado de ebriedad que provoque un accidente en el que una persona pierda la vida o resulte con heridas graves y se niegue a realizarse las pruebas de alcoholemia, perderá el derecho a fianza.

Además de la presunción de estado de ebriedad a todo aquel que se niegue a la prueba de alcoholemia, el examen clínico que practiquen los peritos será suficiente para que el juez niegue la libertad bajo caución.

LEYES EN MATERIA DE SEGURIDAD

Ley de Sistema de Seguridad

Establece principalmente el mandato que obliga a las instituciones de seguridad a coordinarse en los tres niveles de gobierno, involucrando al Ministerio Público, así como certificar a los elementos que deben proteger a la sociedad.

El nuevo ordenamiento forma parte del paquete enviado al Congreso por el Ejecutivo del Estado, en lo relativo a seguridad y justicia. La nueva legislación abroga la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Esta norma precisa los requisitos de ingreso al servicio de carrera de las instituciones de procuración de justicia, así como su desarrollo y terminación; la profesionalización y certificación de su personal.

Ley de Control de Confianza

Esta ley obliga a los servidores públicos a someterse a un proceso de certificación con la finalidad de garantizar que el personal que ingrese o colabore en las instituciones públicas cubra el perfil requerido en los aspectos patrimoniales y de entorno social, psicométrico, psicológico, toxicológico, poligráfico y los demás que se consideren necesarios, a fin de tener la certeza de que cuentan con las habilidades y destreza necesarias para el cargo que desempeñan.

Ley de Extinción de Dominio

Tiene la finalidad de que el Estado tome posesión de los bienes producto de actos ilícitos. En el Artículo 5 se especifica que, por extinción de dominio, se entiende “la pérdida del derecho de propiedad o posesión de los bienes en favor del Estado, sin contraprestación ni compensación alguna para su titular”.

Ley de Ejecución de Penas

Uno de los cambios radicales es que, con todo lo que ello conlleva, la administración de las penas de los reos será responsabilidad del Poder Judicial y no del Ejecutivo, como actualmente lo establece la ley.

Antes de esta reforma, el sistema de impartición de justicia establecía que en la cadena de quienes intervienen en este proceso, está que el policía –autoridad municipal o estatal- detiene a un presunto delincuente; el Ministerio Público –la Procuraduría del Estado- integra la averiguación; después son los jueces –el Poder Judicial- el que determina la culpabilidad del delincuente –de ser el caso-; una vez que los reos están en la cárcel, que además son administradas por el Estado, es un Consejo integrado por representantes del Poder Ejecutivo los que determinan si a los presos se les condona la sanción o la pena.

Ley para la Administración de Bienes Asegurados Decomisados  Abandonados

Con esta norma se faculta al Estado para obtener la administración plena de los bienes asegurados, decomisados e incautados, de tal forma que no sólo tiene la responsabilidad de su conservación y su custodia, sino que además puede ahora obtener beneficios de los mismos, con lo que se logra una fortaleza a favor del Estado y en perjuicio de la delincuencia organizada.

Reformas a la Ley de Educación (contra el bullying)

El dictamen señala que los directores, maestros o personal administrativo no podrán utilizar lenguaje grosero, irrespetuoso, ofensivo o denigrante contra ningún alumno o alumna, ni conducta de hostigamiento o violencia contra ellos.

Las escuelas deben incluir en el expediente de cada alumno las conductas específicas y en caso necesario se solicitará su reubicación, con el fin de evitar que continúen presentándose las agresiones cuando sean enmarcadas como acoso escolar.

Ley de Entrega-Recepción

Esta norma establece que cuando el servidor público saliente no proceda a la entrega será requerido de forma personal, de conformidad con lo establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, por el órgano de control interno correspondiente, para que en un lapso no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de su separación, cumpla con esta obligación. Aunque había interés porque esta nueva Ley se aprobara en los proceso de cambio de gobierno recientes, no fue posible porque se incluyó un artículo transitorio en el que advertía que entraría en vigor hasta 2013.

Ley de Protección a los No Fumadores

La ley prevé castigo de 10 a 100 días de salario mínimo (605 pesos a seis mil pesos) para quienes fumen en lugares denominados libres de humo. La sanción se incrementa para los dueños de negocios, titulares de concesiones o permiso de transporte público de pasajero: de 100 a mil veces el salario mínimo, es decir, hasta 60 mil pesos. En caso de reincidencia, la multa se podría duplicar.

Ley de Turismo

Esta norma crea Consejos Consultivos Turísticos Municipales cuya función será, entre otras, coordinarse con el Consejo Consultivo del Estado para crear rutas turísticas en el Estado. Los consejos estarán conformados por representantes del sector privado y gobierno municipal.

Esta norma dedica sus capítulos III y IV a la definición de Zonas de Desarrollo Turístico y a las Rutas Turísticas. Las primeras las define como zonas delimitadas por sus características naturales, culturales, sociales y económicas que constituyan un atractivo turístico; en el caso de las segundas establece que para crear rutas turísticas deberá crearse una asociación intermunicipal, un fondo económico y al menos una asociación civil que integre los servicios turísticos.

Ley de Adopciones

En la última sesión ordinaria de la actual Legislatura, los diputados aprobaron una iniciativa promovida por la legisladora Mariana Fernández. Esta ley prevé la creación de bancos de información, que incluirá la cantidad y características de niños que están en los albergues; también, deberá de existir la ficha real de cuáles y cuántos son los albergues que hay en la entidad, así como el banco de tutores, que están al pendiente de los menores.

Ley contra Trata de Personas

Los diputados aprobaron la Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas. Con la creación de esta norma se incrementan las sanciones hasta de 40 años de cárcel para quienes fomenten delitos como la prostitución, robo de infantes y trata de personas.

Tipificar delito de feminicidio

La reforma al Código Penal tipifica en Jalisco el feminicidio como delito autónomo, con una pena de 20 a 40 años para quienes lo cometan.

Tipificar delito el abuso sexual infantil

Con estas reformas se deroga el delito de atentados al pudor para menores y queda considerado únicamente para mayores de edad. Se crea un nuevo tipo penal denominado “abuso sexual infantil”, y se hace una consideración en razón de la edad de la víctima y la pena.

LOS ESCÁNDALOS

Nómina obesa

La nómina del Congreso del Estado creció mes con mes. Los actuales diputados recibieron una nómina en febrero de 2010 con alrededor de 700 empleados; para marzo de 2011 había inscritos en la lista de empleados mil 470; actualmente están en la nómina entre mil 200 y mil 300 personas.

Opacidad

La falta de claridad y transparencia en los datos que manejó el Poder Legislativo también fue una constante. La página de transparencia ha logrado un avance significativo pero insuficiente. Constantemente aparece la leyenda en reparación y no se publica toda la información que la recién aprobada Ley de Información establece. La nómina se da a conocer pero no puede ser consultada por nombre o por salario, y son archivos de difícil consulta.

Falta de pago cada año por salarios

En los tres años que los actuales diputados estuvieron al frente de la actual Legislatura siempre presentaron problemas para el pago de nómina.

Muchas deudas

La LVIII Legislatura les heredó a los actuales diputados una serie de deudas, a las que en teoría los diputados debían hacer frente; no obstante, no solo no pagaron los adeudos de sus antecesores, sino que en algunos casos se dejaron de pagar los compromisos adquiridos en la actual Legislatura. Con el Instituto de Pensiones se logró un acuerdo y el Ejecutivo reduce 4.4 millones de pesos de sus ministraciones mensuales para el pago de sus adeudos; en el caso del Hacienda también existe un convenio que está en riesgo de perderse si no se cumplen puntualmente con los pagos. A decir de los coordinadores, en el adeudo con el Seguro Social también llegaron a un convenio.  El adeudo con el Sindicato de Trabajadores de la UdeG se liquidó después de que el líder Martín Vargas envió un exhorto al Legislativo para que lo finiquitara, pues el Congreso dejó de entregar los recursos que le correspondían por varios meses. El Sindicato prestó 70 millones de pesos. Sin duda, uno de los más polémicos adeudos es el que está en juicio por Consultores López Castro y Compañía por 58 millones de pesos.

El caso del auditor Alonso Godoy

Durante la actual Legislatura un tema álgido fue el del auditor Alonso Godoy Pelayo; primero, por los resultados de la auditoría externa que solicitaron los actuales diputados a la empresa Russell Bedford y que detectó irregularidades en el manejo administrativo no solo del Congreso, sino de la Auditoría Superior del Estado. Y luego por la resolución de un juez que le dio la razón a Héctor Romero Fierro para reponer el proceso para elegir al auditor del estado, al considerar que no se apegaron a los lineamientos establecidos en la convocatoria.

Durante meses, en la comisión de Vigilancia del Congreso, presidida por el priista, Salvador Barajas, se llevaron a cabo las gestiones para concretar la reposición del proceso; este año un juez le dio la razón a Godoy cuando advirtió que como tercero interesado en el proceso no fue escuchado. Por ahora, Godoy no podrá ser removido de su cargo por la resolución del juez.

NOMBRAMIENTOS
Magistrados y Consejeros del Poder Judicial

La sesión del pasado 23 de agosto de 2011 fue una de las más polémicas del Poder Legislativo; el pleno del Congreso avaló por unanimidad el nombramiento de cargos, entre los que estuvieron, para Consejeros del Consejo de la Judicatura, Javier Gómez, Arturo Feuchter Díaz, Alfonso Partida Caballero y Mario Pizano Ramos

Como magistrados nombraron a Jorge Mario Rojas Guardado, Roberto Rodríguez Preciado, María Eugenia Villalobos Ruvalcaba y los nuevos magistrados, José León Valle, Elsa Navarro Hernández, José Juan Soltero Meza y Ramón Ramírez Hernández.

En esa misma sesión avalaron el nombramiento del magistrado del Tribunal de lo Administrativo, Laurentino López Villaseñor.

Y como contralor del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, sale Guillermo Saldaña Moreno y entra Oscar Gutiérrez Ibarra.

Los nombramientos de los consejeros de la Judicatura y de los magistrados del Poder Judicial fueron controvertidos por el Poder Judicial y por el Poder Ejecutivo; en algunos casos tuvieron que reponerse los procedimientos.

Pero fue el nombramiento de los magistrados lo que llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a determinar que los diputados locales habían incurrido en desacato, pues el mismo día que se llevó a cabo esa sesión ordinaria había llegado una resolución de la Corte que determinó que “las cosas debían quedarse en la situación en la que se encontraban”, hasta en tanto no se resolviera de fondo la posibilidad de nombrar nuevos magistrados. La sesión continuó y el entonces presidente, Gustavo Macías, pagó por el desacato, pues tuvo que dejar el cargo.

Consejeros de Transparencia

El 17 de julio de este año, en medio de polémicas, el pleno del Congreso local avaló los perfiles de Vicente Viveros y Javier Francisco González para convertirse en consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei). Fue necesario llevar a cabo dos proceso de selección; primero un examen oral que sólo dos aspirantes aprobaron y luego un examen de conocimientos por escrito.

Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

El 30 de mayo de 2010, el pleno del Congreso aprobó nombrar como titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a José Tomás Figueroa Padilla, y como consejeros a Naucátzin Tonatiuh Bravo Aguilar, Sergio Castañeda Carrillo, Everardo Vargas Jiménez, Víctor Hugo Bernal Hernández, Juan José Alcalá Dueñas y Rubén Hernández Cabrera.