Aumentan detenciones, pero bajan cifras de personas sentenciadas

GUADALAJARA, JALISCO (01/AGO/2011).- El porcentaje de personas en Jalisco investigadas por la comisión de un delito y que reciben al final de su proceso una sentencia condenatoria de jueces del Poder Judicial del Estado, está disminuyendo año con año. Entre 2007 y 2010 pasó de 42% a 31 por ciento.

Tal reducción de 11 puntos en cuatro años, según el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco (CJEJ), se da justo en un periodo en el que la comisión de delitos no ha dejado de incrementarse, de acuerdo con registros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco ( PGJEJ). 

Las estadísticas con las que cuenta el CJEJ también muestran un aumento de 41% en la cantidad de individuos que fueron indagados por la Procuraduría estatal dentro de las averiguaciones previas que emprendió de 2007 a 2010. Es decir, mientras en 2007 se tuvo registro de 18 mil 978 personas que estuvieron sujetas a una investigación de tipo penal en el Estado, en 2010 esta cantidad llegó a las 26 mil 864.

Para el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Celso Rodríguez González, las cuentas que arroja el Poder Judicial deben analizarse teniendo en perspectiva tres variables principalmente:

Primero, una problemática estructural originada por el reducido número de jueces, lo que provoca una saturación para la atención de los casos que se les presentan, con una carga laboral que duplica al promedio nacional. 

Segundo, las deficiencias que no ha podido superar la PGJEJ en la integración de averiguaciones previas sólidas, con los elementos de prueba suficientes para demostrar la culpabilidad de los detenidos.

Tercero, las insuficiencias del sistema penal jalisciense que sigue sin conocer los beneficios de la reforma nacional aprobada en la materia en 2008 y que prioriza los mecanismos de justicia alternativa para los delitos menores.

Han sido las autoridades municipales de la metrópoli con sus fuerzas de seguridad las que han venido solicitando una mayor atención sobre todas las etapas del proceso penal, con la finalidad de garantizar que los individuos que son detenidos no regresen a la calle por omisiones de las autoridades encargadas de la impartición de justicia.

Para saber

En Jalisco, 58% de las sentencias condenatorias del Poder Judicial se dan sobre delitos menores, es decir, sobre casos en los que no hubo uso de violencia y el detenido no tenía antecedentes penales. Esto significa que la gran mayoría de estos asuntos podría resolverse a través de mecanismos de justicia alternativa, lo que no sólo haría más ágil su resolución sino que disminuiría la carga de los jueces para que se puedan concentrar en delitos más complejos.

El académico Zepeda Lecuona ha señalado también que, mientras en Jalisco, donde no se ha implementado la reforma al sistema de justicia penal, se tiene un porcentaje de resolución de los casos de 32%, en estados ya reformados como Chihuahua es de 44%. En Chile, como referencia internacional, es de 80 por ciento.

Los números demuestran colapso del sistema penal: Zepeda Lecuona

Para el académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente ( ITESO), Guillermo Zepeda Lecuona, la reducción en el porcentaje de sentencias condenatorias que se está presentando en Jalisco, más que apuntar a las deficiencias existentes en el Poder Judicial, vienen a confirmar la saturación que presenta la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), lo que la volvió un “cuello de botella” con poca eficacia en la integración de sus investigaciones.
 
En un análisis de las estadísticas del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco (CJEJ), aquí expuestas, el académico hace ver que desde 2007 a 2010, el Poder Judicial se ha mantenido por arriba de la ocho mil sentencias condenatorias, o para ser más precisos, con un promedio anual de ocho mil 500 de estos fallos para igual número de detenidos. Esto quiere decir, apunta Zepeda Lecuona, que en sentido estricto el Poder Judicial no ha bajado su nivel de rendimiento sino que lo mantiene al paso de los últimos años y que, por lo tanto, la disminución porcentual de sentencias condenatorias se explica con que cada vez hay más personas involucradas en una investigación de tipo penal (las ocho mil 500 condenas son cada vez menos proporcionalmente sobre un universo cada año mayor de individuos involucrados en un delito: 18 mil 978 en 2007, 21 mil 634 en 2008, 23 mil 857 en 2009 y 26 mil 864 en 2010).

Por lo tanto, concluye el especialista en seguridad pública, a pesar de que la PGJEJ está investigando a más personas por la comisión de un ilícito, no ha logrado incrementar la cantidad de averiguaciones previas que resultan sólidas para la demostración de la culpabilidad del detenido, y precisamente por ello es que el Poder Judicial sigue condenando únicamente a alrededor de ocho mil 500 personas por año. 

“Esto llama la atención sobre que, a veces, los incrementos en la capacidad de detención de la Policía no se ven reflejados en una mayor capacidad de procesamiento de los casos del Ministerio Público (…) Los casos que llegan al MP están aumentando en unas tasas muy importantes, pero la capacidad del MP de procesarlos y fundamentar acusaciones se mantiene relativamente estable”.

En relación a la posibilidad de abastecer de más recursos al sistema de administración e impartición de justicia, el académico considera que mientras persista la ineficiencia del sistema, ninguna inyección monetaria podrá mejorar los resultados. “Es como dicen los administradores, se ha vuelto un sistema de rendimiento decreciente, es decir, cada peso que le demos a este sistema tan ineficiente de gestión de casos, va a impactar menos que el anterior, es decir, por cada peso que le demos, 90% se nos va a ir a burocracia porque ya en sí el sistema, el modelo de gestión está agotado; vemos cómo se le está cargando el trabajo al MP y en su forma artesanal de elaborar expedientes, pues se tendría que triplicar el numero de MP. Si el sistema penal jalisciense fuera negocio habría que quebrarlo tres veces al año: meterle más dinero, inyectarle más recursos sería irracional si no se transforma el modelo de gestión”.

El académico ha insistido en que la salida para mejorar el sistema penal jalisciense está en la implementación de la reforma aprobada a nivel nacional en 2008, que establece una “política criminal segmentada, es decir, que a cada delito, según su gravedad y nivel de violencia, se dé una respuesta proporcional por parte del Estado”.
De esta forma, se priorizan los mecanismos de justicia alternativa y restaurativa mucho más ágiles para solucionar la mayoría de los delitos menores que se cometen, en los que no hubo uso de violencia ni hay antecedentes por parte del detenido.

Y concluye: “Mientras seguimos cosiendo expedientes (en la PGJEJ), como hace tres siglos, mientras seguimos sellando por triplicado los documentos, se sigue dando fe de las actuaciones, se llenan páginas con declaraciones que nadie va a leer ni nadie se va a beneficiar durante la investigación del caso, y está colapsando el sistema con mecanismos pre-modernos: estamos enfrentando desafíos de violencia e incidencia delictiva del siglo XXI, con herramientas que ni siquiera en el siglo XIX los podemos ubicar, bueno, quizá sí en el siglo XIX, porque son mecanográficas”.

Estadísticas 2007

Personas involucradas en averiguaciones previas:

    2007     2008     2009       2010

18,978    21,634    23,857    26,864  

Personas condenadas

8,073       8,471      8,989    8,469

Personas absueltas

1,064         1,221    1,056    1,094

Fuente: Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.

 "Estamos enfrentando desafíos de violencia e incidencia delictiva del siglo XXI con herramientas ni siquiera del siglo XIX"
Guillermo Zepeda Lecuona, especialista del ITESO.

Persisten deficiencias del Ministerio Público

Solicitan más recursos

El incremento en la incidencia delictiva que se presenta en Jalisco amerita un reforzamiento en el Poder Judicial, que padece una saturación entre sus juzgadores, mientras las deficiencias continúan en la integración de las averiguaciones previas que consigna el Ministerio Público.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Celso Rodríguez González, fundamenta en esos dos puntos la reducción que se está presentando sobre el porcentaje de sentencias condenatorias en la entidad por parte de los jueces en el Estado.

En estos momentos, un juez jalisciense se responsabiliza de mil 200 casos por año, mientras que el promedio nacional se encuentra entre los 600 y 650 casos. “La carga significativa de un juzgador en la entidad es prácticamente del doble a la normalidad del país”, explica el magistrado. Incluso, si el Poder Judicial de Jalisco cuenta con 104 juzgadores, se sabe que, en realidad, una cifra mucho más acorde con los requerimientos del Estado sería llegar a los 160.

“Creo que uno de los temas importantes es la falta de recursos. Los tribunales siempre han sufrido de falta de recursos porque si ven, cuando dicen que se alteró la seguridad pública, (se propone) mil millones para los municipios, pero cuando se acuerdan del (Poder Judicial)”.

El otro gran problema que incide en el rendimiento del Poder Judicial se encuentra más bien en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco ( PGJEJ), la que aún busca fundamentar sus investigaciones principalmente en la confesión del detenido, ante su incapacidad por construir averiguaciones previas basadas en la obtención de pruebas de mayor complejidad.

“Si ustedes ven, todo lo basan en la confesión. Mi experiencia es que todo lo quieren basar en las confesiones, y en todas las confesiones, los abogados son muy hábiles y dicen: ‘Violentaste a mi procesado’. Al final destruyen la confesión, fue violentada la persona y le fue arrancada una confesión”.

El magistrado desempeñó funciones en el Ministerio Público, y además de tener experiencia como director de Averiguaciones Previas y director de Control de Procesos también en la Procuraduría, recordó un poco su pasó por la dependencia: “No sé por qué los MP se inclinan por la confesión, porque te da más flojera. Llegué a Delitos Patrimoniales, y entonces como MP me dijo un señor: ‘Oiga, no quiere declarar (el detenido). ¿Lo mando investigar?’, pues sí, pero investigar era ponerle una golpiza, por lo que cuando supe dije: ‘No, espérese’. Yo creí que iba a investigar para traerme pruebas y culparlo”.

De la misma manera, el investigador del ITESO Guillermo Zepeda Lecuona identifica en la falta de capacitación del personal de la Procuraduría, un inconveniente para elaborar procedimientos e investigaciones sólidas.

En este sentido, cuando el magistrado señala a las deficiencias de la PGJEJ como uno de los factores detrás de la reducción del porcentaje de sentencias condenatorias en el Estado, termina por coincidir con la interpretación del académico Zepeda Lecuona: la imposibilidad del MP de incrementar la cantidad de averiguaciones previas sólidas consignadas ante los jueces.

El mismo Zepeda Lecuona ha informado que cuando un caso no se resuelve en las primeras 10 horas que se cometió, la probabilidad de que llegue a ser resuelto es de menos de 7%, por lo que el sistema también tiene una gran dependencia por la flagrancia.

El desempeño de la policía ministerial

La Procuraduría estatal sólo consigna un promedio anual de 25% de las averiguaciones previas que abre para la investigación de los delitos de los que tiene conocimiento. Si se considera el periodo de 2007 a 2010, en el Estado se registran oficialmente y en promedio 75 mil 104 delitos cada año, pero el Ministerio Público sólo presenta ante los jueces 19 mil 170 de estos casos.

En estas cifras debe considerarse la cifra negra de 84% de los delitos que ocurren pero no se denuncian en Jalisco, según la Encuesta Nacional sobre Inseguridad de 2010; es decir, que la gran mayoría de las personas que fueron víctimas de un ilícito en el Estado no se acercan a la PGJEJ a denunciar el hecho, lo que ocasiona que el registro oficial esté muy alejado de la incidencia delictiva que se está presentando realmente en la entidad.

El 5 de abril pasado, este diario informó que seis de cada 10 detenidos, que son puestos a disposición de la PGJEJ por parte de las Policías de la metrópoli, son liberados por el MP, lo que es objeto de crítica por parte de las autoridades municipales.

"Todo lo quieren basar en confesiones (en la Procuraduría), y en todas las confesiones, los abogados (de los presuntos culpables) son muy hábiles"
Celso Rodríguez González, presidente del Poder Judicial de Jalisco.

Nueve jueces, involucrados en investigaciones penales

Representa 8% de la plantilla

En los últimos cuatro años se han visto involucrados nueve jueces del Poder Judicial estatal en averiguaciones previas por la comisión de un delito, según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), lo que representa 8% de su plantilla si se considera que cuenta en total con 104 juzgadores.

Es el propio presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Celso Rodríguez González, quien señala la necesidad de mejorar la vigilancia al interior del Poder Judicial, una tarea que, asegura, no está desempeñando eficientemente la Dirección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco (CJEJ), que funge como su órgano interno de control.

Una inspección más minuciosa al desempeño de los jueces en Jalisco, afirma, “ayudaría mucho en la impartición de justicia”. No obstante, en estos momentos, “Las revisiones son muy superficiales, llego y te reviso los procesos, pero no son revisiones de fondo, desde ahí creo que no estamos bien porque al juez le bastaría no mostrar todos sus expedientes, además se le manda un oficio (para advertir la visita). Antes (cuando esta labor la realizaban los propios magistrados) se hacía por sorpresa, alguien se quejaba, le hacíamos una visita extraordinaria inmediata y de alguna manera sacábamos algo más allegado a la verdad sobre lo que estaba aconteciendo”.

La aplicación de sanciones a los jueces en Jalisco, expone el magistrado, acarrea efectos sobre su conducta, “es como en la sociedad, si me castigan por algo yo me detengo, los mexicanos tenemos fama de ser muy desordenados, pero se introducen a San Diego y Los Ángeles y somos muy ordenados, salen a Tijuana y somos muy desordenados porque las normas se las aplican, porque los someten a un proceso de disciplina y de control.

Si a los jueces no los sometemos (a estos procesos) entonces todos van a ser igual, todos los que tenemos que ver con la impartición de justicia, persecución, impartición y ejecución de la sentencia tenemos que estar en contacto y viendo por la sociedad”.

Informes sobre investigaciones a integrantes del Poder Judicial

2007
Se emitieron 76 dictámenes: 13 amonestaciones, 13 extrañamientos, tres suspensiones y 47 se declararon infundados.

2008
Se emitieron 440 dictámenes: 12 amonestaciones verbales en privado, 26 amonestaciones públicas, 78 extrañamientos, cuatro suspensiones por 15 días, una suspensión por 30 días, dos suspensiones por 45 días, dos suspensiones por seis meses, una suspensión por seis años, tres ceses definitivos, 158 se declararon infundadas y 153 se desecharon.

2009
Se emitieron 302 dictámenes: nueve amonestaciones verbales en privado, 15 amonestaciones públicas, 61 extrañamientos, una suspensión por ocho días, ocho suspensiones por 15 días, dos suspensiones por 30 días, dos suspensiones por 45 días, una suspensión por 90 días, una suspensión por dos años, cuatro ceses definitivos, 132 se declararon infundadas y 66 se desecharon.

2010
Se emitieron 337 dictámenes  (el CJEJ no especificó sus resultados).