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Miércoles, 14 de Noviembre 2018
Jalisco | Para elaborar esta recomendación, la CEDHJ investigó las quejas presentadas por los vecinos de Prados Santa Lucía.

Casas para afectados de Nextipac son indignas: Derechos Humanos

Pide al Ayuntamiento de Zapopan que mejore las viviendas en Jardines de San Gonzalo

Por: EL INFORMADOR

Las familias que fueron desalojadas de Prados de Santa Lucía, en Nextipac, por las grietas que se abrieron en grandes porciones de terreno, fueron beneficiadas ayer por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), que al presentar su séptima recomendación del año, pide al presidente municipal Juan Sánchez Aldana que el Ayuntamiento de Zapopan haga reparaciones a los pies de casa que se edificaron en Jardines de San Gonzalo.

De acuerdo con el titular de la Comisión, Felipe Álvarez Cibrián, se acreditó violación al derecho “a la vivienda digna y decorosa debido a que las construcciones (para afectados) no cuentan con ninguna de estas cualidades”. Además, pide al Ayuntamiento que se gestione el fácil acceso a los servicios del transporte público.

En noviembre del año pasado, Juan Sánchez Aldana afirmó públicamente que las casas para los damnificados por las grietas de Nextipac no tenían fortaleza para que se les agregara más estructura, por lo que debían entregarse con apenas menos de 30 metros cuadrados de construcción, en lotes rectangulares de seis por 15 metros.

Al emitir la recomendación, Álvarez Cibrián sostuvo lo contrario: “Definitivamente que tanto el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, como los colegios de arquitectos e ingenieros que dictaminaron sobre esto, determina que sí hay espacio, porque el lote es de 15 por seis metros, son 90 metros de superficie; sin embargo, tienen construidos únicamente 24 metros a la fecha. Es un solo cuarto en obra, prácticamente negra, que es imposible que de forma digna y decorosa, puedan habitar las familias que ahí se reubicaron”.

Subrayó que la recomendación al Ayuntamiento es que “de conformidad con los criterios emitidos por los peritos en materia de ingeniería civil y arquitectura, las construcciones cuenten con, por lo menos, dos habitaciones más que puedan ser utilizadas como recámaras.

“Deberán reparar y enjarrar los muros fracturados; impermeabilizar las losas de azotea, que ya presentan humedad; construir de inmediato drenaje pluvial en los patios posteriores; conectar la red de drenaje a la planta de tratamiento; concluir los espacios verdes abiertos y recreativos; corregir los problemas con las puertas mal instaladas, chapas y colocar contrachapas; reparar desperfectos en ventanas y nivelar pisos”.

Para elaborar esta recomendación, la CEDHJ investigó las quejas presentadas por los vecinos de Prados Santa Lucía.

De acuerdo con el ombudsman, comprobaron que las viviendas carecen de los requisitos mínimos que sugieren las normas nacionales e internacionales para que puedan ser habitadas.

“Tal situación contraviene lo dispuesto en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que, entre otras cosas, tienen como papel determinante el respeto, protección y garantía de niveles básicos de vida”.

Agregó que el dictamen del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), señala que los inmuebles tienen seguridad estructural, pero no cuentan con zona íntima, mientras que un dictamen del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, subraya que las viviendas del fraccionamiento no son habitables.

Consideró también que “una vivienda digna no es solamente un techo para protegerse; es disponer de un espacio en el que se tenga privacidad suficiente y la garantía de infraestructura adecuada”.


Otra recomendación

El ombudsman presentó ayer en las instalaciones de la CEDHJ dos recomendaciones: la ya mencionada y la octava del año, dirigida la última al Ayuntamiento de Tequila y al procurador de Justicia, Tomás Coronado Olmos, después que se comprobó que en la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI) del Municipio de Tequila, fueron retenidas dos menores durante 21 días, por orden del entonces alcalde José Miguel Marín Sánchez y con el consentimiento de otras autoridades.

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