Bancos ganan batalla al Ayuntamiento tapatío

GUADALAJARA, JALISCO (17/DIC/2011).- El Ayuntamiento de Guadalajara dio marcha atrás a las modificaciones reglamentarias que había aprobado hace poco, para incrementar las medidas de seguridad en las sucursales bancarias, pues así se lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según lo confirmó el titular de la Sindicatura tapatía, Héctor Pizano Ramos.

El 2 de junio de 2011 el pleno del Ayuntamiento había aprobado una serie de reformas al  Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios de Guadalajara, donde obligaba a las instituciones bancarias a contar con elementos de seguridad privada, sistemas de videovigliancia y otros aditamentos en sus instalaciones.

Ésta era la respuesta de la autoridad municipal a la ola de asaltos bancarios que vive la ciudad y el Estado, en un delito considerado de alto impacto, es decir, de aquellos cuya comisión tienen una influencia relevante sobre la percepción de seguridad de la sociedad. Estos cambios normativos, empero, se vinieron abajo.

Pizano Ramos explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el Ayuntamiento estaba desacatando la resolución a una controversia constitucional que se desahogó durante la gestión de César Coll Carabias, como presidente municipal tapatío, bajo el expediente 56/1996, en una administración en la que también se intentó regular la seguridad bancaria  a nivel municipal.

Desde aquella resolución la Suprema Corte había esclarecido que la seguridad bancaria es una materia exclusiva de la Federación, por lo que un Ayuntamiento no podía intervenir en ésta. En la actual administración no se había retomado aquel intento de regulación que consistía en un nuevo reglamento, sino que se había modificado uno ya existente y vigente, sin embargo, para el máximo tribunal constitucional del país representó un desacato en un asunto ya juzgado.

El Ayuntamiento de Guadalajara tuvo la alternativa de responder con un informe que justificara por qué había intentado nuevamente regular la seguridad bancaria, empero, dijo Pizano Ramos, fue decisión consensuada de los ediles optar por un acatamiento pleno de la notificación de la Suprema Corte.

Según lo agregó Eduardo Almaguer Ramírez, el regidor que impulsó desde la Comisión de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia los cambios normativos, les fue advertido que de no obedecer el mandato judicial estaba de por medio la destitución de los ediles e incluso su encarcelamiento, así que se decantaron por la prudencia.

El mismo Almaguer Ramírez se dijo desconcertado de que fuera el propio Poder Ejecutivo de la Federación, en particular la misma Presidencia de la República, quien denunció ante la Suprema Corte que el Ayuntamiento tapatío estaba incumpliendo la resolución de la controversia constitucional referida con estos cambios reglamentarios.

Lo que seguirá vigente, dijo el síndico, son los acuerdos a los que ha llegado el Ayuntamiento con las instituciones bancarias para mejorar su coordinación, como la conexión de sus cámaras de vigilancia el Centro de Comunicaciones y Observación Electrónica (Cecoe) de la Policía tapatía para una respuesta más pronta.

Las medidas de seguridad que pretendía el Ayuntamiento tapatío habrían de implementarse a partir de 2012, cuando las sucursales bancarias tuvieran que cumplir con el refrendo de sus licencias.

Ficha técnica
Cambios que no se aplicarán

El Artículo 9 del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios de Guadalajara, había integrado estos requisitos para las sucursales bancarias, pero ahora ninguna es válida:

Contar con contrato de personal de seguridad privada armada, registrada y certificada por autoridad competente, así como videovigilancia permanente en las puertas de ingreso de instituciones bancarias.

Exhibición de fotografías de personas que presuntamente hubieren cometido algún ilícito en perjuicio de alguna institución o del público usuario.

Sistema de alarma local.

Puertas controladas por dispositivos físicos o electrónicos con mecanismos de retardo.