GUADALAJARA, JALISCO (19/NOV/2016).- En medio de problemas de humedad, temperatura y saturación, el Archivo del Poder Legislativo de Jalisco busca un nuevo espacio.Durante un recorrido por las instalaciones ubicadas a un costado de la Biblioteca del Congreso del Estado, entre Independencia y Pino Suárez, se comprobó que algunos de los cuartos no reúnen las condiciones necesarias de temperatura y humedad para resguardar los documentos que van de entre los años 1813 a 1920.Por ejemplo, hay goteras en el cuarto donde se conserva la caja fuerte que contiene el original de la Constitución de Jalisco de 1917 y parte de los decretos y acuerdos legislativos más antiguos. En otras piezas no hay suficiente espacio para los trabajadores ni para las cajas y tampoco cuentan con equipo de cómputo para realizar las bases de datos.Para llevar a cabo las exposiciones de los documentos que hay en el archivo realizan búsquedas caja por caja, ya que la información no está incluida en un inventario.Ana María de la O Castellanos, directora de este Archivo, afirmó que, mientras no se estabilice, todo está en riesgo.La investigadora aseguró que, de acuerdo con un dictamen escrito por el Archivo Histórico de Jalisco, el edificio de Juárez, su segunda sede, no es apto para recibir la documentación generada entre 1920 y 2007.Acentuó que el espacio de Plaza Tapatía es el más vulnerable por las condiciones de humedad que presenta. Allí se conservan en su mayoría copias del Periódico Oficial del Estado de Jalisco y gacetas municipales.Debido a esta situación, De la O solicitó al Congreso la renta o la compra de una casa alzada en Liceo y Garibaldi, de modo que todos los documentos se concentren en un sólo lugar y en buenas condiciones.“La idea dentro de todo esto es estabilizar el archivo, porque no tenemos ni siquiera bases de datos de siglo XIX. Al mismo tiempo que estamos pensando en el patrimonio y la preservación, tenemos en frente todos los lineamientos que ya se publicaron para transparencia. Fue en mayo y ahí se marca que tenemos un año para tener todo organizado”.ARCHIVO HISTÓRICOFalta de catalogación dificulta las búsquedasSi usted acude al Archivo Histórico del Estado de Jalisco y busca, por ejemplo, algunos escritos de Fray Antonio Alcalde, tendrá que atender a la clasificación de este espacio. En principio, deberá buscar en el ramo de Gobernación. Allí, si tiene suerte, entre las cajas que aglutinan los expedientes del siglo XVII y quizá del XVIII, encontrará algo referente al fundador del Hospital Civil.Fabián Acosta Rico, jefe de Investigación e Información del Archivo Histórico, afirma que, debido al cúmulo de documentos que llegan de dependencias como la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura, entre otras, al catalogador se le complica la realización de este trabajo “más fino” que permite la localización de este tipo información.“Es más la cantidad de documentos que nos llegan que la que nosotros alcanzamos a clasificar. Hay veces que las dependencias hacen barrido de archivo muerto”.Destaca que entre las tareas del catalogador está depurar los documentos que, sin orden, llegaron después de pasar por las dependencias y por los archivos de concentración. Además, este trabajador debe formar expedientes, clasificarlos y, si tiene oportunidad, generar fichas catalográficas.“Los documentos tienen que pasar por un largo proceso antes de estar a disposición del público. Hay que depurarlos, clasificarlos y, finalmente, esto ni siquiera todo el acervo lo está, hay que catalogarlos. Hay que revisarlos y, con base en esa revisión, se forma una ficha catalográfica en la que se describen los asuntos del documentos con base en varios tópicos: la dependencia que generó el documento, los nombres que aparecen, los lugares, las fechas. Se hace una extracción de datos muy precisa”.El historiador resalta que parte de la labor exploratoria de un investigador es meterse en el archivo y la clasificación le la pauta de dónde buscar: “Por lo menos con la clasificación ya puede delinear temáticas y temporalidades”.En el inmueble se puede encontrar documentación desde el siglo XVIII hasta la década de los noventa del siglo XX. Sin embargo, acentúa que actualmente este espacio se califica más como un archivo de la Secretaría de Gobierno.“Antes, los únicos documentos que se podían consultar eran aquellos que ya habían permanecido más de 30 años archivados. Pero la Ley de Transparencia anuló esa disposición”.INSTITUTO DE TRANSPARENCIACapacitación, clave para mejorar: IteiLa titular del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei), Cynthia Cantero, afirmó que es necesario que las dependencias gubernamentales fomenten, de una mejor manera y en toda su estructura, la cultura del control y manejo de archivos.“Es importante que todos tengamos presente que tenemos obligaciones para conservar y para cuidar la información pública, que es un bien ya catalogado como tal que debe ser cuidado con los más altos estándares de seguridad, ya sea la información digital o la información que tenemos en documentos”. Indicó que se debe capacitar a todos los funcionarios públicos e implementar los controles mínimos para determinar qué información debe conservarse, archivarse o eliminarse.“Como primera parte, todas las autoridades tenemos la obligación de documentar todos nuestros actos y decisiones. Posteriormente, tenemos la obligación de llevar a cabo un adecuado control y manejo de esa información, de resguardarla en archivos completamente implementados y para eso necesitamos capacitar a todos los funcionarios que conforman la instituciones públicas”.Sin embargo, precisó que todavía existe un gran desconocimiento de estas obligaciones y descuido en torno a la información que se maneja.“Generalmente, se elabora un documento sin pensar que es público, que va a tener que estar disponible para quien lo solicite, o bien, se genera sin que exista una visión de la transferencia de esa información, de dónde va a ser resguardada y en qué instancia se va a depositar y archivar”.Resaltó que existen responsabilidades para las personas que destruyan documentos, los sustraigan de alguna institución pública o hagan mal uso de la información. Las penas por este tipo de acciones podrían de uno a cuatro años de prisión.“Antes no existían consecuencias y ahora podemos ver cómo los cambios normativos nos dan incluso sanciones de carácter penal donde van con arresto para los funcionarios públicos que incurran en este tipo de delitos de uno a cuatro años de prisión”.LA CARTERISTA CHILENA DEL SIGLO XXUn viernes de agosto de 1956 se publicó una noticia sobre la detención de una delincuente que duró cuatro años prófuga y que formaba parte de una banda llamada “Los Chilenos”. Esta organización operó durante años en Guadalajara: “Implicada en el crimen de un hampón internacional, ayer fue enviada a la Penitenciaría la delincuente chilena Mercedes del Carmen Rodríguez”, se destacó en una publicación que conserva la Biblioteca “Juan José Arreola” en el Archivo del Supremo Tribunal de Justicia.En el último párrafo se señaló que las autoridades se enteraron de la captura y mediante un exhorto pidieron que la extranjera quedara detenida en el país. Al momento de su detención, era reclamada por autoridades europeas, estadounidenses y sudamericanas.La carterista había transformado su rostro en diversas ocasiones, por lo cual resultaba difícil identificarla. Gracias a las fotografías que las autoridades encontraron en Medrano 126, en las que aparecía con sus familiares, se elaboró un dictamen pericial que ayudó a comprobar la identidad de esta mujer, que salió de Chile en 1947 e ingreso a México, con 31 años, bajo el nombre de Prosperina Rodríguez. Uno de los casos archivados.Sigue: #DebateInformador¿Además de la digitalización, qué otra medida mejoraría las labores que se realizan en los Archivos del Estado?Participa en Twitter en el debate del día @informador
