Bloquean crédito a 6 mil burócratas

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2013).- Gilberto Becerra, Jorge González y Ramiro Arroyo forman parte de la lista de servidores públicos con los salarios más bajos en los ayuntamientos de Puerto Vallarta, Chapala y Gómez Farías. Con el descuento de impuestos apenas cobran entre dos mil y dos mil 700 pesos mensuales, pero las alcaldías se gastan las aportaciones de estos y otros trabajadores en el gasto corriente en lugar de depositarlas al Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal).

En el Estado hay 29 entidades públicas que han desviado mil 110.5 millones de pesos acumulados, provenientes de las cuotas patronales y de las aportaciones de servidores públicos, mismas que no se han depositado a la cuenta del Ipejal. En Vallarta, Chapala y Gómez Farías hay más de tres mil burócratas afectados por esta irregularidad, pero esos tres municipios se suman a un grupo de 13 entidades a las que Pensiones bloqueó las prestaciones hipotecarias de corto plazo y los préstamos de liquidez de poco más de seis mil trabajadores, incluyendo a Tonalá, Tamazula, Acatlán y Tuxpan.

Desde el pasado 27 de julio se tipificó como delito no reportar esas cuotas de burócratas al Ipejal; sin embargo, la legislación queda en papel y no hay sanciones.

A la fecha, los ayuntamientos de Vallarta, Chapala y Gómez Farías violentan la reforma penal, porque acumulan varias quincenas sin reportar un peso por estos conceptos a Pensiones ni han suscrito convenios para liquidar a plazos las deudas que arrastran desde la anterior administración. El resto no incurre en delito, asegura Luis Enrique Miranda del Río, director jurídico del Ipejal, porque la mayoría mantiene actualizados sus pagos desde marzo pasado, aunque sí acumulan una deuda histórica con Pensiones. Esto significa que, con sus pagos actuales, no delinquen y la reforma penal no se puede aplicar a las deudas históricas, porque la ley no es retroactiva y sólo considera las retenciones aplicadas desde la segunda quincena de julio pasado.

Además de multas y hasta cárcel a funcionarios que retienen las cuotas de trabajadores, la reforma señala que “la falta de pago de aportaciones, retenciones, actualizaciones o recargos” dará lugar a la retención de participaciones (federales o estatales) hacia las entidades involucradas; por ejemplo, si alguna institución desvía esos recursos, el Gobierno de Jalisco tiene la facultad de bloquear los apoyos económicos provenientes de la Federación mientras no se regularice.

En este caso, Pensiones solamente ha enviado copia de las entidades con irregularidades y todavía no hay sanciones.