Caso Iguala enciende las alertas en la selección de candidatos

GUADALAJARA, JALISCO (05/NOV/2014).- No es la primera vez que los partidos políticos intentan poner en marcha estrategias de blindaje electoral contra el crimen organizado. Sin embargo, el caso de Iguala, en Guerrero, que desnudó la complicidad del alcalde José Luis Abarca con el crimen organizado, ha detonado en las últimas semanas la necesidad de blindar el proceso de 2015.

El Gobierno de Jalisco ha dicho que emprenderá medidas para garantizar que los candidatos no estén involucrados en actos ilícitos o con el crimen organizado. Hasta ahora, la novedad es que la Fiscalía General revisaría los perfiles de los aspirantes a cargos de elección popular.

La medida fue aplaudida por los dirigentes de los partidos, quienes firmarán en los próximos días un compromiso con el Ejecutivo, pero lejos de la revisión de los aspirantes que pudiera hacer la Fiscalía, el blindaje contra el crimen organizado hasta el momento no rebasa las buenas intenciones y voluntad de los institutos políticos.

Sus dirigentes estatales se escudan en el vacío legal para que los precandidatos y candidatos no publiquen su declaración patrimonial ni sean sometidos a exámenes de control de confianza, lo que contribuiría a tener una radiografía completa de quién y dónde proviene el aspirante y si se ha conducido o no bajo la legalidad.

“Si realmente los partidos se lo toman en serio y de verdad quieren blindar a sus candidatos de vínculos con el crimen, el único medio efectivo es que los obliguen a presentar su declaración patrimonial. Todo lo demás es retórica”, opina el académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, José de Jesús Ibarra Cárdenas. De entrada, dice, presentarla a los partidos sería el mínimo indispensable, “si ya los partidos solicitan que se hagan públicas, mucho mejor”.

El especialista dice que los partidos podrían solicitar este requisito a sus contendientes. “La Ley General de Partidos Políticos hace referencia en su Artículo 44, sobre los procedimientos internos de selección de candidatos, que los partidos podrán decidir los requisitos de elegibilidad”.

Para el ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, se trata de un tema complicado en el que “debe existir un acuerdo, se tiene que formar una comisión para determinar cómo blindar el proceso electoral”.

Una manera de hacerlo es que los partidos amplíen los requisitos para ser candidatos. “Los partidos podrían decir: que me entreguen una carta negando todo vínculo con el crimen organizado y que me permitan hacer una investigación de su situación socioeconómica… ese puede ser un acuerdo si todos lo introducen en sus requisitos”. O también podrían acordar que puedan pedirles su declaración patrimonial, sin obligarlos a hacerla pública, y solamente publicar los nombres de quienes lo hicieran.

Las intenciones

Aunque las fuerzas políticas aún no llegan a un acuerdo contundente, el dirigente estatal panista, Gustavo Macías, opina que “de cara a la  sociedad es bueno que la gente vea que hay un compromiso más allá de la ley, con el ánimo de que la gente vea que cuando menos en algunos temas nos podemos de acuerdo”.

Al ser cuestionado sobre los criterios de selección, manifestó que estarán revisando “todo lo que hay alrededor del candidato, que tengan un modo honesto de vivir, que sea gente de honradez en su conducción con su comunidad y no tengan antecedentes penales”.

Pero al albiazul no le preocupa mucho el tema de la selección de candidatos: “En los municipios la gente los conoce muy bien, sabemos el origen e historial; pero si hay dudas pediríamos entonces a la autoridad que investigue”.

El dirigente del PRI, Hugo Contreras, indica que la estrategia “es sujetarnos estrictamente a la ley, y donde tengamos elementos probatorios de señalamientos que pongan en riesgo al partido, se acudiría entonces ante la autoridad responsable de investigar los casos”.

Acentúa que los dirigentes de los partidos políticos no pueden firmar más allá de sus obligaciones correspondientes.

El líder de Movimiento Ciudadano, Hugo Luna, acepta que consultarán a las autoridades sobre indicios o averiguaciones en casos particulares, pero también “haremos un estudio interno para evaluar objetivamente la honorabilidad y capacidad de los candidatos”.

El dirigente perredista en Jalisco, Juan Carlos Guerrero, señala: para que la Fiscalía pueda investigar a los candidatos, “antes debe hacerse un acuerdo que garantice que la información se utilice exclusivamente para eso”.

El principal reto para evitar situaciones como las Iguala, en Guerrero, está en la revisión que los partidos puedan hacer de su militancia, según la presidenta del Instituto Electoral de dicha Entidad, Marisela Reyes. “El caso de Iguala tiene que servir como ejemplo para todas las autoridades y actores, para que los partidos soliciten en su momento a la PGR (o Fiscalía estatal) una investigación previa a quienes serán sus candidatos”.

Van más lejos en otros estados

En otras entidades del país, los partidos políticos se han pronunciado por ir más allá de los criterios que establece la ley, al considerarlos insuficientes para un verdadero blindaje electoral. Es el caso de Michoacán, en donde el mes pasado el PAN urgió a crear una fiscalía especializada para el blindaje de candidatos.

Lo que se propuso fue que cada uno de los aspirantes presente su declaración patrimonial para identificar sus bienes y el origen de sus recursos; establecer medidas que impidan el uso de recursos públicos con fines electorales y que ante cualquier vínculo con el narcotráfico sea cancelado el registro.

En la cancha federal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó incluir en los requisitos para el registro de candidatos a diputados federales la presentación de declaraciones patrimoniales, de bienes e impuestos, así como un examen toxicológico, porque la ley no prevé dichas obligaciones. Esto ante la propuesta de la representación albiazul.

A nivel nacional, el Partido Verde entregó su padrón de más de un millón de militantes para pedir a la PGR que investigue los antecedentes penales de cada uno de ellos.

En tanto, el INE ha señalado que los partidos son los responsables de los candidatos que postulan. El consejero presidente Lorenzo Córdova pidió a los ciudadanos, partidos y Gobierno que construyan un blindaje colectivo para impedir la llegada de candidatos del crimen al poder.

“La designación de candidatos con una gran solvencia moral y política es una responsabilidad de los propios partidos políticos, quienes tendrán que ser muy cuidadosos y escrupulosos en la selección interna”, dice el delegado del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales. También será una responsabilidad compartida con los ciudadanos, “quienes deberán analizar el historial y conocer los aspectos más importantes de la biografía personal de cada uno de los candidatos, su desarrollo personal, profesional y en el entorno social”.

Adelantó que el INE pretende establecer un sistema para que los ciudadanos tengan acceso a los currículum e historial de candidatos, “para esto es muy importante que los candidatos y los propios partidos acepten que su historial sea circulado en la red, será una actividad adicional con la que contribuirá el Instituto”.

En la elección federal pasada de 2012, el otrora IFE instaló en su portal de internet un espacio para que los partidos difundieran los datos curriculares de sus candidatos; sin embargo, sólo 22% de quienes aspiraron a un puesto de elección popular lo publicaron, según ha referido Lorenzo Córdova.

Las voces de los partidos y Gobierno

"Revisaremos que el crimen organizado no se infiltre con recursos financieros o amenazas. Nuestra obligación es tener información, antecedentes, actuación y acción "

Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco.

"Cualquier acuerdo pudiera ser contradictorio a la ley y de ahí tenemos que partir… lo que establece la ley es lo único que puede impedirle a alguien ser candidato "

Hugo Contreras, dirigente del PRI.

"Se revisará todo lo que hay alrededor del candidato, que tengan un modo honesto de vivir, que sea gente de honradez y no tenga antecedentes penales "

Gustavo Macías, dirigente del PAN.

"Internamente es importante que llevemos un control propio de los gastos de campaña para que no exista ni un solo caso en que se desfasen "

Hugo Luna, dirigente de MC.

"La clave está en que el árbitro electoral se faje con el tema de los topes de gastos de campaña y en el recurso privado que ingresa a las campañas. Esto inhibirá capitales de dudosa procedencia "

Juan Carlos Guerrero, dirigente del PRD.

NUEVAS REGLAS TRAS REFORMA ELECTORAL
Fiscalizarán gastos de campaña en tiempo real

El proceso electoral entrante estará marcado por las nuevas reglas del juego tras la reforma política electoral. Entre ellas, la modificación de los procedimientos para rendir cuentas y de revisión por parte de la autoridad.

Uno de los cambios más novedosos es el sistema de contabilidad en línea para los partidos políticos, precandidatos y candidatos, que será uno de los pilares fundamentales del nuevo modelo de fiscalización.

El Instituto Nacional Electoral (INE) construye actualmente el nuevo modelo de fiscalización, que permitirá conocer en tiempo real los ingresos y gastos de los partidos. El sistema estará listo en marzo de 2015, pues a finales de diciembre y principios del próximo año estarán haciendo pruebas del programa informático, declaró el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Benito Nacif. En este tenor, las precampañas serán fiscalizadas con el método anterior. De igual forma, para detectar el dinero ilícito en las campañas, el Instituto trabaja el primer padrón de proveedores para un mayor control sobre las compras de los partidos.

Para ser parte del padrón, el proveedor tendrá que estar inscrito en la Secretaría de Hacienda, por lo que cualquier registro de un proveedor que no esté integrado será investigado y reportado a la autoridad.

Con las nuevas disposiciones, la autoridad electoral concentrará en un solo órgano la fiscalización las campañas federales y locales.

Según un documento publicado por el INE, se tendrían que fiscalizar en 2014-2015 más de 76 mil informes, “considerando un escenario en el que no existan coaliciones y se presenten dos precandidatos por cargo de elección popular, sin tomar en cuenta los que habrán de presentar los candidatos independientes”.

La carga de trabajo a la que tendría que enfrentarse podría ser más de 13 veces superior a la que tuvo en 2011-2012, que además debería ser atendida en un plazo considerablemente más corto.

Con las nuevas reglas y el endurecimiento por violar las normas de financiamiento y gasto, se reducen los plazos para que la autoridad revise los gastos, de manera que el INE deberá concluir la fiscalización antes de que validen los resultados electorales.

Otro factor novedoso será que ahora la ciudadanía podrá tener permisos para realizar consultas en el sistema. A su vez, se estableció en la legislación como causa de nulidad para quien rebase con más de 5% los topes de gastos de campaña autorizados, así como para quien reciba o utilice recursos ilícitos.

La nulidad procederá cuando la violación sea determinante para el resultado y se establece que esto ocurrirá cuando la diferencia entre el primero y segundo lugares sea menor a 5% de la votación, y sea acreditado de manera objetiva y material.

Para el delegado del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales, uno de los grandes retos será llevar a cabo las tareas de fiscalización de carácter nacional, para al final determinar que los recursos tuvieron un origen lícito y que no se excedieron los topes.

El ex director del Cisen, Guillermo Valdés, opina que “se deben transparentar mucho más los recursos de las campañas, en especial el uso del efectivo que los partidos dicen no utilizar, pero que todo mundo sabe que sí existen y ahí es donde les duele a los partidos políticos”.

GUÍA
Sistema de contabilidad en línea

— ¿Cómo funcionará?

— A través del sistema en línea, los partidos podrán realizar sus registros contables, a diferencia del pasado proceso electoral federal, en el que los partidos realizaron su contabilidad a través de sistemas adquiridos y administrados por ellos mismos. El registro de las operaciones diarias de los ingresos y egresos de los sujetos obligados se hará a través de pantallas de captura.

— ¿Cómo es el proceso?

— Una vez que ingresa la información, con una programación inteligente, pasará por un ducto de fiscalización, el cual a través de reglas de negocio parametrizables, representadas con algoritmos de digestión, generará productos de programación.

— ¿Qué identificará?

— Los productos identificarán conductas en tres supuestos: informativas; preventivas, que no ameritan una sanción, pero que si son repetitivas, podrían observarse; y correctivas sancionatorias fuera de la normatividad, que serán investigadas puntual y precisamente por los auditores. Con esto se logrará una fiscalización al mismo tiempo que se realizan las campañas.

— ¿Hay participación de otras instancias?

— El INE también recibirá información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del Servicio de Administración Tributaria, de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como de proveedores. A toda esta información, se le aplicará el mismo procedimiento que a la entregada por los partidos para hacer un cruce entre lo reportado por éstos y lo entregado.

Urgen a reformar legislación electoral

Ante el vacío legal, los dirigentes estatales de los partidos y allegados al proceso coinciden en que la reforma electoral se quedó corta en lo que se refiere al blindaje electoral contra el crimen organizado, por lo que sugieren sea reformada tras el proceso electoral del año entrante.

“La ley se quedó corta, estamos muy limitados porque los requisitos para ser candidato a diputado, por ejemplo, son mínimos. Con la legislación actual hay muy poco margen de maniobra”, admite el consejero del Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI), Vicente Viveros.

Agrega que el caso de Guerrero llama a la urgencia de que el legislativo federal pueda incluir otros requisitos para ser candidatos en la legislación electoral. “Hay que reconocer la gravedad que vive el país en el tema de la seguridad y habrá que incluir otro tipo de herramientas en una próxima reforma electoral después del proceso de 2015”.

En esto coincide la titular del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, Marisela Reyes: “No hay atribuciones ni competencias expresas en la ley para blindar el proceso electoral y evitar que lleguen candidatos del crimen organizado”.

PANORAMA
Nacional

En 2015 se celebrarán comicios en 17 entidades.

En nueve de ellas se votará por gobernador, diputados locales, ayuntamientos.

En las ocho restantes, por diputados locales y ayuntamientos.

En conjunto, se elegirán mil 659 cargos públicos y 500 diputaciones federales.

2012
La alerta

En julio de 2012, el Cisen incluyó por primera vez como variable para desarrollar el mapa de riesgo de la elección, la eventual “intervención económica del crimen organizado” en las campañas locales y estatales.

LA VOZ DEL EXPERTO
Deben presentar declaración patrimonial

José de Jesús Ibarra Cárdenas (académico del ITESO).

Si de verdad se quiere blindar la elección del crimen, todos y cada uno de los candidatos debería presentar su declaración patrimonial. No se les estaría obligando sino que sería un requisito que pondrían los partidos al momento de decidir los requisitos de elegibilidad.

El académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO agrega que además de esta medida, habría que cumplir con otras que ya están en la legislación electoral. A su vez, los procesos internos de selección deben ser democráticos, lo que supone que los precandidatos tendrán una exposición pública al ser valorados y evaluados por la militancia, lo que dificulta que se cuele alguien con recursos de dudosa procedencia.

Respecto a los exámenes de control de confianza dice que serían oportunos siempre y cuando tuvieran un diseño distinto a los que actualmente son aplicados a las fuerzas de seguridad. El ejercicio pudiera basarse más en la rendición de cuentas y corrupción.

LA VOZ DEL EXPERTO
La revisión de los antecedentes penales

Vicente Viveros Reyes (consejero del Itei).

El tema de los no antecedentes penales tendría que integrarse a través de un convenio en el que los partidos acuerden con todos sus precandidatos la posibilidad de que aceptaran que se hiciera una investigación en ese tenor por parte de la Fiscalía.

El caso de Guerrero llama a la urgencia de que se incluya entre los requisitos de los partidos esta figura y la posibilidad de que se investigue también en lo que refiere a los bienes patrimoniales, para evitar un tema de enriquecimiento ilícito.

Se podrían incluir estas dos cuestiones siempre que no se vulneren los derechos de carácter constitucional. En este momento, precisa, la única opción para no vulnerar la ley será a través de un acuerdo político pactado por todos, ya que si alguien se siente agraviado en sus derechos político-electorales, podría acudir al Tribunal Electoral.

LA CIFRA

125 alcaldes serán elegidos en la próxima elección de 2015 en Jalisco.

39 diputados serán elegidos para conformar la siguiente Legislatura de Jalisco.

17 estados tendrán elecciones en el próximo año, entre ellas Jalisco.

7 de octubre pasado, fecha en que se decretó el inicio del proceso electoral 2014-2015.

7 de junio de 2015, fecha en que será la elección intermedia.

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