Crónica de un desencuentro… más

GUADALAJARA, JALISCO.- El tema de las reformas electorales mantiene encontrados al titular del Poder Ejecutivo, Emilio González Márquez, a los legisladores, líderes de partidos políticos y hasta de empresarios. Las reuniones y acercamientos que se concretaron desde meses atrás fueron insuficientes para llegar a consensos en torno a este tema.

Con acuerdos parciales que sólo incluían a los legisladores y a los líderes políticos, el pasado 30 de junio el Poder Legislativo aprobó las reformas constitucionales en materia electoral. Cinco días más tarde fueron publicadas en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, y entonces el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, no advirtió ninguna inconformidad; por el contrario, el funcionario reconoció que no sabían de dónde saldrían recursos, pero se obtendrían para el pago de indemnizaciones a consejeros electorales y a los partidos políticos.

El 23 de julio se sometió a votación el Código Electoral y de Participación Ciudadana en el Congreso del Estado, y con estrechamiento de términos se aprobó el dictamen de esa iniciativa.

El diputado Enrique Alfaro Ramírez votó en contra, argumentando desacuerdo con la fórmula para fijar el financiamiento público a los partidos políticos. Un día después, el gobernador del Estado, Emilio González Márquez lamentó que los diputados aprobaran este tipo de iniciativas sin contar con los consensos suficientes, arremetió en contra de los diputados por la falta de comunicación existente entre ambos poderes y dejó abierta la posibilidad de vetar el Código Electoral.
“Tenemos que revisarlo, debemos valorar las dos alternativas, si quitamos el financiamiento privado, el público tendría que regresar y el recurso privado nos lleva al riesgo que implica que personas que participan en actividades delictivas pudieran tener interés de apoyar candidaturas”.

Así, el 25 de julio el gobierno estatal envió las observaciones al Poder Legislativo.

Entre las inconsistencias que sustentó el gobierno estatal están contradicciones, omisiones y falta de entendimiento en la aplicación de la Ley.

El secretario general de Gobierno advirtió que las observaciones al financiamiento de los partidos políticos quedaron fuera del alcance del Poder Ejecutivo, pues ello se publicó en las reformas constitucionales a la Ley Electoral el pasado cinco de julio, y advirtió que por ser cambios a la Constitución Estatal, son responsabilidad de los diputados.

“En cuanto a la fórmula que determina el monto económico a asignar a los partidos políticos, es discutible, pero esta es una decisión que corresponde a los diputados, se trató de una reforma constitucional aprobada y no tenemos margen como Ejecutivo (para) observar, somos sensibles a la opinión pública y sabemos que hay reclamos”, dijo el secretario.

El Congreso tomó nota de las observaciones emitidas por el Ejecutivo y advirtió que no eran de fondo, y que con una fe de erratas para resolver las ambigüedades que pudieran presentarse eran suficientes, así que para el 30 de julio, el documento ya estaba de regreso en el Ejecutivo y el gobernador Emilio González estaba obligado a publicar el Código Electoral y de Participación Ciudadana en los términos aprobados por los legisladores.

Aparece la sombra de la controversia

Fue entonces cuando el mandatario estatal dejó abierta la posibilidad, por primera vez de interponer una controversia constitucional, único argumento legal que los diputados le dejaron al titular del Poder Ejecutivo.

El 1 de agosto, la presión de otros sectores como el empresarial se hizo sentir cuando los seis líderes de los llamados organismos cúpula, le exigieron al mandatario que acudiera a esta figura legal, para detener las reformas electorales, particularmente el apartado relativo al financiamiento público a los partidos políticos, pues consideran que son excesivos los recursos para las próximos comicios. De acuerdo con sus estimaciones, hasta 700 millones de pesos en tres años para los partidos políticos.

Los líderes de los partidos, también hicieron su propio frente común y advertían de los riesgos de no contar con recursos públicos en las próximas campañas, el presidente del PAN, Jalisco, Eduardo Rosales Castellanos acusó a los empresarios de manifestarse en contra del financiamiento público, “porque quieren seguir teniendo el control de los candidatos y futuros gobernantes”.

El 5 de agosto, se publicó el Código Electoral porque así lo determinaba la ley, sin embargo el secretario Fernando Guzmán advirtió que aún existía la posibilidad de irse a controversia constitucional para echar abajo estas reformas.

Los líderes empresariales, contra el gasto de partidos

Una semana después el tema se puso una vez más en la mesa de la discusión, el presidente de la Coparmex Jalisco, Pablo Lemus Navarro exhortó al gobernador a no negociar con los diputados, de acuerdo con el líder empresarial existía la posibilidad de que los poderes realizaran un intercambio de favores: El Congreso aprobaría las 347 plazas que le solicitó el gobernador y a cambio el mandatario no presentaría una controversia constitucional contra las reformas electorales. “Este es un gran miedo que tenemos en la Iniciativa Privada, que se pueda aprovechar esta coyuntura de la solicitud de las plazas del gobierno de Jalisco a cambio de no establecer una controversia constitucional y eso no lo permitiremos como ciudadanos”, advirtió el empresario jalisciense.

González Márquez le respondió al presidente de Coparmex que el Poder Ejecutivo no intercambia favores y que no se dejaría presionar en este tema. Sin embargo un día después, el 14 de agosto, el mandatario renunció a la solicitud que le envió al Congreso Estatal para crear 347 plazas

Finalmente, el pasado viernes, el mandatario presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la controversia constitucional, con el propósito de dar marcha atrás a las recientes reformas electorales aprobadas por el Congreso del Estado.
El argumento de fondo, acentúa, son los altos montos que se destinarán a los partidos políticos en los próximos tres años, hasta por 700 millones de pesos.

“El fondo de esta controversia es el rechazo a la pretensión (por parte de diputados locales y líderes políticos) de incrementar el dinero que se entrega a los partidos. Lo considero excesivo, bajo las nuevas condiciones que regulan las contiendas electorales”.

Las reacciones no se hicieron esperar y mientras los empresarios celebraban la decisión del gobernador, los líderes políticos y diputados señalan que se trata de una acción dilatoria porque no prosperará en la SCJN.