Desvían 40 millones de pesos de programa de diabetes a la nómina

GUADALAJARA, JALISCO (05/MAR/2015).- El fiscal central de Jalisco, Rafael Castellanos, confirma que el próximo mes prevé concluir las indagatorias de una de las averiguaciones previas que más han cuidado por presuntas anomalías millonarias en la pasada administración: son 80 mil documentos de una denuncia que interpuso la Contraloría del Estado contra los responsables de operar un programa para diabetes en la Secretaría de Salud.

Adelanta que se podría asegurar que los responsables administrativos de la dependencia desviaron 40 millones de pesos a la nómina (pago de salarios de trabajadores) y para la compra de “valijas”.

“Una de las denuncias contra la Secretaría de Salud se convirtió en dos, en virtud de que el dinero fue ocupado en otros programas diferentes. Fue un programa específico de atención a diabéticos. Allí son 40 millones de pesos. De esa no puedo decir nada más. Una de las denuncias ya está casi terminada y la otra estamos casi a la mitad”.

De acuerdo con el reporte al que este medio tuvo acceso, vía Ley de Transparencia, la Contraloría ha presentado dos denuncias por el caso del Seguro Popular y una más contra la Secretaría de Salud. Esta última es la que derivó en otra más, con el objetivo de identificar el desvío en dos partes: nómina y compra de materiales.

A lo anterior hay que añadir las denuncias presentadas contra la pasada administración del Seguro Popular. La historia es la siguiente: se compró un sistema de software para el equipo de cómputo de la dependencia y el costo fue de 326 millones de pesos, cuando en realidad el valor que tienen dichos programas informativos no sobrepasa los 13 millones, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.

“Habrá que ver qué pruebas de descargo presentan las gentes detenidas, sobre todo Álvaro Córdoba Pérez, quien era el director y hoy está detenido”, comenta Rafael Castellanos.

Al ser cuestionado sobre el nivel de involucramiento que tuvo este personaje en la adquisición de los equipos, detalla que de acuerdo con las indagatorias “tuvo que ver con la operación porque se emitieron documentos firmados, y según la averiguación, sobrepasaban sus funciones. Y compraron material que no debieron de haber comprado”.

Hasta el momento continúan tres personas prófugas por el delito de desvío de recursos, cuyas identidades no pueden ser reveladas: “Saben que los andamos buscando, pero si te digo quienes son, se las pongo más fácil a los de enfrente”.

La segunda denuncia en el caso del Seguro Popular tampoco se ha resuelto, pero tiene que ver con un análisis de operaciones e intervenciones quirúrgicas que se pagaron por 11 millones de pesos, de las cuales no hay registros. “Son desvíos maquinados”, donde los funcionarios de primer nivel simularon el pago de servicios. En este caso, todavía no hay avances.

“Los detenidos no son por el periodo electoral”

Cada averiguación previa lleva un tiempo para encontrar los indicios y pruebas de cada delito. De ahí que Rafael Castellanos afirme que no existe una “cacería de brujas” por el periodo electoral.

“Las denuncias y las averiguaciones son otro tema. Desgraciadamente yo no conozco las agendas de los delincuentes, si yo las supiera y los tiempos en las que ellos se defienden, no me necesitarían. No es tan sencillo”.

El funcionario puso como ejemplo los fideicomisos y las cuentas bancarías de los indiciados. En sentido estricto, el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no colaboran en las averiguaciones previas, pues no reportan los estados de cuenta de las personas señaladas.

Otras de las incidencias que se presentan en las averiguaciones en materia financiera es que la Fiscalía trata de encuadrar los delitos por anomalías contables dentro del Código Penal. “Un juez, estando en el ejercicio de la administración de la justicia, debe escuchar a todas las partes. Nosotros debemos sortear las dificultades que tenemos con la ley, porque a veces te dicen (los acusados) que los casos son mercantiles o civiles. Todo se resume en una frase: cero tolerancia a la corrupción”.

Suman 14 denuncias penales por anomalías

La Fiscalía General del Estado ya tiene 14 denuncias interpuestas por la Contraloría ante el desorden administrativo y financiero que encontraron de la gestión que dejó Emilio González Márquez. Estas denuncias ya tienen a dos detenidos, tres prófugos, un ex funcionario de primer nivel con auto de formal prisión, pero amparado, y siete averiguaciones previas pendientes de resolver.

La información fue cotejada con el fiscal central, Rafael Castellanos, aunque ofreció pocos detalles porque continúan las investigaciones.

Las denuncias pendientes son contra los ex funcionarios de la Secretaría de Cultura, Administración, Salud y Comisión Estatal del Agua (CEA).

Es precisamente en la CEA donde existen tres denuncias pendientes, por el delito de desvío de recursos, englobado en el Artículo 152 del Código Penal. En este sentido, Rafael Castellanos mostró documentación donde aseguró que la integración de las averiguaciones se sigue trabajando, “estamos buscando todavía, son del mismo tema: hay un desvío para la Partida 1000 (de sueldos y salarios). En el caso de la Iprovipe no sabemos dónde está el dinero, pero en otras denuncias tenemos que investigar porque en lugar de hacer obras se pusieron a contratar… y eso está mal”.

Rafael Castellanos comenta que los funcionarios de primer nivel tienen una debilidad cuando una persona llega a pedir trabajo. “Y si no sabes decir no, te llenas de muchachos. Hay quien no sabe decir no y se la pasan contratando. Es muy humano, pero no quiere decir que esté bien”.

De acuerdo con el reporte que obtuvo este medio de comunicación, vía Ley Transparencia, durante 2010, la Contraloría del Estado presentó otras nueve denuncias ante la Fiscalía y en 2011 fueron apenas tres. Entre los delitos que se engloban estaba enriquecimiento ilícito, fraude, uso indebido de las funciones y desvío de recursos. En 2012 y 2013 no se presentaron denuncias.

DEPENDENCIAS EN LA MIRA

Denuncias Entidad pública

3 Salud

3 Iprovipe

3 Consejo Estatal del Agua

2 Seguro Popular

1 Capece

1 Cultura

1 Administración

La Comisión del Agua

La Comisión Estatal del Agua tiene tres denuncias penales que son atribuidas al desvío de recursos. “Esa es la tentación más grande que tienen los funcionarios”, afirma el fiscal central. Es de las dependencias más señaladas por presuntas irregularidades en la pasada administración.

Resultados hasta el momento

Dos detenidos.

Tres prófugos.

Un ex funcionario con auto de formal prisión, pero amparado.

Siete averiguaciones previas pendientes de resolver.

Fuente: Contraloría y Fiscalía General de Jalisco.

VAN DOS... Y OCAMPO
Tras las rejas

El último año de la gubernatura de Emilio González Márquez destacó por las anomalías detectadas en el ejercicio de los recursos. La Contraloría del Estado documentó 500 observaciones por más de siete mil 500 millones de pesos.

Uno de los detenidos por las anomalías es el ex director administrativo del Seguro Popular en Jalisco, Álvaro Córdoba Pérez, quien fue acusado de desvío de facultades y atribuciones al firmar contratos por 326.5 millones de pesos.

El contrato en cuestión fue con la empresa Global Incom, que operaba y capturaba los expedientes de los derechohabientes del Seguro Popular. Por este caso se giraron otras tres órdenes de aprehensión, una para José Luis Gómez Quiñones, director del programa, José Ángel Orozco García, ex secretario ejecutivo, y Fidel Ortega Robles, ex director jurídico de la Secretaría de Salud en el Estado.

Otro que está en la cárcel es Roberto Valle Pinzón, ex tesorero de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público (Iprovipe), ahora Instituto Jalisciense de la Vivienda, a quien se le atribuyó un desvío de 50 millones de pesos por la compra de un terreno. Jorge Sánchez Martínez, ex titular del organismo, también fue detenido, pero le fue concedido un amparo y evitó la prisión.

Por otros hechos, otro ex funcionario que se encuentra tras las rejas es Rodolfo Ocampo Velázquez, ex titular del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAP), acusado por el desvío de 80 millones de pesos, que originalmente eran para el programa “Todos con Agua”.

SEÑALADOS POR LA CONTRALORÍA

Administración central

Contraloría.

Despacho del gobernador.

Procuraduría Social.

Desarrollo e Integración Social (Desarrollo Humano).

Secretaría de Medio Ambiente.

Secretaría de Trabajo.

Secretaría de Gobierno.

Procuraduría General de Justicia.

Secretaría de Desarrollo Económico (Promoción Económica).

Secretaría de Desarrollo Rural.

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

Secretaría de Turismo.

Servicios de Salud.

Seguro Popular.

Infraestructura y Obra Pública (Desarrollo Urbano).

Organismos descentralizados

Conalep.

Capece.

Code.

Pensiones del Estado.

DIF Jalisco.

Iprovipe.

ITS Puerto Vallarta.

Sistecozome.

Servicios y Transportes.

Instituto de Formación para el Trabajo.

Colegio de Bachilleres.

Sepal.

Instituto de la Artesanía.

Comisión Estatal del Agua.

Injalreso.

SIAPA.

TELÓN DE FONDO
Robos, desvíos, compras simuladas y sobreprecios…

Desvío de recursos, mala calidad de obras, asignaciones directas de proyectos que debieron licitarse, compras simuladas y sobreprecios forman parte de las irregularidades observadas en el gasto 2012 entre 16 secretarías y 16 organismos estatales, así como 29 ayuntamientos. Los posibles daños suman siete mil 573.5 millones de pesos (MDP), de acuerdo con la Contraloría. De éstos, 784.9 consisten en el desvío de recursos por parte de las pasadas administraciones, por lo que también forman parte de las 14 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía de Jalisco.

Las principales secretarías con anomalías son Desarrollo Humano, Trabajo, Desarrollo Rural, Salud, Seguro Popular y Desarrollo Urbano. Entre los organismos públicos descentralizados (OPD) con más irregularidades figuran el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (Code), Comisión Estatal del Agua, Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público (Iprovipe) y Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

La mayoría de anomalías se cometió en los organismos descentralizados estatales, entre los que suman 584 observaciones administrativas y otras 271 por riesgo de daño patrimonial. Estas 16 paraestatales acumulan posibles daños por cinco mil 188.5 millones de pesos, de los cuales 784.9 millones son por desvío de recursos.

En el caso de las 16 secretarías estatales, los anomalías ascienden a mil 932.9 millones de pesos.

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