Diputados estudian reforma para sancionar abogados ''talibanes''

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2013).- En sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Congreso del Estado se dio entrada a la iniciativa del diputado del Partido Verde, Jesús Palos Vaca, que busca reformar el Código Penal del Estado para sancionar a los servidores públicos que no resuelvan a tiempo los juicios laborales, y a los abogados que también recurren a argucias para retardarlos con incidentes frívolos o pruebas improcedentes.
 
En la iniciativa del legislador, la sanción que propone va de uno a tres años de prisión, el pago de  100 a 300 días de salario mínimo al trabajador o patrón de cualquier negociación o entidad pública, o el apoderado de éstos que en el juicio laboral manifiesten una cantidad de sueldo superior o inferior al salario que realmente percibe.
 
Para quienes presenten algún documento falso o alterado y que se demuestre ello, la sanción será de seis meses a tres años de prisión y pecuniaria de cien a 300 días de salario mínimo. La iniciativa en mención se turnó para su estudio y dictamen a la diputada Clara Gómez Caro, presidenta de la Comisión de Trabajo.
 
También se presentó la iniciativa de la diputada Gómez Caro en la que plantea instituir en Jalisco dos figuras que la Ley Federal del Trabajo ya prevé: una, la insumisión al arbitraje, y la otra, la negativa a acatar el laudo.
 
Consiste en que en un juicio laboral si una persona tiene menos de un año laborando y es trabajador de confianza, el patrón se somete al arbitraje para que se allane inmediatamente a lo demandado y con esto pagará la indemnización constitucional y las partes proporcionales, pero no reinstalaría al trabajador.
 
Los diputados de esa comisión además avalaron llevar a cabo foros para revisar las modificaciones a ordenamientos secundarios, como es la Ley para los Servidores Públicos, con motivo de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que se lleven a cabo en el mes de septiembre próximo, a fin de que durante octubre y noviembre se analicen y dictaminen las propuestas, en las que participen también las universidades, a fin de que en diciembre sean votadas por el Pleno del Congreso.
 
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ